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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año de 2019 emitió 12 recomendaciones a México para modificar su sistema de educación superior. En el documento que lleva por título: El futuro de la Educación en México; promoviendo calidad y equidad, se encuentran contenidos que ahora conforman la iniciativa de la Ley General de Educación Superior.

La decisión de Esteban Moctezuma, ex Secretario de Educación Pública, de implementar esta nueva propuesta educativa, refleja la continuidad de las políticas capitalistas neoliberales. Nuevamente la OCDE ha logrado intervenir en la política educativa del país bajo el discurso de mejorar la calidad en la educación, sólo que ahora en el terreno de la educación superior. La Ley General de Educación Superior (LGES), homologa la creación de un organismo autónomo que tiene el objetivo de evaluar al sistema nacional de educación superior y tiene la facultad de emitir los programas de estudio, contenidos y estrategias para todas las instituciones de educación superior (IES), esto es universidades públicas y privadas, tecnológicos, normales e instituciones de formación de docentes.

Sin embargo, quienes van a conformar ese organismo nacional son los mismos que han golpeteado la gratuidad en la educación; que han recortado los presupuestos de las universidades públicas; que han intentado erradicar la organización sindical real del profesorado y de las y los trabajadores de la educación; que atentan en contra de los derechos que han sido producto de la lucha social como los contratos colectivos y las prestaciones de las y los docentes; que han cerrado carreras afines a las humanidades o ciencias sociales; que han recortado la matrícula de las normales; que han malversado recursos de las IES, a saber, son los rectores, gobernadores, empresarios y representantes de la Secretaria de Educación Superior, quienes van a tener el poder mayoritario del sistema de educación superior. En consecuencia, lo que hace esta ley es legitimar las prácticas de aquellos actores que han desmantelado el sistema público de educación superior.

Además, una particularidad de la LGES es que le abre las puertas a la inversión de las empresas al interior de las universidades públicas. En suma, la Ley General de Educación Superior es una iniciativa neocolonial que obedece a la hegemonía capitalista y que tiene como principales efectos la homogeneización, estandarización y privatización de la educación superior.

Los artículos en los que podemos encontrar el carácter neoliberal de esta ley son los siguientes:
En el artículo 4 establece la obligatoriedad de la educación superior. Sin embargo, esta supuesta obligatoriedad está condicionada a los requisitos que establezcan las distintas IES. Así pues, para ingresar a la educación superior va a seguir siendo necesario, por ejemplo, pagar cuotas, realizar exámenes o cumplir con un determinado promedio. De esta manera, vemos cómo los mecanismos de exclusión de la educación superior siguen estando presentes. Con esta ley no existen condiciones para garantizar el acceso total a la educación; sigue siendo un privilegio de unos cuantos.

En el artículo 28 encontramos la nueva configuración de la educación superior o la homogeneización de las instituciones. El Sistema Nacional de Educación Superior ahora estará integrado por los subsistemas universitario, tecnológico y de escuelas normales y formación docente, en sus diferentes modalidades y sin diferenciar las instituciones públicas y privadas.

El artículo 32 otorga la rectoría de la educación normal e instituciones de formación docente a la secretaría, lo cual promueve el centralismo educativo y garantiza el control de la educación normal.

El artículo 34 estipula la creación del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal. Este nuevo organismo va a ser el centro de la toma de decisiones en torno a la educación normal e instituciones de formación docente. Representantes de la SEP y los encargados de las distintas escuelas de formación docente van a conformar el consejo y tendrán la facultad de establecer los programas y las estrategias a seguir en cada normal y demás instituciones de formación docente. El problema de este modelo es que quienes van a tener voz y voto del qué hacer con estas IES, son los mismos que han estado promoviendo el recorte de matrícula, de presupuesto o de recursos. Los mismos que no resuelven el problema de los egresados y la asignación de plazas.

Y aun cuando se diga que se van a realizar consultas a las bases estudiantiles sobre las distintas decisiones del consejo, esto no garantiza la participación real de las y los estudiantes o del profesorado. Las consultas son una simulación ya que no son estos últimos los que están deliberando sobre las rutas de trabajo a seguir.

El artículo 52 establece la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, el cual será el organismo encargado de controlar el sistema de educación superior.
El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior estará conformado por:

I. La persona titular de la SEP, quien se encargará de su coordinación.
II. La persona titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.
III. La persona titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
IV. Las autoridades locales en materia de educación superior.
V. Las personas titulares de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional y del Tecnológico Nacional de México.
VI. Tres personas titulares de Instituciones públicas y particulares de educación superior en representación de cada subsistema de educación superior, por cada una de las seis regiones geográficas.
VII. Siete personas en representación de asociaciones nacionales de las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares que, de manera individual, representen la matrícula más numerosa en el país.
VIII. Tres personas del personal académico en representación de cada subsistema de educación superior.
IX. Tres estudiantes en representación de cada subsistema de educación superior.

El Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior contará con un secretariado conjunto para la implementación y asignación de acuerdos y tareas, el cual estará conformado por los integrantes de aquel.

Cabe mencionar que en este espacio “deliberativo” existe una notoria diferencia entre los representantes de las universidades públicas y privadas, debido a que estas últimas superan el número de las instituciones públicas. Aproximadamente, a nivel nacional se estima que de las 5 mil 163 escuelas de educación superior, el 60% son instituciones privadas. Lo cual le otorga una mayor representatividad y poder al sector privado dentro de la toma de decisiones del consejo. En consecuencia, quienes van a dictar la pauta a seguir en el sistema de educación superior del país son aquellos actores que se han beneficiado de la lógica mercantilista de la educación; aquellos que han visto a la educación como una buena inversión.

El esquema del consejo nacional va a tener una réplica en cada Estado, ya que cada entidad federativa contará con una Comisión Estatal para la Planeación de la Educación.
La comisión Estatal estará conformada, al menos, por un representante de cada uno de los subsistemas de educación superior de la entidad, tanto de instituciones públicas como particulares, un representante de la autoridad federal y local.

En cada organismo Estatal se podrán establecer estrategias y propuestas para modificar los planes y programas de estudio de las IES, así como nuevas modalidades de estudio. Asimismo, cerrar o abrir nuevas carreras y crear nuevas instituciones públicas. Pero como lo importante para la visión hegemónica es formar capital humano altamente productivo no es difícil prever que las carreras que fomentan el pensamiento crítico, las artes y las humanidades, serán vistas como lastres.
El artículo 58 define que se creará un sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Tanto el gremio docente, como las instituciones serán sometidos a constantes evaluaciones con el supuesto de mejorar la calidad y lograr el máximo logro de aprendizaje, pero lo que en realidad hacen estas mismas es estandarizar y controlar al sistema educativo superior.

El artículo 67 permite la intromisión de las empresas a las universidades públicas debido a que los bienes y servicios de las universidades estarán exentos de pagar impuestos federales, lo cual atraerá los convenios con el sector privado, ya que quienes convengan o establezcan contrato con las universidades también estarán exentos de realizar cualquier tipo de pago. Esto es un negocio redondo.

La idea de que las universidades deben autofinanciarse le resta la responsabilidad del Estado de hacerse cargo y cubrir con los gastos de la educación del país.

Así pues, la propuesta de Ley de Educación Superior de la 4T es una continuidad de la aplicación de mecanismos neoliberales en la educación del país. Su contenido no es en absoluto una solución a los problemas de las IES. La única forma de remediar todos estos males es la organización desde las bases estudiantiles y de las y los trabajadores de educación superior.