Marco Andrade

La agitación y movilización social que se vive en Colombia es para resaltarse. En plena contingencia por la propagación del COVID-19, desde el pasado miércoles se han vivido jornadas de movilización en todo Colombia luego de que se convocara un paro nacional contra la reforma tributaria que intentaba imponer el gobierno de Iván Duque, siendo las marchas gravemente reprimidas dejando un saldo de al menos  24 muertes, más de 800 personas heridas y 89 personas desaparecidas según la Defensoría del Pueblo. A continuación, se presenta un breve análisis respecto a todo lo que se vive en Colombia, lo cual se puede explicar a partir de las políticas neoliberales que se han implementado en aquel país desde hace 30 años.

NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA

Desde hace tiempo, Colombia se ha convertido en uno de los baluartes del capitalismo monopólico trasnacional, es decir, modelo económico neoliberal en América Latina. Desde las reformas constitucionales de 1991 que garantizaron la intervención del sector privado en áreas públicas estratégicas como el sector minero, energético, telecomunicaciones y servicios financieros, se ha llevado a cabo la enajenación y privatización de empresas públicas.

Dentro del proceso de privatización de empresas estatales destacan las siguientes:

  • CarboCol, la productora estatal de carbón que tenía el 50% del control de una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo, fue vendida en el año 2000, repartida entre Anglo American, Glencore y Billiton (50%) y Intercor, filial de la estadounidense Exxon (50%).
  • el Banco Granahorrar, rescatado por el Estado de una crisis en los años ochenta, fue puesto en subasta en el 2005, siendo adquirido por el banco español BBVA.
  • TELECOM, empresa estatal de telecomunicaciones, fue liquidada en el 2003 y pasó a manos de Telefónica, hoy Movistar, en el 2006.
  • La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) se hizo de EcoGas en el 2006, lo cual representó la privatización más grande hasta ese momento, quedándose la extracción y distribución de hidrocarburos en manos privadas.
  • Ecopetrol, una de las empresas petroleras más grandes de Latinoamérica manejada por el Estado colombiano, entró a la Bolsa de Valores de Colombia en el 2006 y en el 2008 inició la venta de sus acciones en la Bolsa de Nueva York, con lo cual el Estado colombiano vendió el 11% de la empresa.
  • Isagen, empresa estatal dedicada a la generación de energía eléctrica, fue puesta a la venta desde el 2006 y en el 2016 la empresa multinacional canadiense Brookfield Asset Management (BAM) compró el 57.6% de las acciones, convirtiéndose en accionista mayoritario.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo las políticas privatizadoras que se han implementado en Colombia desde los años noventa han despojado al pueblo colombiano de sus recursos naturales y servicios público. Lo anterior se reforzó con la firma del Tratado de Libre Comercio con E.U.A. en el 2012, lo cual significó la entrega en bandeja de plata de las industrias, tierras y hasta la soberanía del país a las trasnacionales y su “aliado” estadounidense.

La creciente deuda externa es otra de las características bajo el neoliberalismo. De esta forma, en Colombia ha crecido enormemente la deuda externa en los últimos años, pasando de poco más de 20 millones de dólares en el 2002 (cerca del 5% del PIB) a duplicarse para el año 2010, periodo correspondiente al gobierno de Álvaro Uribe. Hasta el 2018, la deuda externa en Colombia era de 132.223 millones de dólares (39.7% del PIB).

Otra de las prácticas neoliberales más constantes es la aplicación de impuestos regresivos. Desde 1994 se hicieron en el país 14 reformas tributarias, destacando la de César Gaviria en 1994 que amplió la base del IVA hacia otros servicios y aumentó su tarifa dos veces (12% y luego 14%). Lo mismo hicieron Ernesto Samper (1994-1998) que amplió el IV hasta el 16%, Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos(2010-2018), cuyas reformas tributarias ampliaron el IVA hacia otros bienes de consumo que incluyeron algunos productos de la canasta básica, además de que tanto Santos como Uribe concedieron generosos beneficios tributarios a grandes empresas sobre todo trasnacionales, lo cual incluyó desde exenciones hasta deducciones y exoneraciones del pago de aportes fiscales.

