Por: Hazel Romero

Este 26 de septiembre de 2022 se cumple un año más de un lento transitar en búsqueda de verdad y justicia; de exigir el esclarecimiento y aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero hace 8 años. Como en cada doloroso aniversario, el núcleo organizativo de las y los familiares de los estudiantes en compañía de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y de otras organizaciones sociales, han empezado la Jornada  Nacional de Lucha. Desde finales de agosto han tenido diversas actividades como mítines, actos político-culturales y marchas. En diversos estados del país se ha replicando dicha convocatoria. Si bien no con el mismo impacto y fuerza que en años previos a la pandemia, pero sí con una amplía solidaridad y apoyo a la consigna: ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

Sin embargo, tras haber transcurrido 8 largos años; 2,920 tortuosos días, es imprescindible saber cómo ha ido avanzando la investigación y los hallazgos que se han tenido. Mantenernos informados es vital para continuar apoyando la búsqueda y respaldar las exigencias en el avance y esclarecimiento del caso. En este sentido, vale la pena hacer un breve recuento de las acciones y los resultados que se han tenido desde el triunfo presidencial de MORENA en 2018.

Después de asumir la presidencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver y castigar a los culpables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Como primeras acciones, en 2019 AMLO solicitó nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).  Asimismo, en ese año comenzó a operar, por órdenes de López Obrador, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA). Desde ese momento toda la información fue analizada por estas tres instancias. 

Por motivo de la pandemia, la investigación avanzó lentamente entre los años 2020 y 2022. Fue el Grupo de Expertos el que presentó durante el mes de marzo del año en curso los resultados de sus nuevas investigaciones. Los elementos más relevantes del tercer informe del GIEI fueron los siguientes:

  • La Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), han estado vigilando y monitoreado desde aproximadamente el 2004 las actividades al interior de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mediante la intervención de comunicaciones y, por medio del espionaje e infiltración de personal del ejército a la Normal. En el momento de los hechos al menos 3 agentes de inteligencia de SEDENA estaban activos en la Escuela Normal de Ayotzinapa  y en  Tixla, 
  • El ejército estaba informado de la situación de violencia en Guerrero y había realizado el seguimiento de las actividades de los grupo criminales. En espacial de Guerreros Unidos.
  • Todas las Corporaciones, Ejército,  CISEN, Policía  Federal y Estatal,  estuvieron informados en tiempo real de lo que ocurría a los normalistas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
  • Uno de los autobuses que los normalistas de Ayotzinapa tomaron de la central de Iguala, Guerrero, contenía droga o dinero perteneciente al cártel de Guerreros Unidos.
  • Después de la desaparición de los normalistas, el ejército realizó meticulosas investigaciones y entrevistas de los hechos ocurridos durante el 26 y 27 de septiembre. Posteriormente, éste negó tener información de lo ocurrido a las y los familiares de las víctimas y al GIEI. Así como esta omisión hubo muchas otras por parte de la SEDENA.
  • La llamada “Verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue una farsa sustentada a base de torturas y manipulación de información.
  • El día 27 de octubre de 2014,  la Secretaria de Marina (SEMAR), el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el ex Titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, manipularon la escena del basurero de Cocula y el Río San Juan. Lugares donde presuntamente se encontraban los restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por su parte, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por el Sub Secretario Alejandro Encinas, presentó su más reciente informe en agosto del año en curso. La información más importante de esta investigación fue la siguiente:

  • Confirmar, hasta el momento, la identificación sin vida de 3 de los 43 normalistas desaparecidos: Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander de la Mora Venancio.
  • Confirmar que lo ocurrido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
  • Confirmar que durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre se establecieron comunicaciones entre miembros de la policía, el ejército y el grupo criminal Guerreros Unidos.
  • Señalar que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, poseía nexos con el grupo criminal de Guerreros Unidos, y que fue él mismo, quien dio la orden de asesinar a los normalistas.
  • Afirmar que los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, fueron divididos en al menos tres grupos previo a su desaparición.
  • Señalar que el ex comandante del 27 batallón de infantería, José Rodríguez Pérez, conoció el paradero de 6 normalistas 4 días después de lo ocurrido y, en vez de notificar está información, emitió la orden de asesinarlos.
  • Dar por muertos a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Supuestamente, como resultado de las evidencias expuestas en el informe de la CoVAJ, se dictaron 83 órdenes de aprehensión contra posibles implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De las cuales, destacan el arrestó de Jesús Murillo Karam y el del general José Rodríguez Pérez. Así como la solicitud de extradición de Tomás Zerón al gobierno de Israel, lugar en donde se fue a refugiar para disuadir las investigaciones en su contra.

