Por: Itzuri Cruz

“No es un signo de pesos el que audaz perfora la tierra y se interna en sus entrañas, palpando emocionado las paredes del vientre de nuestra madre común, en busca del metal o del carbón, sino el ser de carne y hueso, y cerebro y sangre, que tiene una vida que perder, una familia que angustiada le espera, porque no sabe si el beso que le dio por la mañana al dirigirse a la mina, sería la última muestra de afecto”

Ricardo Flores Magón.

De la zona carbonífera de Coahuila, se extrae más del 90% del carbón utilizado para abastecer de electricidad a todo México. En la región, viven trabajadores a los que pagan alrededor de $100 o $150 por tonelada de carbón extraída, cantidad para apenas sobrevivir al día, a esto se suman las malas condiciones de trabajo y la brutal contaminación que causan las minas, los habitantes pagan con su vida el negocio millonario de unos cuantos.

En la zona de Sabinas, el pasado 4 de agosto de 2022, una explosión en la mina El Pinabete, localizada en la población de Villa de Agujita, dejó atrapados bajo tierra a 15 mineros, de los cuales sólo 5 lograron salir, los demás quedaron bajo toneladas de piedras, carbón y lodo. 

Los accidentes en las minas son tan viejos como la extracción misma, la negligencia y las irregularidades son la regla; se usan prestanombres para ocultar a los verdaderos dueños y operadores, no pagan impuestos ni asumen el alto costo ambiental, no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, no tienen aparatos ni material adecuado, tampoco aseguran a sus trabajadores. Son muy pocas las minas que sí cuentan con protocolos de seguridad, hospitales, transporte, vías férreas en buenas condiciones, comedores, pozos de agua, etc. Las luchas por las mejores condiciones de vida y de trabajo en la zona carbonífera son igual de antiguas, pues las circunstancias bajo las cuales se trabaja no han cambiado mucho desde hace décadas. Las pocas mejoras que se han logrado se han arrancado a partir de la demanda y la movilización de los trabajadores y sus familias.

En la mina de Agujita, las condiciones inhumanas no son la excepción. Ubicado en el cinturón norte de nuestro país, las trasnacionales se regocijan con la mano de obra barata, expanden sus empresas para ocupar el trabajo humano y explotar un territorio alejado de sus residencias, en las maquilas, el salario es aún menor que en las minas. El Pinabete, ya había sido denunciado por irregularidades en los tres pozos que lo conforman hace ya más de 3 años, pero nunca se inspeccionó, incluso el Cabildo aceptó y dio luz verde a la petición de seguirlo explotando. Es aquí cuando es más visible que la muerte de estos 10 mineros se pudo evitar, como la de miles de mineros más que bajo las mismas condiciones expiraron sus vidas trabajando en las minas de carbón.

El Pinabete recuerda inevitablemente a Pasta de Conchos, también tuvieron que esperar más de 5 días para iniciar el rescate, y los días pasaron sin que hubiera avances significativos. Cristina Auerbach, reconocida activista de la organización Familiares Pasta de Conchos, ha denunciado en numerosas ocasiones las condiciones en las que trabajan los mineros en toda la zona, está bien documentada (de lo poco que sale a la luz) sobre empresas, nombres, negligencias, omisiones y complicidades de los implicados en estos siniestros. En este ambiente contaminado, caluroso y hostil, lo mismo se extingue la vida de la flora y fauna que la de los mineros y sus familias. 

Cuando en el año 2006 en Pasta de Conchos una explosión aproximadamente a las 2:30 de la madrugada por acumulación de gas metano dejó sin vida a 65 mineros, las investigaciones arrojaron toda una serie de negligencias; los dueños de la mina, Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico del país, Germán Larrea Mota Velasco, ha logrado salir impune debido a la acumulación de poder económico y político que su empresa ha alcanzado mediante favores, amedrentación y compadrazgos desde los 40´s. Protegidos por todos los niveles de gobierno, los empresarios implicados en la tragedia de 2006 actuaron inmediatamente, en cuanto amaneció, el ejército estaba presente haciendo labores de reconstrucción de la mina para seguirla trabajando, dejando de lado la búsqueda de los 65 mineros. Cuando los familiares se dieron cuenta de esto, exigieron las labores de rescate, y se destaparon una serie de negligencias como la falta de equipo eficiente para el trabajo de extracción y equipo de seguridad para los mineros, vías de evacuación deficientes, contratos por outsourcing y ausencia de derechos laborales básicos, entre otras. Para evitar que más información saliera a la luz, el rescate fue suspendido definitivamente, a pocos metros de llegar al lugar del siniestro los familiares tuvieron que movilizarse durante 15 años para lograr, apenas en 2022, se financie otra misión de búsqueda de cuerpos y reconstrucción de los hechos.

En Sabinas, la misión de rescate tuvo que esperar más de 5 días, según dijeron, porque el hecho de que los pozos se llenaran de agua dificultaba las acciones. A contrarreloj, unas cuantas máquinas drenaron día y noche el agua de los túneles, pero un nuevo derrumbe echó abajo la posibilidad de entrar. Pasaron los días y al no poder acceder a la búsqueda de los mineros, lo que ofrecieron a las familias fue construir una capilla en el lugar, y así pasadas las semanas, a unos días de que el siniestro cumpliera el mes, el gobierno acordó suspender toda actividad, ya que los dio por muertos.

