El 7 de marzo, en rueda de prensa egresadas y egresadas normalistas denunciaron las agresiones sufridas a manos de un grupo de choque el pasado viernes 4 de marzo en las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Los egresados señalaron que mientras mantenían una toma pacifica de las oficinas de la SEE, en la Ciudad de Morelia Michoacán, alrededor de 15 personas, que portaban armas blancas, los golpearon, amenazándolos de muerte y con desaparecerlos. 

La toma de las oficinas de la SEE son parte de una jornada de protesta que mantiene los egresados normalistas para exigir estabilidad laboral de 800 profesores y profesoras egresados de las normales públicas, que ya se encuentran frente a grupo, y acceso a la seguridad social.

Por lo menos 7 integrantes de la organización de egresados tuvieron que ser atendidos en los hospitales públicos debido a las contusiones. 

La violencia, denostación y desprecio contra los egresados normalistas ha sido una constante de los últimos gobiernos del PRI, PRD, y al parecer no cambiará con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

En 2019, la 4T promulgó una reforma educativa, con ella, el mismo Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con la guerra contra el sector educativo promovido por Peña Nieto y los gobiernos panistas, por medio de la revalorización del magisterio, el fortalecimiento de las Escuelas Normales Públicas, así como priorizar a los egresados normalistas en la asignación de plazas base. A tres años de la reforma de la 4T, nada de esto es realidad. 

Lo preocupante, no solo son los oídos sordos de Ramírez Bedolla y la titular del SEE, Yarabí Ávila, ante la justa exigencia de que se cumpla un derecho social consagrado constitucionalmente, también la utilización de grupos armados para disuadir una protesta social, justo como lo hacían los gobiernos del PRI en su época más autoritaria y despótica.

Todo mexicano y mexicana, y por supuesto, los egresados normalistas, tenemos el derecho al trabajo digno, seguridad social, al pago de salario devengado, estabilidad laboral, etc. Por supuesto, también tenemos el derecho a protestar si no se cumplen estos derechos. Por ello, la represión, la intimidación y violencia contra la protesta social atenta no solo contra el derecho mismo a la protesta, sino contra el fundamento más básico de la democracia.

Las acciones represivas contra las y los egresados normalistas por grupos de choque al mando del gobierno estatal, representan una continuidad del despotismo y violencia que caracterizo al gobierno de Silvano Aureoles.

Es una necesidad urgente acabar con la guerra contra el normalismo e impulsar una fuerte campaña de reconocimiento sobre la utilidad social de las normales públicas, sobre todo, de dignificar a sus estudiantes. Es en los egresados de las normales donde se encuentra el destino de la escuela pública y, por tanto, del futuro de los niños y niñas que asisten a ellas.