Marco


La inseguridad y la violencia generalizada son dos de las grandes problemáticas que afrontan las y los mexicanos hace ya bastante tiempo. Para combatirla, se han llevado a cabo diversas acciones y programas de seguridad que han fracasado; una de las tácticas recurrentes de los diferentes gobiernos en México ha sido la militarización, donde las fuerzas militares operan en labores de seguridad pública para enfrentar la problemática. Sin embargo, hace falta definir el concepto de militarización y caracterizarlo para entender las consecuencias que esto tiene, sobre todo tomando en cuenta el momento actual donde el ejército y la Guardia Nacional toman cada vez más protagonismo bajo el gobierno en México de Andrés Manuel López Obrador.

La militarización: concepto y caracterización.


Para comenzar, es necesaria una aproximación al concepto. Así, la militarización se entiende como el resultado de dos procesos en donde, por un lado, las instituciones militares se constituyen en un actor hegemónico dentro de la vida institucional de un Estado, mientras que por otro, las instituciones civiles pertenecientes al campo organizacional de las políticas de seguridad pública, adquieren lógicas militares tras la activación de mecanismos del cambio institucional isomorfo, es decir, que los cuerpos policiacos federales y estatales, Guardias Nacionales y otras instituciones civiles de seguridad pública, tienen una relación dependiente con el campo militar (Morales y Pérez Ricart, 2014).


Sin embargo, la definición del concepto no es suficiente para identificar la militarización, también habrá que caracterizarla. En primer lugar, se tiene la justificación de la militarización en el concepto de Seguridad Nacional, confundiendo e intercambiando las categorías de Seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Bajo esta premisa, el Estado está obligado a defender y resguardar sus fronteras y su soberanía de amenazas tanto externas como internas, siendo las fuerzas armadas un elemento fundamental para esta tarea. De esta forma, el Estado ejerce un estricto control social llegando incluso a suprimir algunas libertades civiles, promulgar leyes arbitrarias y criminalizar la protesta (Cárdenas, 2019).


Por lo regular, la militarización se da en un contexto de crisis estructural en el que el Estado ya no es capaz de mantener su dominación y hegemonía sobre los sectores populares, por ello se recurre a la coerción por parte de las fuerzas militares, policiacas, paramilitares y otros organismos de seguridad, que se asumen como servidores y defensores del orden bajo un discurso salvacionista, es decir, se asimilan a sí mismas como salvadoras de la nación. Por supuesto, al asumirse las “fuerzas del orden” como representantes de la defensa nacional, se requiere de la creación de una figura política, social y cultural opuesta que represente al “otro”, al “enemigo”, ya sea dentro o fuera del Estado. Esta figura se identificará con toda aquella persona u organización que se oponga a las ideas impuestas desde los aparatos estatales y que representen una amenaza para sus intereses (Roitman, 2013).


Es en este contexto que se justifica la implementación de la militarización por parte del Estado burgués, viendo las acciones coercitivas y represivas de las “fuerzas del orden” como una violencia institucionalizada. De esta manera, la militarización se caracterizará por la guerra de baja intensidad, entendida como un recurso que tiene el Estado para el uso o amenaza de uso limitado de la fuerza con la intención de conseguir objetivos políticos, sin necesidad de involucrarse plenamente en cuanto a recursos y voluntad, características de las guerras de supervivencia o conquista. Este tipo de estrategia contrainsurgente puede incluir diplomacia coercitiva, funciones policiacas, operaciones psicológicas, guerra de guerrillas, actividades contraterroristas y despliegues militares-paramilitares (Bermúdez, 1989).


Dentro de la Guerra de Baja intensidad se tiene una guerra psicológica y el terrorismo de Estado ejercido contra la población. Carlos Fazio define la guerra psicológica como un tipo de operación militar mediante la cual el Estado busca explotar las “vulnerabilidades” del “enemigo” y su bases de apoyo: miedos, necesidades y frustraciones, logrando así controlar grandes masas y/o territorios sin necesidad de recurrir a otras formas de guerra convencional, todo ello a partir del militarismo, los medios de comunicación, la propaganda, sugestión compulsiva, el ocultamiento sistemático de la realidad y otras técnicas psicológicas (Fazio, 1997). Respecto al Terrorismo de Estado, esto se refiere a la violencia política ejercida desde el Estado contra todo aquel que entre en la categoría de “enemigo”, además de ser utilizada para amedrentar a la población a través de diversos mecanismos represivos como encarcelamiento, exilio, persecución, vigilancia, desaparición, ejecución, usando una política de terror sistemático que opera clandestinamente por fuera de todo marco legal (Adamoli, 2014).