Pero, a pesar de todo este aparente avance en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos, ¿Por qué en las jornadas de lucha sigue manifestándose un alto grado de inconformidad? ¿Por qué las y los normalistas hacen pintas y dañan los edificios de las instituciones en las que han realizados sus mítines políticos? De acuerdo con las declaraciones dadas  por el mismo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del viernes 23 de septiembre, estos grupos “lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno, porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin impunidad.” (López, 2022). Son grupos conservadores que promueven acciones violentas en contra del gobierno para fomentar el conflicto, -agregó el presidente-.

No obstante, al comparar los discursos oficiales e institucionales con las prácticas políticas que se han desarrollado alrededor de las investigaciones del caso de Ayotzinapa, se puede observar una ruptura.  

Para empezar, desde que la Comisión para la Verdad público su informe, se señalaron algunas irregulares y puntos cuestionables del mismo. De entrada, la afirmación tajante que da por muertos a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, fue rechazada en un comunicado del GIEI y por parte del abogado de las familias de los 43, Vidulfo Rosales Sierra. A falta de pruebas contundentes, ambos agentes sociales rechazaron dicha conclusión. Según Rosales; “Aunque los padres reconocen los avances del informe, sobre todo el reconocimiento de que es un crimen de Estado, aún no hay certeza del paradero de los estudiantes.” (Animal Político, 2022). Dar por sentada la muerte de los estudiantes, sin antes haber dado con su paradero, parece un intento de finalizar la investigación. Otro aspecto cuestionable del informe de la CoVAJ, fue la forma en que se presentó la información. Esto debido a que el documento se hizo público sin antes haberlo compartido con las y los familiares de los 43. Situación que fue señalada por el Grupo de Expertos Independientes: “debemos insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres.” (GIEI, 2022a).

Estos, entre algunos otros aspectos, marcaron un primer desencuentro entre el GIEI y el cuerpo de investigación a cargo del gobierno de la 4T.

En lo que respecta a las órdenes de aprehensión expedidas como resultado del informe de la Comisión de la Verdad, también han habido omisiones hacia las y los familiares de los estudiantes normalistas. Por ejemplo, no se les notificaron los detalles sobre la detención de Murillo Karam (proceso que recientemente ha sido suspendido) y tampoco del general Rodríguez Pérez. Por otra parte, las familias tampoco han sido informadas de la absolución dictada por el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, de José Luis Abarca y su responsabilidad en los hechos de Iguala aquel 26 y 27 de septiembre de 2014. El mismo “Ventura Ramos ya había dejado en libertad a 77 personas vinculadas a la desaparición forzada de los 43 estudiantes” (Carrión, 2022a). En suma, ha habido una gran opacidad en el otorgamiento de información hacia los familiares de las víctimas.

Además de las omisiones en la información, durante el mitin político realizado el día 22 de septiembre frente a la Fiscalía General de la República (FGR), las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos así como un contingente de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, denunciaron que la investigación ha avanzado muy lento y de manera deficiente. Acusan a la Fiscalía de no haber cumplido con las órdenes de aprehensión que estipuló el informe de la CoVAJ. De acuerdo con el testimonio de Melitón Ortega, vocero de las familias agraviadas: “Pareciera ser que la Fiscalía a propósito integra mal los expedientes para que los responsables queden libres como ha pasado hasta ahora” (Sirenio, 2022). Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, señala que la detención de Murillo Karam fue sólo una distracción mediática y que de las 83 supuestas detenciones que iban a ejecutarse aún quedan pendientes 78. Sin considerar que hasta la fecha no se han confirmado las investigaciones en contra de los altos mandos del gobierno Federal, Municipal y Estatal implicados en la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Con todos estos acontecimientos que han visibilizado las víctimas directas de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, queda más que claro que, contrario a lo que sostuvo AMLO en su mañanera del viernes 23 de septiembre, las y los familiares ni han recibido a detalle la información de la investigación, ni han visto que se haya castigado a todos los implicados del caso. De ahí que sea totalmente comprensible su inconformidad y enojo. La supuesta violencia injustificada y el conservadurismo del que López Obrador acusa a los normalistas, es en realidad, la expresión del hartazgo y la resistencia a la violencia estructural del  Estado capitalista.