Otro aspecto del neoliberalismo tiene que ver con la militarización del país. En Colombia esta situación se da ante el surgimiento de movimientos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado por Camilo Torres, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un movimiento armado de raíces agraristas que exigía la redistribución de tierras a las y los campesinos, aunado a la falta de espacios para la participación política. Desde entonces se ha intentado acabar con los movimientos guerrilleros por todos los medios. Un primer momento se da entre 1986 y 1990 con el genocidio político en el que fueron asesinados más de 4 mil personas militantes de la Unión Patriótica, un partido político institucional compuesto por el Partido Comunista Colombiano y otros movimientos sociales entre los que se incluiría las FARC en un supuesto esfuerzo por terminar la guerra civil entre el gobierno y los movimientos guerrilleros.

Luego del “fracaso” por la vía institucional, se da una guerra declarada contra las guerrillas, vinculándolas en todo momento con el narcotráfico. Surge así en el 2000 el Plan Colombia que pretendía militarizar al país con la firma de convenios de cooperación militar con E.U.A., lo cual supuso la mayor inversión militar estadounidense en la región. A cambio de 9.94 mil millones de dólares, invertido el 71 % de este dinero en el adiestramiento y armamento de las fuerzas de seguridad colombianas militar para supuestamente combatir al narcotráfico, E.U.A. recibió bases militares en territorio colombiano desde donde pudo controlar la militarización de la región. El Plan Colombia se reforzó con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), cuyo discurso “guerrista” fue evidente durante toda su administración. La realidad fue que, a raíz del Plan Colombia, no solo se fracasó en el combate al narcotráfico, sino que se convirtió al país en una zona de guerra en la cual, más allá del narco, el objetivo primordial era combatir y erradicar a las FARC y el ELN, basándose en la táctica de terrorismo de Estado y contrainsurgencia contra las y los campesinos y sectores populares que conformaban la base social de los movimientos guerrilleros. Basta con mencionar entre 2002 y 2015, más de 6 millones de personas fueron víctimas de violación a los Derechos Humanos entre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, personas desaparecidas, torturadas, amenazadas y violadas sexualmente, esto según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia.

En el 2016 se logró la firma de tratados de paz entre las FARC y el Estado colombiano donde las y los guerrilleros se comprometían a dejar las armas a cambio de una política de desarrollo agrario integral, apertura democrática, cambio en la táctica de combate al narcotráfico, creación de un sistema de Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas y garantías de la implementación de los acuerdos. Al final, el uribismo y otros sectores de la ultraderecha impulsaron un boicot que no permitió que se cumplieran a cabalidad los acuerdos, por lo que algunas cédulas guerrilleras volvieron a surgir.

AGITACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL CONTRA LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES EN COLOMBIA.

Aunque tradicionalmente Colombia no es considerado entre los países donde las movilizaciones sociales tengan auge, considerado más como un país conservador, los sectores populares colombianos no se mantuvieron al margen de las políticas neoliberales y su comprobada inviabilidad. Desde el 2002 hubo una tendencia en el aumento de movilizaciones sociales, siendo los principales motivos las políticas estatales y la defensa de los derechos, además del incumplimiento de pactos y la demanda de servicios públicos y sociales en menor medida. Las luchas sociales en Colombia han tenido como protagonistas a los pobladores urbanos, asalariados y asalariadas, y las víctimas de la violencia y represión en todo el país principalmente, aunque también las y los estudiantes y campesinos han tenido fuertes movilizaciones, al igual que los grupos étnicos en menor medida. Marchas y mítines han sido la principal forma de manifestación del pueblo colombiano, además de paros, huelgas y bloqueo de vías en segunda instancia, todo esto según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en el 2019.