Por último se tiene el imperialismo, caracterizado por Vladimir I. Lenin quien identifica cinco de sus rasgos esenciales: la concentración de la producción y del capital, la creación de los monopolios y la progresiva desaparición del mercado competitivo; la fusión del capital bancario con el industrial y la aparición del capital financiero; la exportación de capitales y la búsqueda de nuevas posibilidades de inversión; la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas que se reparten el mundo; la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes, con el objeto de adueñarse de mercados externos y asegurarse el suministro de materias primas. Así, ante la crisis económica generada de las contradicciones del capitalismo y su fase superior, en el imperialismo se implementa una política militar de carácter expansionista, justificándose de esta forma el intervencionismo militar, convenios, decretos y leyes que fortalecen la presencia militar imperialista, escuelas de entrenamiento y capacitación profesional a las fuerzas armadas, financiamiento de armamento, ocupación militar por medio de bases militares (misiones), entre otras estrategias intervencionistas que servirán para asegurar sus posiciones de poder (Borón, 2003).

EL proceso de militarización en México.
El proceso de militarización del Estado Mexicano fue diferente al del resto de Latinoamérica, aunque envuelto en el mismo contexto. Primeramente, hay que decir que en México los golpes de estado y las dictaduras militares para restaurar el orden establecido en momentos de crisis no fueron muy recurrentes. En 1876, el General Porfirio Díaz, veterano liberal de la segunda guerra de intervención francesa, tomó el poder e instauro una dictadura militar que sería derrocada hasta 1910 con la Revolución Mexicana.

En 1913, el General Victoriano Huerta, apoyado por el viejo séquito militar porfirista y por el gobierno de Estados Unidos, da un Golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero, aunque sería rápidamente derrotado por los grupos revolucionarios. Desde aquel momento, México entrará en una fase de institucionalización que se consolidaría con la Constitución Mexicana de 1917, aunque los caudillos militares emanados de la revolución continuaron manteniendo el poder hasta 1946.
En un contexto en el que en América Latina predominaban los Golpes de Estado y las dictaduras militares, en México prevalecerá un autoritarismo institucionalizado que le permitirá al Estado Mexicano tener el control de todas las actividades sociales, políticas, económicas, intelectuales, culturales y espirituales, manteniendo el consenso entre la población. Este autoritarismo institucionalizado no podría entenderse sin el uso o amenaza de uso de la fuerza, utilizando lo mismo a militares que a policías para salvaguardar la estabilidad interna, para garantizar el éxito del proyecto político del gobierno federal, así como los intereses de liderazgos locales, caciques y otros circuitos de poder (Pérez Ricart, 2018).


Cuando el consenso ya no fue suficiente, se recurrió la coerción y, por supuesto, la militarización. Una incipiente militarización en México se tiene en los años sesenta cuando el sector estudiantil universitario era considerado el principal “enemigo” del orden, momento en el cual el ejército llegó a ocupar recintos universitarios, la policía reprimía cualquier brote de manifestación y los grupos paramilitares serán protagonistas en la localización y represión de sectores opositores al régimen, tal como el grupo Los Halcones, que tuvo participación tanto en la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, como en la represión del Jueves de Corpus, conocida como el Halconazo, el 10 de junio de 1971.

En los años setenta y ochenta, el “enemigo” fue identificado con los grupos guerrilleros rurales y urbanos como el PDLP, el MAR y la Liga 23 de Septiembre, contra los cuales se hizo uso de aparatos clandestinos y grupos paramilitares que fueron conocidos como Escuadrones de la Muerte, siendo ejemplo de ello la Brigada Blanca, integrada por miembros de distintos cuerpos policiacos que ejercían tanto en el campo de seguridad pública como en el campo militar. Después, en los noventa, el “enemigo” transmuta hacia el EZLN, siendo este el momento en que ya se puede hablar de una clara militarización en México. Finalmente, se tiene la concepción del “enemigo” en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, noción que prevalece hasta hoy en día.


