Por:Emiliano Raya Aguiar

Como en reiteradas ocasiones, una vez más, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, del día miércoles 3 de febrero, se le interrogó sobre la posibilidad de que el gobierno federal inicie juicios contra miembros de administraciones federales pasadas, incluidos expresidentes.

La pregunta fue formulada en el marco de las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en las que señaló la presión que recibió por parte de altos funcionarios durante el mandato de Felipe Calderón, para que retirara su proyecto de resolución sobre el trágico caso de la guardería ABC.

El presidente, sin titubeos, respondió “Yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, bueno desde que tomé posesión. Dije que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia, en contra de los expresidentes. Que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo. Y aún que la mayoría pidió que se enjuiciara, no se alcanzaron los votos [para hacerla vinculante]. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral”.

Efectivamente, esta postura no es nada nueva, pero es increíble que el presidente no sea capaz de reconocer su primaria confusión respecto a la categoría de justicia. Es para perder la cabeza, la insistencia del presidente en un error vertebral, pero además verlo caer en cientos de contradicciones. 

Pero, ¿cuáles son estos errores conceptuales y estas contradicciones discursivas? 

Primero. El presidente insiste en comparar la venganza con justicia y reparación del daño. NO, no es lo mismo vengarse que hacer justicia. La venganza es un acto individual, personal, fundado en la irracionalidad, la víscera; el odio, el desprecio. La justicia es una acción social, porque se entiende que el delito no agrede a una persona, sino que nos agrede a todas y todos los miembros de la comunidad. 

La justicia tiene como principio enfrentar a la injusticia, y por lo tanto garantizar que el daño cometido contra un miembro de la sociedad se resarza. Pero también, que el daño cometido contra la sociedad, se atienda. En el primer caso, la reparación a una persona afectada por tal o cual acción, puede ser más o menos fácil: una compensación económica, una disculpa pública, el encargarse de los daños causados, etcétera. 

Pero, atender el daño causado socialmente es más complejo. Una forma inicial e ineludible para reparar ese daño, sobre todo cuando es cometido por una institución del Estado, es identificar y someter a juicio a los perpetradores de la injusticia. Es decir, cancelar la impunidad; evitar el olvido. 

Segundo. Dice López Obrador, que él está a favor de que no se repitan estos crímenes como el de la guardería ABC. ¿Cómo no se van a repetir, señor presidente, si los culpables siguen libres? Este juego lógico es tan aberrante como pretender que un sicario deje de asesinar, por el simple hecho de que al grueso de la sociedad nos parezca mal que asesine. 

Mientras las y los perpetradores del crimen sigan libres e impunes, la posibilidad de que estos hechos se repitan es enorme. Tal vez no durante su sexenio, pero el país no se acaba en el 2024, señor presidente.   

Tercero. Es curiosa la forma de razonar del presidente Andrés Manuel. Sí se trata de la revocación de mandato, está dispuesto a dejar el cargo, aunque el número de votos no alcance la cantidad legal para que el ejercicio sea vinculante. Pero en el caso de enjuiciar a los expresidentes, no, ahí sí es muy respetuoso de la ley. Aquí solo restaría recordarle al encargado del ejecutivo, que la gente votó por él y por su proyecto, justo por la promesa de hacer justicia, de encargarse de los criminales y delincuentes que ocuparon cargos públicos y que, al amparo de su envestidura, salieron impunes.     

El presidente debe entender que, en el caso concreto de los niños del ABC no sólo perdimos 49 niños víctimas de la corrupción y ahora, por su culpa, de la impunidad. Perdimos 49 profesores, 49 médicos, 49 reporteros, 49 enfermeros, 49 artesanos, 49 campesinos…. 49 inocentes miembros de nuestra nación, cuyo único delito fue confiar en una institución del Estado mexicano para educarse. Eso sin contar las niñas y niños que sobrevivieron, pero que las secuelas les impiden desarrollar hoy una vida plena. 

La promesa de justicia, promesa aún no resuelta, será suficiente para que el gobierno de la 4T, pase a la historia como un gobierno que no cumplió con su deber moral. Un gobierno que solapó la impunidad y permitió la libertad de expresidentes criminales.