Hasta hoy, se ha mantenido oculto el nombre de la empresa responsable del pozo de Agujitas, incluso, la Cámara Minera de México se pronunció el mismo día de la noticia para deslindarse de cualquier responsabilidad o vinculación, su presidente José Jaime Gutiérrez Núñez (conocido empresario duranguense de la minería) dijo no tener datos del dueño o de los protocolos de seguridad. Por su parte el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI) aseguró que la mina está a nombre de Cristian Solís Arriaga, información de la que la activista Cristina Auerbach mencionó: “Él es un muchacho de 26 o 27 años que no tiene propiedades, no tiene recursos y él es el que registra a los trabajadores (ante el IMSS) a título personal, así de informal es esto; y se hace así justo para que si pasa una desgracia, como ya pasó, le echen la culpa a él, que ni concesión tiene”. Las personas de los lugares cercanos han señalado a Régulo Zapata, quien podría ser un ex alcalde de Sabinas, o su hijo, del mismo nombre y quien ocupo el mismo cargo como dueño del pozo. La familia tiene historia, han hecho contratos con CFE por 250 millones de pesos, incluidos contratos en Agujitas, aun así, nadie ha dictado una investigación o sentencia para quien resulte responsable, los chivos expiatorios siguen ocultando los verdaderos rostros.

El carbón que se extrae de la región, no sólo se utiliza para llenar de luz  las casas de las y los mexicanos, también para la elaboración de acero, utilizado desde la construcción del andamiaje de un edificio hasta en la industria armamentística. Es extraído sin respetar los diferentes acuerdos, ya aprobados, para aminorar el impacto ambiental, por ejemplo; en 2002 se aprobó un decreto de no licencias o permisos de extracción en un perímetro de 350m de la última casa habitación; el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que quien realice obras o actividades que afecten el entorno, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos de la afectación; el artículo 98 refiere que la realización de obras públicas o privadas deben incluir acciones de regeneración, recuperación y restablecimiento del área natural. Hasta hoy, ninguna institución se ha declarado competente para hacer cumplir estos artículos, ni similares: Se arrasa con poblados enteros dejando pozos contaminados a cielo abierto, las casas cercanas se agrietan y se derrumban, el agua se contamina, los acuíferos se evaporan, las plantas no crecen, el ganado muere, la fauna se extingue, la tierra perece. Son negocios que vuelven a los empresarios multimillonarios, a costa de los seres que habitan en el territorio.

Las líneas entre partidos políticos, empresarios y hasta crimen organizado, se desdibujan en esta complicidad de muerte. La prueba está en que los familiares de los mineros de Sabinas, y los mineros sobrevivientes, después de ser dados de alta, recibieron amenazas por parte de supuestos elementos de Fiscalía para que ya no concedieran entrevistas a los medios de comunicación.

Para terminar con esta impunidad, la directora de Familiares Pasta de Conchos ha exigido cesar el pacto de impunidad entre las empresas, los partidos y las instituciones implicadas, hacer inspecciones en toda la zona, erradicar irregularidades y clausurar pozos clandestinos, sólo como pasos previos a un plan más completo. Pero, ¿Qué hacer cuando ningún gobierno ha escuchado las demandas del pueblo trabajador?

Algo se ha avanzado en Pasta de Conchos, Andrés Manuel López Obrador ordenó recientemente el rescate de los cuerpos de los 65 mineros, sin embargo, los familiares han cuestionado la estrategia para encontrar y castigar a los culpables, lo que también es importante y sentaría un precedente para otros casos similares. Cristina, directora de la asociación Familiares Pasta de Conchos indica que les están dando tiempo a los responsables para ocultarse o huir, esto a raíz de palabras del presidente: “Primero el rescate y despreocúpense de lo otro que va a haber justicia. No nos vamos a olvidar, vamos a ayudar siempre. Vamos primero al rescate, es lo que más nos importa, lo demás es justicia y va a haber justicia” Cristina menciona, acertadamente, que al tiempo que se hace el rescate se podrían abrir las carpetas de investigación, con nombres y contratos de la empresa, pero lo que no hay es voluntad, y al contrario, AMLO declaró ante medios de comunicación que el gobierno es incompetente para inspeccionar las minas de la zona carbonífera.

La negligencia, complicidad, omisiones de las empresas y de todos los niveles de gobierno en contubernio con el narcotráfico, sólo deja claro que los intereses que se protegen en el modelo capitalista con base en la explotación, sangre y fuego, no son los de la clase trabajadora, como alguna vez dijo el filósofo Karl Marx, el desarrollo capitalista sólo es posible “socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador.” Para ellos, no hay otra forma de obtener ganancias, por ello con tanto recelo ven a quienes los cuestionan y no dudan en usar tanto la fuerza oficial como paramilitar, herramientas a su merced para amedrentar a aquellas y aquellos que le quitan los velos a sus mentiras y atrocidades. 

A pesar de que pueda parecer evidente, muchas veces la demagogia en sus discursos, las míseras dádivas o la cooptación y división de la clase trabajadora, dificulta la unidad de los explotados, pero también, hay momentos en la historia donde las condiciones se han construido de tal forma que prima la solidaridad, la organización y las acciones contra aquellos que el pueblo ha identificado como enemigos. Así, como los explotadores están muy bien organizados bajo los mismos intereses mezquinos de sus ganancias, la clase trabajadora tiene como deber construir frentes, espacios, sindicatos, asociaciones y programas políticos que impulsen la conciencia de clase y la organización popular. Este último es el camino por el que es posible erradicar los dolores acumulados a lo largo de décadas de historia, y por fin tomar el destino de la humanidad en nuestras manos, sólo así las clases explotadas pueden imponer una nueva visión y valores que no reproduzcan los vicios de la vieja sociedad.