Como se muestra en la gráfica las movilizaciones sociales en Colombia habían tenido al menos 3 puntos máximos de agitación hasta el 2019. El primero de ellos se da en el 2007 ante la polarización causada por el gobierno de Álvaro Uribe debido a la concentración del poder a manos del mandatario y las políticas represivas que ejerció desde que fue electo presidente en el 2002, siendo el número de movilizaciones sociales de 1, 017 a lo largo de todo ese año.

Luego, en el 2011, volvió a haber un repunte en las movilizaciones sociales encabezadas por las y los estudiantes quienes se oponían a la reforma de la ley 30 de 1992 que pretendía la creación de universidades “con fines de lucro”, es decir, universidades privadas que cobraran cuotas a las y los estudiantes haciendo de las universidades un negocio, además de otros aspectos que tenían que ver con la autonomía universitaria y la falta de recursos para las universidades públicas. Entre el 7 de abril y el 11 de noviembre se vivieron largas jornadas de lucha que incluyeron un paro nacional universitario, en donde los docentes y trabajadores universitarios junto a diversos sindicatos acompañaron a las y los estudiantes, logrando parar hasta cierto punto la reforma a la ley 30.

Otro momento álgido de movilización social se da en el 2013, año en que ocurrieron un total de 1,027 protestas, el mayor número hasta entontes desde 1975, movilizándose varios sectores sociales. Destaca el Paro Nacional Agrario convocado por diversas organizaciones campesinas quienes exigían precios justos para sus productos, planes de alivio a sus deudas, control a los altos costos de producción, detener las importaciones de productos nacionales, acceso a la propiedad de la tierra impidiendo su “extranjerización” y suspender los tratados de libre comercio, llevando a cabo también bloqueos, mítines, marchas, cacerolazos y otros repertorios de protesta en todo el país, produciéndose grandes enfrentamientos con la Policía en ciudades como Bogotá y Medellín que dejaron un saldo de 5 muertos y más de 200 heridos. Como era de esperarse, se acusó a las FARC de estar detrás de todos los bloqueos y desmanes en el paro y el presidente Santos decretó la militarización de varias ciudades como Medellín. El Paro Nacional agrario tuvo el respaldo de otros sectores movilizados como las y los estudiantes, así como grupos de sindicatos y obreros (mineros, camioneros, docentes, etc.). Mientras los sectores agrarios se movilizaban, las luchas sociales en el plano urbano tampoco pararon, registrándose 328 protestas urbanas cuya principal demanda era el acceso a un hábitat digno: tener una vivienda con servicios públicos domiciliarios de calidad y con tarifas razonables, y un entorno caracterizado por un ambiente sano y una adecuada infraestructura física, demandas que habían sido prometidas por el presidente Santos durante su campaña y que no habían sido cumplidas. Otras protestas se dieron por la carencia de agua, contra la privatización del sector energético, acceso a servicios de salud y educación y un rechazo explícito a las políticas gubernamentales.

Hacia el final de su gobierno, Juan Manuel Santos logró contener el descontento social con la firma de los acuerdos de Paz en el 2016, aunque siguió habiendo movilizaciones sociales sobre todo respecto a los derechos laborales, mejores condiciones de vida, potestas por la paz, contra la violencia y la represión y continuó el problema agrario.

DUQUE: CONTINUIDAD DEL NEOLIBERALISMO Y URIBISMO

Iván Duque llega la presidencia en el 2018 en medio de la polarización entre pactar o no con los movimientos guerrilleros, ganando la coalición Centro Democrático, contraria a los Acuerdos de Paz. Así, desde su entrada a la presidencia, Duque ha mantenido el discurso uribista de optar por la salida militarista y represiva al conflicto con los movimientos guerrilleros, aunque poco a poco las fuerzas de algunos guerrilleros que optaron por la vía institucional como método de lucha, han ganado terreno en la participación política, lo cual supone un contrapeso a las políticas de Duque.

