María Díaz
El 12 de noviembre el presidente de la república, Andrés Manual López Obrador, presentó una iniciativa para eliminar la figura del outsourcing, la cual fue introducida a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con la reforma laboral de 2012.
Impulsada por el expresidente Felipe Calderón, la reforma laboral legalizó una práctica patronal muy común en el mercado laboral: la subcontratación, outsourcing o terciarización de la mano de obra. La reforma calderonista agregó a la LFT los artículos 15-A, 15-B, 15-C, y 15-D para legalizar esta figura, y con ello renunciar a la fiscalización laboral, lo cual dio manga ancha a la ampliación de prácticas como reducción ilegal de salarios, establecimiento de relaciones laborales sin contrato, pago de conceptos y prestaciones sociales inexistentes, evasión sobre el reporte real del pago de salario al IMSS, SAT o Infonavit.
La subcontratación implica que los trabajadores y trabajadoras son en términos formales trabajadores de un tercero, un patrón que no es dueño de la empresa o material de trabajo, donde el trabajador y trabajadora realizara su jornada laboral. De esta forma el dueño de la empresa (banco, fábrica, tienda, finca, institución, restaurante, hospital, etc.) evade no solo la responsabilidad de garantizar a los trabajadores y trabajadoras los derechos establecidos por ley, también evade el pago de impuestos o las cuotas patronales al IMSS o Infonavit, bajo el supuesto de que una empresa contratista le “administre la nómina”.
El argumento de la patronal es que la subcontratación se efectúa para contratar personal en áreas y actividades no esenciales de la empresa, sin embargo, evidentemente es una mentira. La subcontratación se ha generalizado, encontramos hospitales públicos y privados que tienen bajo este régimen a sus médicos y enfermeras, o bancos que tienen al total de su planta incluyendo a su gerente general bajo esta figura.
La expansión de esta forma de contratación laboral ha permitido que para el año 2020, más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras se encuentren contratados bajo esa figura.
Tan solo el Rey del outsourcing, Raúl Beyruti, dueño de GINgroup, controla a cerca de 200 mil trabajadores. Bajo el eufemismo de colaboradores, Beyruti, subcontrata personal para grandes empresas como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander. Por su parte, la Asociación Mexicana de Capital Humano, que agrupa a 20 empresas outsourcing, tiene bajo su control a más 170,000 empleados.
Existen 900 “empresas de capital humano” (outsourceras) de las cuales solo 100 tienen registro ante el IMSS y 40 pagan impuestos, las demás usan esta figura para evadir impuestos de forma premeditada y obtener jugosas ganancias a costa precarizar al extremo la fuerza de trabajo .
La subcontratación implica condiciones negativas para la clase trabajadora: elimina la estabilidad y certidumbre laboral, evita la sindicalización y fomenta los sindicatos blancos (constituidos y controlados por la patronal), se pierde el derecho de acceder al seguro social o fondo para la vivienda, también se ven reducidos sus salarios o pierden la posibilidad de percibir reparto de utilidades, ahorro para el retiro, pensión o jubilación.
Ante la iniciativa de AMLO que, aparentemente, eliminará el outsourcing, los empresarios han dicho que se perderán 5 millones de empleos, sin embargo, es claro que esto es un chantaje. La patronal no contrató a estos 5 millones por su vocación de “generar” empleos, sino porque sustituyó puestos labores con malas condiciones labores por empleos con peores condiciones bajo el régimen de subcontratación.
La precarización de la fuerza de trabajo
La legalización del outsourcing no ha impactado, como lo dicen los empresarios, en la generación de más empleo, ni en el combate a la desocupación, ni informalidad, ni la subocupación. Lo que si ha permitido es presionar cada vez más a la clase trabajadora y con ello contribuir a la precarización de los salarios.
Si tomamos como referencia los datos previos al inicio de la pandemia con el objetivo de evitar datos de coyuntura, observamos que la informalidad alcanzó, para el último trimestre de 2019, la cifra récord de 31 millones, lo que representa el 56 por ciento de los 56 millones de trabajadores que había en México.
Si observamos el comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA), que indica la cantidad toral de trabajadores que existen en el país, el periodo que comprende entre el 2011-un año antes de la legalización del outsourcing- hasta el 2018, se visibiliza un crecimiento de los sectores de trabajadores y trabajadoras con salario precarios y una disminución de los sectores con mejores remuneraciones.
Los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo incrementaron de 5 millones 947 mil a 8 millones 705 mil, lo que representa un aumento de 2 millones 757 mil trabajadores con salarios por debajo del mínimo legal.
Los que ganaban más de uno hasta dos salarios mínimos, incrementaron en 4 millones 674 mil, al pasar de 10 millones 61 mil a 15 millones 287 mil.
Los que ganaban entre dos y tres salarios mínimos se redujeron, al pasar de 10 millones 337 mil a 9 millones 789 mil, el equivalente a 598 mil puestos de trabajo.
Los que ganaban de tres a cinco salarios mínimos se redujeron en 948 mil, al pasar de 7 millones 884 mil a 6 millones 936 mil.
Los que ganaban más de cinco salarios mínimos, se redujeron al pasar de 3 millones 983 tres mil a 2 millones 419 mil, y con ello se perdieron 1 millón 564 mil puestos de trabajo con altos niveles de ingresos.
Con lo anterior se observa que los sectores de salarios más precarios se incrementaron en 7 millones 432 mil puestos de trabajo, mientras que los puestos laborales con mejores ingresos disminuyeron.
La subcontrtacion tenía y tiene por objeto incrementar los grados de explotacion de la fuerza de trabajo por medio de un mecanismo legal que los empresarios pueden usar para precarizar aun más el mercado laboral.
El outsourcing es un mecanismo para abaratar más el costo de la mano de obra y obtener mayores tasas de ganancia.
Es positiva la eliminación de la figura de la subcontrtacion de la LFT, otorga a la clase trabajadora herramienrtas para luchar por sus derechos, como la estabilidad laboral, prestaciones sociales y seguro social, sin embargo, lo que es un hecho es que no bastará. Debido a la situacion objetiva del mercado laboral, dominado por la subocupacion, desempleo, informalidad, los trabajdores y trabajadoras se ven obligadas a aceptar precarias condiciones laborales aunque éstas sean ilegales.
Incluso, como lo señala el sociologo marxista, Ricardo Antunes, la patronal ha presionado para que, justificados en la pandemia, la frexibilizacion, los “prestadores de servicios”, y la desregulacion, se amplien. Además de que se impongan nuevas formas de relaciones laborales por medio del uso de plataformas digitales o las tecnologías de la informática, las cuales fragmentan aun más la fuerza de trabajo, aislando, individulizando o encraustrando a la mano de obra en su casa (home-office), con lo cual las condiciones materiales para la lucha sindical o colectiva prácticamente desaparecen.
De esta forma, señala Antunes, crecen sectores de trabajadores que se encuentra fuera de la legislación que protege el trabajo.
Hoy la lucha por mejores condiciones laborales pasa por un incremento de los grados de organiazcion y lucha de los que vivimos de nuestro trabajo.
Referencias:
Ver https://www.jornada.com.mx/2020/11/16/opinion/027o1eco
Ver https://indicepolitico.com/de-900-empresas-outsourcing-en-mexico-solo-100-tienen-registro-ante-el-imss-y-40-pagan-sus-impuestos/
Ver Antunes, R. Del descubrimiento a la desolación, disponible en https://vientosur.info/del-descubrimiento-a-la-desolacion-laboratorio-y-experimentacion-del-trabajo-en/