Un Estado que ha obstaculizado el acceso a la verdad y la impartición de justicia; un Estado que hace 8 años fue responsable de la represión, el asesinato y desaparición forzada de estudiantes que aspiraban a convertirse en maestros rurales. Un hecho que dejó un saldo de: “seis ejecuciones,  43 estudiantes  desaparecidos,  40 personas heridas, algunos de ellos de gravedad  y al menos 120 personas víctimas  de persecución  y atentados  contra su vida” (GIEI: 2022b); un Estado que ha orquestado toda una serie de acciones con el fin de desmantelar el modelo educativo del normalismo rural. 

El crimen perpetuado en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue obra del Estado, pero no del Estado entendido como un conglomerado de representantes de gobierno, sino que del Estado entendido como:

relaciones  históricas  y dinámicas  de  fuerza  material  a  través  de  las  cuales  ciertas  clases,  fuerzas sociales,  alianzas  y  bloques  ejercen  su  poder  sobre  sus  adversarios  y enemigos,  cristalizando  dicho  ejercicio  del  poder  en  determinadas  instituciones permanentes  que  sobreviven  a  los  cambios  coyunturales  de  elencos gubernamentales  y  ministeriales  (como  la  policía,  el  Ejército,  la gendarmería, los  cuerpos  de la “seguridad”,  los  servicios  de  inteligencia,  la  burocracia administrativa,  el  sistema  tribunalicio-jurídico-carcelario  y  otros  organismos  de vigilancia,  disciplina  y  control  de  la  población  sometida  por  las  clases dominantes). (Kohan, 2017).

Un Estado capitalista que, en el caso de nuestro país, desde los años 80’s ha adoptado con mayor evidencia su fase neoliberal, esto es, que ha impulsado el desarrollo de las iniciativas privadas a costa del desarrollo estatal o social, que ha impulsado “la propagación de la Influencia de las instituciones financieras a través de la desregulación” (Harvey, 2007: 80). Que ha permitido la venta del territorio del país, la superexplotación de la clase trabajadora y el saqueo de los recursos a manos de las empresas transnacionales y los grupos criminales del narcotráfico.

Un Estado que en el tema educativo ha homologado las estrategias privatizadoras y ha sido responsable de llevar a cabo recortes de presupuesto educativo, cerrar escuelas o carreras universitarias, flexibilizar las condiciones laborales de las y los docentes, implementar procesos de evaluación basados en un modelo de productividad, reducir materias y contenidos enfocados al área de ciencias sociales y humanidades e implementar una campaña de deslegitimización en contra del magisterio, el normalismo y todos los grupos que cuestionan las políticas educativas oficiales. 

Todos estos cambios siempre con el respaldo y resguardo de las fuerzas represivas del Estado: la policía, la marina, el ejército, la ahora llamada guardia civil y sus grupos no oficiales: paramilitares y narcos. El 27 batallón de infantería de Iguala, por ejemplo, ha sido un espacio dedicado a combatir los movimientos sociales y disruptivos.

A diferencia de la mayoría de los batallones, que son reubicados cada pocos años para evitar una posible corrupción, el Batallón 27 de Iguala se encuentra en el mismo lugar desde la época de la guerra sucia. Fue un Batallón que se especializó por años en el combate a grupos insurgentes. (Carrión, 2022b).

De esta maneras, todas aquellas clases, estratos o grupos sociales que se impongan o sean una amenaza para los designios del capital, son eliminados por el rostro violento y represivo del Estado.

En el caso de las Normales Rurales, el hostigamiento y la represión que han sufrido a manos del Estado ha sido una constante histórica. Incluso previo a la llegada de la fase neoliberal del Estado capitalista en México, las normales rurales ya habían sido un blanco por representar un peligro para la clase y los grupos dominantes. Las escuelas Normales Rurales fueron creadas con el objetivo de apoyar a los sectores más pobres y oprimidos del país, razón por la cual, los estudiantes y los egresados, provenientes de esos mismos sectores, se solidarizaban con las comunidades y eran sensibles ante las necesidades que tenían. Por eso, su vocación de enseñar, en la mayoría de los casos, siempre iba acompañada de un ideal por luchar y exigir mejores condiciones de vida para el campesinado, los pueblos originarios y los grupos más vulnerables. Por eso y debido a que la formación de las normales rurales ha estado orientada por una visión socialista, el Estado ha luchado por desaparecerlas. Este plan ha sido caracterizado por dos grande episodios: 

uno, el de 1969 cuando la mitad de las ENR fueron cerradas: primero fueron tomadas por el Ejército. El otro escenario se desarrolla a partir de la década de 1990, “con la implementación del neoliberalismo en México. Ésta es la etapa más reciente que tuvo un pico o un ascenso cuando fue la desaparición de los 43”. (Ramírez, 2022)

El espionaje, la infiltración, las campañas de desprestigio, los recortes de matrícula, los recortes de presupuesto, la modificación de la maya curricular, la eliminación de  la asignación de plazas a los egresados, la represión de los estudiantes y las detenciones arbitrarias, han sido parte de la estrategia implementa por el Estado mexicano para eliminar el modelo del normalismo rural. Un modelo que atenta directamente contra los intereses del capitalismo.

