Por: Marco Andrade
Una vez más la antidemocracia ha triunfado en la UMSNH. Yarabí Ávila González fue designada como rectora de la universidad a través de un proceso de elección que se muestra ya a todas luces como caduco e inviable ante la exclusión y opacidad que existe dentro de dicho proceso. Más allá del perfil de la nueva rectora, cosa que resulta alarmante, es aún más necesario reflexionar sobre la antidemocracia como problemática, sus consecuencias y la urgencia por establecer nuevos mecanismos que garanticen el acceso a la democracia dentro de la UMSNH.
Primero que nada habrá que explicar cómo se elige al rector o rectora dentro de la UMSNH. De acuerdo a la Ley Orgánica de la UMSNH (capítulo V, artículo 8), la cual data de 1986, dentro del gobierno de la universidad se encuentra la comisión de rectoría conformada por:
- Cinco ex-rectores elegidos entre todos los ex-rectores que residan en el estado de Michoacán.
- Decano de los Directores de las Escuelas, Facultades e Institutos.
- Decano de los profesores en activo.
- Estudiante con el más alto promedio de calificaciones
La mayor atribución de la Comisión de Rectoría es nombrar al rector, tomando en cuenta las opiniones enviadas vía escrita a través del Consejo Universitario a favor de alguna persona. Otras atribuciones de la comisión de Rectoría son: destituir al rector en caso de falta grave (sin dejan bien en claro qué se entiende por “falta grave”) y resolver conflictos que se presenten entre Rectoría y Consejo Universitario. Es así que se tiene a un séquito integrado por tan solo 8 personas tomando una decisión que le compete a toda la comunidad universitaria integrada por estudiantes, personal académico y personal administrativo, es decir, alrededor de 50mil personas.[1] Se trata, pues, de un proceso antidemocrático a todas luces.
Las consecuencias de la antidemocracia en la UMSNH son enormes. Para empezar, ya se observó cómo el proceso de elección de rector resulta excluyente, esto al no tomar en cuenta a la comunidad universitaria. De la misma manera, el proceso resulta lleno de opacidad, puesto queno se tiene bien en claro quiénes son las y los candidatos al puesto, el perfil de la persona aspirante o cuáles los factores y condiciones determinantes para la Comisión de Rectoría al momento de elegir a tal o cuál candidata o candidato por encima de otro. Luego, al ser la elección del rector decisión de solo 8 personas, el proceso da lugar a corrupción, en el sentido de que puede llegar a haber acercamientos con las y los miembros de la Comisión de Rectoría para persuadirles de votar por tal o cuál aspirante, siguiendo intereses particulares y no los de la comunidad universitaria. Así, la compra de votos se vuelve recurrente en el proceso de elección de rector.
Pero hay que ir más a fondo. Con las prácticas antidemocráticas se da pie a la injerencia de agentes políticos externos dentro de la UMSNH, lo cual explica que muchos de los ex-rectores se hayan declarado abiertamente como simpatizantes de algún partido político, llegando incluso a ocupar cargos en el gobierno. Tal es el caso de Silvia Figueroa Zamudio (2007-2011), hermana del ex-gobernador priísta Genovevo Figueroa Zamudio, quien ha ocupado puestos de gobierno como la secretaría de Educación (2015-2016) y la secretaría de Cultura (2016-2018) en Michoacán; su sucesor, Salvador Jara Guerrero (2011-2015), fungió como Secretario General de la UMSNH durante la gestión de Silvia Figueroa y llegó a ser nombrado gobernador interino de Michoacán (2015) y subsecretario de educación superior a nivel federal (2015-2018), además de incorporarse al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, donde ejerce actualmente como director de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación; el rector saliente, Raúl Cárdenas Navarro (2019-2023), también fue secretario general durante el rectorado de Silvia Figueroa y llegó al puesto por recomendación de su compañero en la Universidad Autónoma de Chapingo, el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo. Es así que la UMSNH se ha convertido en un botín político donde impera el servilismo y el clientelismo, violando así uno de los principios básicos de la UMSNH: la autonomía universitaria.