Aun así, el actual gobierno de Iván Duque no ha sido más que la continuidad del modelo económico neoliberal que se ha implementado desde los años noventa y de las políticas de ultraderecha llevadas a cabo por su mentor político Álvaro Uribe, quien vinculado a proceso judicial en el 2018 por los delitos de fraude procesal y soborno.

Desde que Iván Duque entro a la presidencia en el 2018, ha promovido la participación del sector privado en las políticas públicas. Según César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, las más de 100 empresas públicas y privadas en las que tiene participación el Estado generan muy baja rentabilidad y tienen un valor estimado de 25 mil millones de dólares, por lo cual el gobierno de Duque ha insistido en poner a la venta las acciones estatales restantes de empresas como Ecopetrol o Interconexión Eléctrica (ISA), conglomerado de transporte de energía, telecomunicaciones e infraestructura, sin importar las implicaciones que esto tenga en asuntos como la soberanía energética, esto bajo el pretexto de solventar los problemas financieros del país y darle una mayor rentabilidad a las inversiones.

En lo referente a la deuda externa en Colombia, esta ascendió hasta 154.968 millones de dólares (55.4% del PIB) el pasado año 2020, alcanzando un máximo histórico, de los cuáles 65.269 millones son de deuda privada y 89.699 millones son de deuda pública. Recientemente, el pasado mes de abril del 2021 se anunció la emisión de 3 mil millones de dólares en bonos globales, lo cual representó un endeudamiento del país por los próximos 20 años, esto supuestamente con el fin de atender problemas sanitarios y económicos causados por la pandemia del COVID-19.

Igualmente, se ha mantenido un ambiente de represión y militarización en el país de manera constante. Un ejemplo de la continuidad de militarización se da en el 2019 cuando, en medio de una crisis por desforestación, Duque culpa a las bases de las FARC y propone militarizar las zonas afectadas con la llamada Operación Artemisa, un despliegue militar en los territorios para combatir la deforestación, mostrando que para el uribismo pareciera que la única solución a los problemas es militarizar al país. Luego, en agosto del 2020, se firma un nuevo convenio militar con E.U.A. denominado Colombia Crece planeado supuestamente para el desarrollo rural y la sustitución de cultivos de droga, aunque en el fondo se trata de un acuerdo para “garantizar la seguridad del país y combatir organizaciones criminales”, según palabras del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, en clara alusión a los movimientos guerrilleros. Las consecuencias de la militarización siguen siendo terribles para el pueblo colombiano. En lo que va del gobierno de Duque se ha dado el asesinato sistemático de alrededor de mil personas entre líderes sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos e impulsores de procesos judiciales que buscan restituirles sus tierras a las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo, además de al menos 100 ex guerrilleros.

Las reformas tributarias no podían faltar. Primero se lanzó la Ley de Financiamiento en la que se planteaban impuestos como el IVA a las bebidas gaseosas y cervezas, el impuesto a la compra y venta de vivienda, al transporte aéreo, entre otras, además de proponer un recorte del gasto social del Gobierno. Sin embargo, la ley fue tumbada por una Corte Constitucional por considerarse “inconstitucional”. Frente a ello vino la Ley de Crecimiento Económico, la cual pretendía rebajar de manera progresiva los impuestos a las grandes empresas con la excusa de generar empleo, además de que supuestamente compensaría el IVA a una pequeña parte (20%) de la población más vulnerable. Para reforzar aún más los privilegios a la clase empresarial, se aprobó la Ley del Emprendimiento, un esfuerzo del gobierno por “incentivar el emprendimiento”, aunque en realidad es la continuación de los generosos beneficios tributarios para las grandes empresas, tratando de atraer la inversión extranjera y a las trasnacionales.

