Por: Marco Andrade
Desde hace tiempo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha estado obsesionado en que la Guardia Nacional debe pasar a ser una dependencia de la SEDENA. No es para sorprenderse. Desde que comenzó su periodo de Gobierno, AMLO ha reafirmado en múltiples ocasiones su interés por darle continuidad al proceso de militarización del Estado Mexicano, sin saber que no hace más que jugar con fuego: empoderar a las fuerzas armadas puede ser un camino peligroso con gravísimas consecuencias para los sectores populares. Es necesario repensar las estrategias de seguridad para poder instaurar una sociedad libre de violencias e inseguridad.
Sería en el 2019 cuando, a partir de la reforma al artículo 21 constitucional, nacería la Guardia Nacional como una “institución policial de carácter civil […] adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”. Sin embargo, dicha reforma también incluyó algunos artículos transitorios en donde se permitió tanto la incorporación de elementos y mandos de las fuerzas armadas (militares y marinos) a la Guardia Nacional como la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, además de establecer que tanto Ejército como la Marina participarían en la formación, instrumentación, capacitación y profesionalización de los elementos adscritos a la Guardia Nacional. Todo lo anterior se contrapone al artículo 129 constitucional, el cual establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, es decir, cuestiones de seguridad nacional.
Como puede verse, desde su surgimiento la Guardia Nacional se estableció como un híbrido. Por un lado, se trata de una institución civil de seguridad pública que actúa bajo una lógica militar, mientras que, por otro lado, empodera a las fuerzas armadas, quienes adquieren un papel hegemónico en la vida institucional del país, aunado al hecho de que se les permite participar en materia de seguridad pública. En este sentido se puede decir que, en efecto, existe una continuidad en el proceso de militarización del Estado Mexicano.
Ahora bien, AMLO y sus seguidores han intentado justificar la militarización de diferentes maneras. Por ejemplo, durante la conferencia del pasado lunes 8 de agosto donde se anunciaba el interés por continuar con la militarización como estrategia de seguridad, AMLO hizo principalmente énfasis en el “combate a la corrupción”, lo cual pareciera justificar cualquier política sin importar la materia. Otro justificante fue el supuesto papel que ha intentado jugar la oposición de derecha, quienes desde el congreso y sin la más mínima capacidad de análisis han votado en contra de toda propuesta realizada por López Obrador y MORENA. También se ha llegado a decir que el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA es una estrategia para que “no se eche a perder y se corrompa”, tal como paso con la Policía Federal Preventiva o la Agencia Federal de Investigación. Lo que se pretende, pues, es buscar por todos los “márgenes legales” garantizar que la Guardia Nacional dependa de la SEDENA, lo cual no es otra cosa que la institucionalización de la militarización. Al parecer, para el obradorismo, el fin justifica los medios.
Con su excesiva confianza depositada en las fuerzas armadas, a tal grado de llamarles “el pueblo uniformado” o “el pueblo armado”, las y los obradoristas pecan de inocentes. Se olvidan de que el propósito tanto de las fuerzas armadas como de los cuerpos policiacos no es otro que el de proteger los intereses de las clases dominantes, “instrumentos fundamentales de la fuerza del Poder del Estado”, como asegura Vladimir Lenin. Basta con recordar la participación del ejército y los cuerpos policiacos en la represión de los movimientos sociales, contra el magisterio, médicos y ferrocarrileros, en Tlatelolco, el Jueves de Corpus, contra los movimientos guerrilleros, en Acteal y Aguas Blancas, en Atenco, en Tlatlaya, en Iguala, en Nochixtlán, en Arantepacua, en todos y cada uno de estos hechos el ejército y la policía actuaron siguiendo órdenes y dejando cientos de miles de personas detenidas, desalojadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas.
Vale preguntarse entonces ¿Ha funcionado la estrategia de militarización en México? La respuesta es no. Ya los anteriores gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dejado bien en claro lo peligroso que resulta el camino de la militarización, dejando tras de sí una de las peores crisis en cuestión de violación de derechos humanos en la historia del país. ¿Cambiaron las cosas con el actual gobierno? De nuevo la respuesta es no. La Guardia Nacional sigue siendo usada como instrumento de represión, tal como pasó con las caravanas de migrantes centroamericanos en el sur del país o en el desalojo de campesinos y campesinas en la sierra de Puebla, sin olvidar las múltiples quejas y denuncias contra elementos de la Guardia Nacional por uso excesivo de fuerza, desaparición forzada de personas, acoso y abuso sexual contra mujeres. En este contexto, los movimientos sociales que pretendan alzar la voz y salir a las calles para reclamar sus derechos, seguirán bajo la amenaza de sufrir represión por parte del Estado a través de la Guardia Nacional.