Para combatir al “enemigo” y las crisis del capitalismo, el Estado Mexicano recurrirá a una “guerra sucia”, que no es otra cosa que una guerra de baja intensidad. Como bien apunta Fazio, la guerra de baja intensidad buscará generar consenso, pero, si no se logra, entonces recurre al terror. Se implementa para ello un esquema de guerra psicológica que incluye sugestión compulsiva, un despliegue propagandístico intenso y muy agresivo impuesto a través de los medios de comunicación (radio, TV y prensa escrita), el nacionalismo, discurso político, modelos económicos e incluso la religión, tratando de construir una verdad e imponerla represivamente, orientada en lo fundamental contra todos aquellos que constituyen la base social de apoyo, material o intelectual, real o potencial, de los insurgentes.

Esta táctica de guerra se inaugura en México en 1995 con la ofensiva militar contra el EZLN, ocupando zonas controladas por los zapatistas en Chiapas, aunque ya se habían expresado ciertos rasgos de la guerra de baja intensidad durante los años setenta con el combate a los grupos guerrilleros (Fazio, 1997).


Con justificación en la doctrina de seguridad nacional, el ejército poco a poco comenzará a ejercer tareas de seguridad pública, consolidándose el proceso de militarización. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 129, el lugar de las fuerzas armadas en tiempo de paz son los cuarteles, por lo cual las fuerzas armadas no deberían ocuparse de la seguridad interior, salvo casos específicos y excepcionales. Sin embargo, desde finales del siglo XX y hasta la actualidad, se tiene un proceso de militarización amplio en donde se da la adquisición de lógicas militares por parte de las instituciones policiacas que va acompañado del empoderamiento de las instituciones castrenses.


De este modo, los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) desde 1988 han sido un instrumento para institucionalizar el uso de las fuerzas armadas en tareas en contra de la delincuencia organizada, incorporando por ejemplo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la de Marina (SEMAR) a tareas de seguridad pública a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), creado en 1995, en cuya composición se encuentra el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) integrado por los titulares del Ejército y la Marina, coordinados con autoridades gubernamentales. Respecto a la ampliación de la jurisdicción militar (SEDENA y SEMAR), en 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación legaliza la participación de las fuerzas armadas fuera de los cuarteles en auxilio de las autoridades locales; luego, en el año 2000, se incorporan algunos miembros de la Secretaría de Marina a la Policía Federal Preventiva; para el 2005 se integran el Secretario de Marina y el Secretario de Defensa al gabinete de Seguridad Pública, lo cual permite a las fuerzas armadas definir las estrategias y políticas de coordinación en materia de seguridad pública de las dependencias del Ejecutivo Federal. A lo anterior se suman múltiples operaciones conjuntas de participación militar en cooperación con órganos de seguridad pública, sobre todo a partir del 2005, además de la creación de cuerpos e instituciones de seguridad pública que se compusieron de personal activo de las fuerzas armadas como la Policía Federal Preventiva (1998-2002) y la AFI (2001-2012) (Morales y Pérez Ricart, 2014).


Al igual que en Latinoamérica, el proceso de Militarización en México significará la constante violación a los Derechos Humanos no solo del “enemigo” sino de la población en general. La incipiente militarización de los años setenta y ochenta, cuando los movimientos armados pusieron en jaque al orden establecido en México, dejará un saldo de cientos de personas detenidas y torturadas, además de al menos 532 desapariciones entre 1972 y 1982, atribuidos a los aparatos de seguridad del Estado mexicano tanto oficiales (Ejército, Dirección Federal de Seguridad) como grupos paramilitares (Brigadas Blancas).

Consolidado ya el proceso de Militarización, tan solo en Chiapas entre 1995 y 2001 fueron desaparecidas por lo menos 37 personas y 86 fueron ejecutadas, incluyendo la Matanza de Acteal en 1997, todos crímenes perpetrados por el ejército y grupos paramilitares como el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Chinchulines y Paz y Justicia.