Para rematar, el pasado 16 de abril se aprobó la Ley de Solidaridad Sostenible, la cual plantea una serie de reformas al estatuto tributario para ampliar la base de contribuyentes, es decir, propone que quienes ganan más de 2.4 millones de pesos mensuales (625 dólares de hoy, lo equivalente a 12 mil 659 pesos mexicanos) deben declarar impuesto de renta, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es de 908 mil 526 pesos mensuales (236 dólares, equivalente a 4 mil 793 pesos mexicanos). Aunado a lo anterior, la ley prevé el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario.

Frente a la continuidad de las políticas neoliberales y uribistas de Duque, estallaron nuevamente las movilizaciones sociales, particularmente en el 2019. Así, el pueblo colombiano rechazó la vuelta a la militarización y violación de Derechos Humanos como táctica para combatir las guerrillas, los escándalos de corrupción sonoros desde hacía ya bastante tiempo como en el caso de Uribe y otros colaboradores cercanos a Duque, el intervencionismo en Venezuela y el rechazo al paquetazo de medidas económicas y sociales que se discutían en el congreso e incluían reformas fiscales y a las jubilaciones y pensiones. El 21 de noviembre del 2019, sindicatos de trabajadores, junto al movimiento estudiantil, la Organización Nacional Indígena, la Cumbre Agraria y diversos movimientos sociales y partidos políticos, cada sector con sus demandas propias, convocaron un paro nacional al que se sumaron cientos de miles de personas en medio de la crisis política y económica que se vivía en Colombia. Por supuesto, no falto la confrontación y represión de los cuerpos policiacos, dejando al menos un joven muerto. El paro se extendió durante meses con marchas, mítines, cacerolazos y otras formas de protesta, hasta que la pandemia terminó por menguar el movimiento.

AQUÍ Y AHORA

Frente a la Ley de Solidaridad Sostenible, sindicatos de todo el país convocaron a un paro nacional para el pasado miércoles 28 de abril. La respuesta fue inesperada y miles de colombianos y colombianas volvieron a salir a las calles, esto a pesar de la contingencia provocada por el COVID-19, manifestando el gran rechazo que hay en Colombia a las políticas económicas y sociales del gobierno de Duque. “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”, se lee en una de las pancartas de las multitudinarias marchas. Las movilizaciones no son más que extensión de lo que la pandemia frenó a finales del 2019 y principios del 2020.

Las jornadas de lucha se han extendido hasta el día de hoy, logrando que por lo menos se derogara parte de la Ley de Solidaridad Sostenible. Ante la ola de manifestaciones, Duque decidió militarizar las ciudades que presentaran “desórdenes públicos”, poniendo nuevamente a los movimientos guerrilleros detrás de la agitación social. Ya en reiteradas ocasiones organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la ONU han hecho un llamado para que se ponga fin al uso excesivo y brutal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad que han hecho uso de rifles y armas semiautomáticas, así como gases lacrimógenos y cañones de agua, contra manifestantes en varias partes del país. Las recientes jornadas de movilización que se han llevado a cabo desde el pasado miércoles han dejado un saldo hasta el día de hoy de al menos 24 muertes, más de 800 personas heridas y 89 personas desaparecidas.

El pueblo colombiano despierta, como despertó el pueblo chileno, el pueblo bolivariano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo venezolano, el pueblo argentino cuyos procesos de movilización social vividos en años pasados guardan semejanzas con lo sucedido actualmente en Colombia. La movilización sigue. Las luchas sociales que durante años permanecieron aisladas, se unen ahora en un movimiento social amplio que exige un cambio ante la continuidad de las políticas neoliberales que se muestran ya caducas e inviables. Es necesario que Colombia y toda América Latina se libre de las cadenas que el capitalismo monopólico trasnacional ha impuesto en la región, es necesario librarse del yugo que han ejercido históricamente los Estados Unidos de América en las naciones latinoamericanas.

Toda nuestra solidaridad con las movilizaciones sociales que mantienen las jornadas de lucha activas en Colombia y con todas y todos quienes hacen frente a la injusticia y desigualdad alrededor del mundo. Replantearse las políticas neoliberales e intervencionistas llevará a la transformación de los pueblos.