Así al analizar todas estas condiciones, es posible apreciar que lo ocurrido a nuestros compañeros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aquella fría noche del 26 de septiembre, no fue un hecho aislado o azaroso. Todo lo contrario, es el resultado de una lucha entre clases opresoras y clases oprimidas. Tal y como lo afirman Marx  y Engels : “La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases.”(Engels y Marx, 2012). El normalismo rural representa la oposición al modelo neoliberal de la educación. El primero vela por la educación y beneficio de los pobres, el segundo vela por los intereses de los empresarios y la clase política. En consecuencia, la defensa del normalismo es una demanda popular, de las clases explotadas y sometidas; es pues, una lucha anticapitalista.

Quienes sufrimos los embates del capitalismo en todas sus expresiones, debemos solidarizarnos y apoyar a las normales rurales de país. Su lucha, es nuestra lucha. Quienes estamos en favor de la vida y en busca de construir un mundo justo y diferente, debemos exigir la aparición de los 43 estudiantes que la hidra capitalista nos robo. Quienes estamos cansado de vivir bajo el yugo del capital, debemos unir y echar a bajo este sistema. La lucha contra el capitalismo, es la lucha por la vida.

A 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¡Exigimos justicia! Y ¡Castigo a los culpables!

Estamos cansado de simulaciones, estamos cansados de discurso vacíos por parte de todos los gobiernos burgueses, exigimos la verdad, exigimos justicia. No queremos más excusas, queremos hechos. 

¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

¡Ayotzinapa Vive, la lucha sigue!

¡Hasta encontrarles!

Referencias:

Animal Político. (25 de agosto de 2022).Vidulfo Rosales: Informe no alcanza para dar certeza, falta una prueba indubitable de que los 43 están sin vida. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2022/08/vidulfo-rosales-informe-no-alcanza-falta-prueba-los-43-estan-sin-vida/

Carrión, L. (14 de septiembre de 2022a). Juez absuelve a Abarca de la desaparición de los 43 normalistas. Seguirá en prisión por otro caso. Pie de Página. https://piedepagina.mx/juez-absuelve-a-abarca-de-la-desaparicion-de-los-43-normalistas-seguira-en-prision-por-otro-caso/

Carrión, L. (15 de septiembre de 2022b) José Rodríguez Pérez, los ojos, la mano y el arma en la noche de Iguala. Pie de Página. https://piedepagina.mx/jose-rodriguez-perez-los-ojos-la-mano-y-el-arma-en-la-noche-de-iguala/

Engels, F., & Marx, K. (2012). Manifiesto del partido comunista. Gredos. 

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEIa]. [@CentroProdh]. (22 de agosto de 2022). Comunicado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. https://mobile.twitter.com/CentroProdh/status/1561755814536282113

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEIb]. (2022). Informe Ayotzinapa III. MANDATO MEDIDA CAUTELAR MC/409/14 CIDH.

Harvey, D. (2007). Breve historia del Neoliberalismo. Akal.

Kohan, N. (2017). Lenin  y  el  debate  sobre  el  poder y  el  Estado. Revista  del  Programa  de  Investigaciones  sobre  Conflicto  Social. Vol.  10  (N°  17).

López, O. (23 de septiembre de 2022). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. https://lopezobrador.org.mx/2022/09/23/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-819/

Ramírez, E. (22 de septiembre de 2022). Normales Rurales, entre el acoso judicial y la represión. Contralinea. https://contralinea.com.mx/interno/semana/normales-rurales-entre-el-acoso-judicial-y-la-represion/

Sirenio, K. (23 de septiembre de 2022). «¿Por qué no han sido detenidos 16 militares faltantes ni exfuncionarios de alto nivel?», reclaman a la Fiscalía. Pie de Página. https://piedepagina.mx/por-que-no-han-sido-detenidos-los-16-militares-faltantes-ni-los-exfuncionarios-de-alto-nivel-reclaman-a-la-fiscalia-general/