Comité Magisterial-MIR
La creación de la Unidad del Sistema de Carreras para las Maestras y Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión (USICAMM) es el resultado de la reforma educativa realizada por el gobierno de la 4T en el 2019, con la cual se presumió se abrogaría la reforma educativa-laboral de Peña Nieto de 2013.
La USICAMM está contemplada particularmente en los párrafos 6 y 7 del nuevo artículo 3ro Constitucional. La USICAMM mantiene el régimen laboral especial para las y los trabajadores de la educación, ya que, si bien es cierto que desapareció la figura del Servicio Profesional Docente, incorporado con la reforma educativa de 2013, también es cierto que su esencia laboral se mantuvo, pues ahora el Sistema de Carrera reglamenta lo referente al ingreso, la promoción y reconocimiento de la labor docente.
Es verdad que la permanencia en el servicio queda fuera de las evaluaciones punitivas, sin embargo, tanto el ingreso, promoción y reconocimiento estarán sujetos a exámenes bajo la figura de “procesos de selección”, tal como lo establece el párrafo 7 del artículo 3ro.
El 30 de septiembre del 2019 se publicó en el diario oficial de la federación la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual establece las disposiciones para revalorizar la labor de las maestras y los maestros, así como para normar el ingreso, la promoción y el reconocimiento docente.
En los hechos la Ley de la USICAMM establece un régimen de excepción laboral porque ahora, después de la reforma educativa de 2019, existe una doble normativa que las y los trabajadores de la educación deberán cumplir. Por un lado, las disposiciones establecidas y reguladas por la Ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual regula a los trabajadores contemplados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución; y por otro, la normativa establecida en la Ley de la USICAMM.
El régimen especial establecido por la USICAMM implica la eliminación de derechos colectivos para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, todos ellos relacionados a la contratación colectiva.
Un ejemplo de ello es que la Ley del USICAMM instauró en sus artículos 14, 15 y 16 el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la Ocupación de las vacantes, con lo cual suprime el papel de los sindicatos y las Comisiones Mixtas en la asignación de plazas, promociones o reconocimiento.
Al ser este procedimiento uno de corte administrativo, donde se elimina la vigilancia por la representación de los trabajadores y trabajadoras, se fomenta la corrupción y la violación sistemática de los derechos ganados por los trabajadores.
El artículo 14 de la Ley de la USICAMM señala que el establecimiento de criterios para la contratación de personal educativo es unilateral, y dependerá estrictamente de la patronal. Sin embargo, la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado establece que las contrataciones deberán ser de forma bilateral. Es por ello que la USICAMM atenta contra la contratación colectiva y el escalafón.
Resalta que la capacidad de generación de nuevas plazas para atender la demanda educativa, según el artículo 35 de la Ley de la USICAMM, estará en función de las proyecciones realizadas oficialmente, sin embargo, no establece los criterios de dichas proyecciones y evidentemente no informa a la representación colectiva de los trabajadores y trabajadoras de dichos criterios.
Es muy importante agregar que los exámenes de ingreso, además de promover la corrupción, deterioran el papel y la función de las normales públicas del país, pues somete a los normalistas a un doble proceso de evaluación, donde un examen tiene más peso que cuatro años de formación teórica y práctica. Las intenciones del gobierno de la 4T de fortalecer el sistema de normales públicas es pura retórica, ya que no reconoce el pase directo de la normal a la labor docente.
La ley de la USICAMM no elimina el principio por el cual fue creado el Servicio Profesional Docente, es decir, mantiene la intención de eliminar el papel de los sindicatos en las contrataciones colectivas por medio de que, como lo decían los priistas y panistas, el Estado “recupere la rectoría de la educación”
Para el ingreso al sistema educativo los nuevos maestros deberán someterse a un proceso de “evaluación diagnostica” y observación continua solo para ser candidatos a la obtención de la plaza base.
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros plantea la mejora educativa mediante la evaluación, justo como lo hacía el extinto Servicio Profesional Docente.
Este proceso, entre otras cosas, elimina el contrato colectivo, prioriza la vacancia disponible y no las necesidades educativas (lo que se traduce en plazas insuficientes), y señala a los docentes como únicos responsables del fracaso educativo. Pretende que, a través de “promociones” horizontales (aumento salarial sin cambio de función) y verticales (ascenso en función), se fortalezca la competición y visiones individualistas entre docentes, precarizando los derechos colectivos, anulando el escalafón político y obtener el control magisterial.
La USICAMM demuestra que la reforma educativa de la 4T no es abrogación de la de Peña Nieto, ni mucho menos de las reformas educativas neoliberales y anti laborales que iniciaron en 1992 con Carlos Salinas de Gortari. La USICAMM mantiene la flexibilización de las relaciones laborales de los trabajadores de la educación contemplada con anterioridad en el Servicio Profesional Docente.
Para finalizar, es importante señalar que, aunque no se diga, la educación y escuela pública perdieron de nuevo con la reforma de la 4T. La diferencia con la de 2013 es que el Gobierno Federal morenista, sometió de una manera distinta al magisterio combativo, literalmente, como diría Antonio Gramsci, se los “echó al bolsillo”, al sacar los exámenes de permanencia de la USICAMM, neutralizó la visión gremialista de la cúpula de la CNTE.
Hoy, el debate sobre el modelo educativo, la utilidad social de las normales y los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación es una tarea urgente, aunque este borrada de la agenda política del gobierno federal.