Lenin Contreras
El gobierno de MORENA en Michoacán, pese a toda su retórica antineoliberal, intenta imponer a las escuelas normales una de las políticas educativas distintivas de la educación empresarial: el examen CENEVAL.
No está por demás señalar que resulta aberrante que Mariana Sosa, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), argumente a favor del examen CENEVAL, señalando que se aplicará para fomentar la “calidad académica”. Aberrante, porque fue la idea de la “calidad de la educación” el argumento central del PAN, PRD y PRI para imponer la reforma educativa peñista de 2013 y oponerse a la reforma educativa de MORENA y la 4T en 2019.
El Centro Nacional de Evaluación A.C. (CENEVAL) se fundó en 1994, como una empresa privada disfrazada de Asociación Civil, que sería la instancia en el país con la posibilidad de examinar directamente a los estudiantes de educación media superior y superior, y hacer lucrativos negocios por la venta de este servicio a las instituciones educativas.
Según lo indica su página web, el objetivo del CENEVAL es promover la “educación de calidad” por medio de la aplicación de exámenes estandarizados, como los Exámenes de Ingreso (Exani). Además, califica a quienes terminan sus estudios profesionales mediante el Examen General de Egresos (EGEL) y desde el 2000 evalúa y decide quienes pueden obtener un título de bachillerato, aunque no hayan cursado o concluido sus estudios, con base en un procedimiento ligero de evaluación, de apenas unos días y el pago de miles de pesos.
El origen del CENEVAL está marcado por el Programa de Modernización de la Educación impulsado en el sexenio del expresidente Salinas de Gortari (1988-1994) que consideraba las evaluaciones estandarizadas a profesores y estudiantes como uno de los factores fundamentales para reformar y actualizar -privatizar- el sistema educativo nacional.
De igual forma, el CENEVAL surge después de las primeras reformas educativas neoliberales impulsadas en 1992 y 1993, cuyo objetivo fue iniciar el proceso de privatización de la educación básica y permitir que las corporaciones religiosas impartieran educación básica. En este sentido, el CENEVAL, como todo el cumulo de políticas educativas de ese periodo, es resultado de las imposiciones de los organismos internacionales en política educativa.
El CENEVAL es una de las piedras angulares de la educación neoliberal. No es casual que el actual director del CENEVAL, Antonio Ávila Díaz, tenga un perfil profesional completamente tecnocrático. Especializado en los programas del Banco Mundial en Washington y colaborador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), principales impulsore de la reforma educativa peñista en 2013. Por ello, no sorprende que empresarios y medios conservadores apoyen la aplicación del CENEVAL.
Las críticas y luchas contra los exámenes aplicados por el CENEVAL se centran en el concepto mismo de calidad educativa. ¿Qué es la calidad educativa? Incluso grandes intelectuales, como la extitular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Sylvia Schmelkes, reconoce que es difícil definirla.
Después de décadas, se ha demostrado que el objetivo de la aplicación de estos exámenes tiene que ver con criterios administrativos y medidas que justifiquen el desfinanciamiento de la educación pública más que con motivos de mejora pedagógica, educativa o científica. En múltiples ocasiones, uno de los máximos especialistas en educación, Hugo Aboites, ha señalado que el concepto de “calidad educativa” que persiguen estas evaluaciones esta guiado por el principio de reducir el gasto en educación, mediante la reducción de la matrícula estudiantil o la eliminación de derechos laborales.
Los exámenes CENEVAL, se han convertido en uno de los principales mecanismos que cada año excluyen, junto al pago de cuotas, a cientos de miles de jóvenes de las aulas universitarias. Un hecho que ilustra lo anterior es que los exámenes CENEVAL a nivel superior (EXANI-II), al ser estandarizados, no consideran que los jóvenes que son sometidos a ellos tienen diferentes formaciones y preparación según sus cursos en educación media superior. En el caso de Michoacán, estudiantes provenientes de muy diversos bachilleratos como el CONALEP, Colegio de Bachilleres, Bachillerato Universitario, Telebachillerato, CBTIS o CBTAS, con distintas formaciones, deben presentar el mismo examen estandarizado para continuar con sus estudios superiores.
No hay ningún indicio de que las evaluaciones estandarizadas a profesores ni estudiantes mejoren la educación, tres décadas de exámenes estandarizados y continuo deterioro educativo lo demuestran. Lo que si evidencian los hechos es que los organismos como el CENEVAL y sus exámenes atentan contra el derecho a la educación pública de cientos de miles de jóvenes de escasos recursos, mujeres y procedentes de comunidades indígenas que son discriminadas y discriminados por el diseño mismo de sus métodos de evaluación.
A estas alturas, a 6 meses de la llegada del gobierno de Ramírez Bedolla, no extraña que su política educativa sostenga una continuidad del modelo neoliberal. Tampoco debe extrañar, que, ante el fragrante intento de violentar el derecho a la educación de miles de jóvenes que aspiran ingresas en una escuela normal, estos opten, al igual que con los gobiernos de Silvano Aureoles y Peña Nieto, por la movilización, la protesta y el descontento.
En este sentido, la intransigencia y violencia se origina en la obstinación y vehemencia conque Ramírez Bedolla, Yarabí Ávila y Mariana Sosa, continúan una política educativa que ha demostrado rotundamente su fracaso y su carácter antisocial, y no en las legitimas protestas de los normalistas que están en su derecho de rechazar esta imposición.