Siendo así ¿Por qué seguir el peligroso camino de la militarización? Tal vez AMLO pretenda preparar el terreno para mantener a las fuerzas armadas supeditadas al poder político presidencial, sobre todo en vísperas de las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, lo que se está haciendo es jugando con fuego. Habrá que reiterar la función de clase que tienen las fuerzas armadas, que una cosa es que AMLO y MORENA mantengan ciertos índices de aprobación y otra muy diferente que haya logrado imponer su hegemonía al resto de los actores sociales. Se confunde, pues, popularidad con poder, y el poder sigue residiendo en la burguesía empresarial, a cuyos intereses seguirán respondiendo las fuerzas armadas y policiacas. En efecto, un golpe de Estado pareciera, por ahora, una idea lejana, pero las fuerzas derechistas, dadas las contradicciones entre el discurso y la acción del obradorismo, seguirán trabajando para terminar con la popularidad de López Obrador y MORENA, ya sea por medios “legítimos” (procesos democráticos, medios de comunicación) o “ilegítimos” (terrorismo, golpe blando) y no hay lugar a dudas de que, dadas las condiciones, las fuerzas armadas tomarán partida por el mejor postor. Al final ¿Quiénes son las víctimas de la militarización? Son las y los trabajadores y campesinos, luchadores y luchadoras sociales, estudiantes, activistas, hombres y mujeres que durante décadas han sufrido de violencia subjetiva (encarcelamiento, desaparición forzada, asesinato, violencia de género), simbólica (lenguaje, cultura) y, sobre todo, sistémica (pobreza, desigualdad social, desempleo). Hay que entender que la militarización como estrategia de seguridad ya no es viable para los sectores populares.
¿Qué se propone entonces? La intención no es solo negarse por negarse a la militarización tal como lo hace de forma rastrera la oposición de derecha, la cual, al oponerse a la militarización, pretende sufrir amnesia de que fueron precisamente ellas y ellos quienes comenzaron con el proceso de militarización en México, pero quienes sufrieron las consecuencias no olvidan. Si la militarización bajo el gobierno de AMLO apuntara a coadyuvar a la instauración de un Estado proletario, es decir, que buscara la destrucción de la máquina estatal burguesa con la supresión del ejército permanente y los cuerpos policiacos para sustituirlos por el pueblo armado (en el sentido literal, no figurado), no habría por qué oponerse. Por desgracia, el modelo de militarización actual no hace más que continuar con el proceso de militarización heredados por los gobiernos neoliberales, respondiendo a los mismos intereses, los intereses de la clase burguesa.
Frente al fracaso de la militarización como estrategia de seguridad, se requiere tener una propuesta concreta que garantice una vida libre de violencias para los sectores populares. En este sentido, la propuesta sería pensar en un nuevo modelo de seguridad que involucre a los trabajadores y las trabajadoras, a los campesinos y campesinas, a las y los indígenas, dándoles la posibilidad de organizarse e intervenir directamente en el manejo de la seguridad pública de sus pueblos y barrios. En este proceso será fundamental una democracia participativa donde realmente se representen los intereses de los sectores populares. Así, de entre las y los miembros de cada comunidad, se podrían elegir funcionarios encargados de establecer las estrategias de seguridad comunal necesarias, tales como guardias comunitarias y policías barriales conformadas por los mismos miembros de la comunidad y no por las fuerzas armadas o cuerpos policiacos ligados al Estado burgués. Solo así estaremos hablando del “pueblo armado” que, de manera organizada, se estará preparando para la toma del poder y una verdadera trasformación de la sociedad.
Experiencias de este tipo existen muchas. Ejemplo de ello se tiene en las guardias comunitarias surgidas en el pueblo de Cherán, en Michoacán, donde desde el 2011 decidieron organizarse y luchar contra el crimen organizado, las extorciones, los asesinatos y la tala clandestina de bosques, logrando instaurar un gobierno comunitario. Igualmente, desde las regiones de Costa Chica y la Montaña en el estado de Guerrero, uno de los más golpeados por el proceso de militarización, surgieron la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria y la Policía Comunitaria (CRAC-PC) como órganos de justicia y seguridad, respectivamente, las cuáles entraron en función en 1995 como respuesta a la violencia que históricamente han ejercido tanto el crimen organizado como el Estado Mexicano contra la población de estas regiones. De la misma manera se mantienen rondas comunitarias como las de Xoxocotla, Ocotepec y Ahuatepec en el estado de Morelos, en donde incuso se han llegado a detener funcionarios y miembros de la policía municipal y estatal para ser “juzgados” por las comunidades. En todos estos casos se ha logrado disminuir significativamente los índices de violencia e inseguridad en las comunidades, aunque por desgracia han sufrido de persecución y represión por parte del Estado. Cabe recalcar que la mayoría de estas experiencias proceden de comunidades indígenas, por lo cual habrá que también llevar a cabo experiencias similares el medio urbano de acuerdo a sus condiciones.
Por supuesto, toda estrategia de seguridad deberá ser acompañada de políticas que busquen erradicar la mayor de las violencias que existen en el mundo: la violencia sistémica, esa que es provocada por el sistema económico capitalista y que ocasiona que millones de personas en México y en el mundo vivan en pobreza y desigualdad social, la misma que hace que las y los jóvenes tengan que recurrir a la delincuencia para sobrevivir. Es necesario, pues, generar empleos, garantizar salarios dignos, acceso universal a servicios de salud, educación y vivienda, impulsar el deporte y la cultura, garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y poner fin a las violencias machistas, entre otras políticas que busquen la transformación de la sociedad.
Solo así se podrá instaurar una sociedad libre de violencias hacia la clase trabajadora, creando las condiciones materiales para que el pueblo armado pueda organizarse de tal forma que se garantice su seguridad, sin necesidad de requerir el accionar de las fuerzas armadas ni los órganos estatales de seguridad pública, suprimiendo las fuerzas armadas o bien haciéndoles regresar a los cuarteles, que es el lugar a donde pertenecen.
