Nada para las y los trabajadores en 3 años de 4T: 32 millones en informalidad, 5.7 millones subocupados y 10 millones desempleados.
Lenin Contreras
En días pasados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la ocupación informal había alcanzado su máximo histórico. De diciembre 2020 a diciembre de 2022 la informalidad aumentó en 4.3 millones de personas. Se estima que el 56 por ciento de los 57 millones de trabajadores y trabajadoras, es decir 32 millones, estuvieron en situación laboral de informalidad.
El trabajo informal es una de las formas más abiertas de precarización laboral, ya que los empleados y empleadas en estas condiciones carecen de salarios estables, prestaciones, vacaciones, seguridad social, y por supuesto, de estabilidad laboral y la posibilidad de generar ahorros para el retiro.
Sumado a la informalidad generalizada, 5.7 millones de personas se encuentran en condiciones de subocupación, es decir son trabajadores o trabajadoras que tienen necesidad y disponibilidad de mayores horas de trabajo, pues las que realizan son insuficientes para solventar los gastos cotidianos. Igualmente se suma la desocupación real, que se estima en 10 millones, lo que supone 8 millones más de las cifras oficiales.
Lo anterior indica que, si contabilizamos a los 59 millones de trabajadores y trabajadoras de la Población Económicamente Activa (PEA) y a los 7 millones de la Población No Económicamente Activa (PNEA) con disponibilidad de trabajar, se tiene que, de las 66 millones de personas que viven de su trabajo, 48 millones se encuentran en condiciones laborales precarias.
La gran presión que generan la informalidad, subocupación y desocupación sobre la oferta de mano de obra permiten que la patronal imponga condiciones laborales extremadamente precarizadas. No es difícil para la patronal, con tantos millones de trabajadores y trabajadoras buscando un puesto de trabajo, despedirlos y recontratar con menores salarios y derechos.
Es verdad que la 4T ha promovido reformas en el mundo del trabajo, como la reforma a la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social para reconocer el trabajo doméstico y del hogar, la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reglamentar la figura de la subcontratación, o la reforma para garantizar la libertad de sindicación; sin embargo, ninguna de ellas ha tenido por objeto modificar la estructura del mercado laboral para mejorar sustancialmente las condiciones de la fuerza de trabajo.
También es verdad que la 4T ha promovido incrementos inéditos al salario mínimo. Los salarios mínimos pasaron de 2018 a 2022 de 88 a 141 pesos. Sin embargo, la patronal, para evitar incrementar el costo que le representa la nómina salarial, a dicho que los salarios se pagan en pesos y no en salarios mínimos, con lo cual los ingresos de los trabajadores se han visto estancados. Además, el crecimiento acelerado de los precios de los productos o inflación, ha causado que, aunque los salarios nominales suban, su poder adquisitivo no suba.
Así como no existe en la 4T una política para modificar la estructura del mercado laboral, tampoco existe una política para castigar a la patronal que mañosamente evita pagar salarios mas justos.
Ante este escenario, ¿qué es lo que evita que los hogares de los trabajadores se paupericen? Al igual que en sexenios pasados, son las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que para el 2021 alcanzaron la cifra récord de 52 mil millones de dólares, lo que impide que aun más trabajadoras y trabajadores sean condenados a la pobreza.
A tres años del gobierno de la 4T es claro que, para la clase trabajadora, no hay propuesta de política laboral diferente a la del neoliberalismo. Ante la política de conciliación de clases promovida por el gobierno de MORENA, con claros privilegios para los empresarios y burgueses, y obvias desventajas para el pueblo trabajador, urge que los que vivimos de nuestro trabajo asumamos un papel político activo y verdaderamente revolucionario.