Por supuesto, al no ser elegidos por medio de un proceso democrático, quienes han ocupado los puestos de rectoría de la UMSNH no han representado los intereses de la comunidad universitaria, al contrario, durante los últimos rectorados se han tomado decisiones que afectan a toda la comunidad, desde quitar la gratuidad (2014), la exclusión educativa, hasta los ataques y hostigamiento tanto a las Casas del Estudiante como a los sindicatos de profesores y empleados. Con un Consejo Universitario dócil y una comunidad universitaria pasiva, sea quien sea que ejerza como rector o rectora tendrá campo abierto para hacer su voluntad sin que casi nadie al interior de la universidad cuestione las decisiones tomadas, a excepción de muy pocos sectores que se mantienen críticos.
La antidemocracia también se ve reflejada en el tema financiero, puesto que la UMSNH ha quedado desfalcada con un enorme déficit presupuestario, esto ante la falta de transparencia y malos manejos administrativos en las gestiones de Salvador Jara Guerrero, quien dejó un déficit de mil 109 millones de pesos, y Medardo Serna González, cuyo déficit ascendió a 800 millones de pesos. Cabe mencionar que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), hicieron constantemente observaciones al presupuesto ejercido por la universidad.
Como se puede observar, la antidemocracia ha tenido severas consecuencias que tienen hasta el día de hoy a la UMSNH en crisis y las cosas no pintan muy diferentes en un futuro cercano. Para el periodo 2023-2027 se siguió implementando el mismo mecanismo de elección antidemocrático para elegir a la nueva rectora, Yarabí Ávila González. Se sabe de los intereses que tiene la nueva rectora, salida de las filas del PRI y con una ideología conservadora de derecha, fue parte del gabinete de Jara Guerrero durante su gestión como rector, aunque con poca experiencia al interior de la universidad, ha sido diputada local y hasta hace poco era Secretaria de Educación en el Estado, manteniendo una política de hostigamiento contra el magisterio y el normalismo. Su designación pareciera más una nueva imposición, en este caso por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo apoyo fue determinante para su elección. Cabe mencionar la relación casi nula que tiene Yarabí Ávila con la comunidad universitaria que, en general, se ha mantenido apática y apartada de esta significativa decisión. La universidad, pues, sigue siendo un campo de disputa, un botín a repartirse entre los diferentes grupos y partidos políticos cuyos intereses son externos y ajenos a la universidad. Sin embargo, antes de pensar en quién y porqué ocupa el puesto, la comunidad universitaria debería cuestionar el proceso de elección de rector o rectora en la UMSNH. Se debe dejar de lado la apatía y crear conciencia sobre la importancia que tiene la inclusión de estudiantes, personal académico y personal administrativo en el proceso de designación de rector o rectora, de tal manera que se democratice el proceso y se tomen decisiones que respondan a los intereses de las y los nicolaitas y no a las de un pequeño séquito. Reformar la Ley Orgánica y los estatutos universitarios para permitir a la comunidad universitaria tener mayor injerencia en las decisiones que se tomen, es una tarea pendiente que tienen las nuevas generaciones en la universidad. Así pues, se deben establecer mecanismos de democracia participativa, luchar por la democratización de la UMSNH y entrar en la disputa por el poder en la universidad es una demanda urgente y necesaria para la comunidad nicolaita si es que se pretende sacar al a universidad de la crisis que vive hoy en día.
[1] La comunidad universitaria de la UMSNH está integrada por un total de 47,388 personas entre estudiantes (40,588 matriculados y matriculadas), personal académico (4,589 personas entre profesoras y profesores investigadores, técnicas y técnicos académicos, profesores y profesoras de asignatura y ayudantes) y personal administrativo (2, 211 personas entre personal de base, transitorio y personal de confianza), esto según datos de la misma universidad.
