Por: Emiliano Raya

En 1968, el historiador Luis González y González publicó la obra “Pueblo en Vilo”. Ese fue el primer acercamiento nacional que se tuvo con un pequeño poblado michoacano, anclado en la frontera con Jalisco. El libro, que puso en el mapa a la localidad de San José de Gracia, se convirtió rápidamente en una referencia historiográfica obligada, pero también, en la única forma de acercarse a la pequeña población perteneciente al municipio de Marcos Castellanos.

San José de Gracia no aparecía en el panorama político ni mediático estatal, ni mucho menos nacional. Pero todo cambió el domingo 27 de febrero. 

En un video difundido en redes sociales, se observaba a un grupo de personas armadas que sacaban de un domicilio a otro grupo de entre 10 y 17 personas, los formaban afuera y segundos después, sólo se apreció el sonido de los disparos. 

Tres horas después del “enfrentamiento” (que más bien debería definirse como fusilamiento), llegó el personal de la Fiscalía de Michoacán. No encontraron los cuerpos, las autoridades municipales ni siquiera dieron aviso del altercado. 

El lunes, en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre los hechos, “Ojalá y no sea cierto ¿no? y que no sea como lo están difundiendo. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer”.

El mismo lunes, pero a las 12:30, el fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, explicó que el suceso ocurrió durante el velorio de la madre de uno de los ejecutados, de nombre Alejandro G., alias el Pelón, miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Por su parte, se responsabilizó del ataque a Abel “N”, alías “el Toro” o “el Viejón”. El móvil: una venganza familiar entre grupos vinculados al CJNG y oriundos de la región. Es decir, dos vecinos de la localidad de San José de Gracia, dedicados al narcotráfico, que tenían problemas personales.

Las terroríficas imágenes, que se vuelven cada vez más cotidianas en este país, tendrían poca relevancia más allá de lo sanguinario e inhumano de la acción. Incluso el motivo de la disputa parece intrascendente. Pero hay algunas dudas dignas de plantear, por ejemplo; ¿por qué tardaron las autoridades 3 horas en presentarse? ¿Cómo pudieron operar los grupos criminales a plena luz del día sin que oficiales municipales, estatales o miembros de las corporaciones federales, intervinieran en ningún momento?

Sin embargo, la incógnita más intrigante es ¿Por qué limpiaron la escena del crimen? Y es que después del fusilamiento, los ejecutores, se dedicaron a lavar (literalmente) y a llevarse los restos de las personas victimadas. ¿Por qué entretenerse en limpiar y recoger los cuerpos? 

Lo primero que destaca, es que se tomaron la molestia de limpiar, porque estaban seguros de que podían realizar esta actividad con total impunidad, sin que ninguna autoridad llegara a incomodarles durante la expurgación de la evidencia. Pero la pegunta sigue en pie, ¿por qué limpiar el lugar de los hechos?

Varias hipótesis se podrían desplegar, pero de entrada podemos eliminar la suposición de que fue su conciencia cívica la que les obligó a mitigar el daño causado a la comunidad de San José de Gracia y “arreglar” el lugar afectado. 

La lógica básica, sobre todo para quienes gustan de las series gringas de super detectives, impondría la hipótesis de que la escena del crimen fue limpiada para eliminar las posibles pruebas que después vincularan a los perpetradores a un proceso judicial. Pero, ¿por qué después de actuar a plena luz de día, durante un velorio, a unas cuadras de la plaza principal del pueblo, te preocupas por la “evidencia”? 

Además, duraron más o menos tres horas limpiando, sin que ninguna autoridad actuara, es decir, es más que evidente que gozan de completa impunidad, al menos dentro del municipio de Marcos Castellanos. 

Entonces, ¿para qué llevarte los cuerpos y asear el lugar? ¿Qué esconde esta acción? La única respuesta que podemos aventurar es la siguiente: Hay una contradicción entre los niveles de gobierno. Unos protegen y permiten la operación de grupos delincuenciales, otros no tienen elementos para actuar.

Solo así se puede explicar la limpieza. La intención era dejar sin elementos físicos, sin pruebas tangibles que pudieran vincular a proceso a los ejecutores, en las instancias federales, mientras actuaban en contubernio con las autoridades municipales. 

Al parecer, la coordinación en materia de seguridad que propuso el gobierno federal, no está funcionando como debe. Es hora de empezar a barrer algunos escalones más abajo.