La guerra contra el Narcotráfico emprendida por el Estado Mexicano en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) dejó lo que se considera la peor crisis de violaciones a derechos humanos en México, con un total de más de 121 mil personas asesinadas y 26 mil desaparecidas, siendo la mayoría civiles, en un momento en el que las fuerzas armadas estaban presentes en las calles. La situación no ha mejorado en los gobiernos recientes, mientras las cifras de violaciones a derechos humanos siguen disparándose hasta hoy en día, llegando al punto en que las fuerzas armadas aparecen entre las instituciones que más quejas por violación de derechos humanos tienen ante la CNDH, participando en matanzas como la de Tlatlaya y desapariciones como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el 2014.


El proceso de militarización en México no se podría entender sin la presencia del imperialismo estadounidense. Sin duda, la militarización del Estado Mexicano tiene mucho que ver con la política de seguridad de los Estados Unidos, lo cual se puede notar desde el momento en que se implementan políticas económicas impuestas directamente desde el imperialismo norteamericano, tal como fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o recientemente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De la misma manera, Estados Unidos no solo se adjudica la responsabilidad de seguridad y defensa de México y América Latina, sino que también impone la figura con que se identifica al “enemigo”, abastece constantemente a los ejércitos de armas y equipos, promueve y materializa planes de seguridad como la Iniciativa Mérida, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) o la Cumbre de las Américas. Se justifica el intervencionismo militar estadounidense con el uso del concepto de Estado Fallido y se da entrenamiento militar a través de instituciones como la Escuela de las Américas, todo esto tratando se salvaguardar sus intereses económicos en la región y proteger a los sectores burgueses en el poder (Cárdenas, 2019).


Consideraciones finales


La Ley de Seguridad Interior, discutida desde el año 2017, representa una continuación del proceso de militarización del Estado Mexicano al establecer que el presidente podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas para enfrentar “amenazas a la seguridad interior”, lo cual significa un peligro para los sectores populares por las consecuencias que ya se han mencionado en este artículo, desde la persecución y represión de los movimientos sociales hasta la constante y legalizada violación de los derechos humanos, al tiempo que la violencia y la inseguridad, en vez de reducirse, se ha incrementado teniendo al ejército en las calles. Bajo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el proceso de militarización no se ha detenido, al contrario, se ha fortalecido. El “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” contempla, entre otras cosas, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo militar bajo el mando de la SEDENA que cumplirá con tareas de Seguridad Pública.


Por otro lado, aun con el empoderamiento de las fuerzas armadas, el Estado Mexicano ha sabido mantenerlas hasta ahora supeditadas al poder político presidencial, concibiéndose como instituciones profesionales y corporativas, integrantes del Estado y respetuosas de la institucionalidad, en el sentido burgués de la palabra. Aunque la idea de Golpe de Estado Militar al estilo de la vieja usanza latinoamericana se encuentra algo lejana, el hecho de que las fuerzas militares se encuentren supeditadas al poder político presidencial permite que quien llegue a asumir el mando del ejecutivo federal pueda hacer uso de él para imponer su voluntad acorde a sus intereses, siendo esto aún más alarmante ante el peligroso ascenso de la derecha en México y Latinoamérica. Sin duda los procesos de militarización están altamente cargados de Fascismo, lo que significa la legislación de leyes arbitrarias, la reducción de derechos, excesivo control social y subordinación de los medios de comunicación.


Al final, hay que entender que los procesos de militarización en México y América Latina responden a la imposición de un modelo económico: el capitalismo monopólico transnacional, es decir, el neoliberalismo. Lo anterior tiene que ver con que las empresas transnacionales imponen sus condiciones a los Estados, entre ellas la garantía de que su capital, sus inversiones y sus intereses queden protegidos, siendo las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública una herramienta para ello. En este sentido, hay que entender que tanto las fuerzas armadas como los órganos de seguridad pública no tienen otra finalidad que la de proteger los intereses de las clases dominantes, más allá de sus tareas en materia de seguridad.


Hoy, ante el panorama de militarización continua del Estado Mexicano, se debe pugnar por la desmilitarización del país, que se respete la constitución en su artículo 129 y el ejército vuelva a los cuarteles, que es a donde pertenece. Está más que comprobado que las estrategias de militarización han fracasado y no han traído más que represión y violencia institucionalizada ejercida contra la clase trabajadora. Es necesario que las y los trabajadores junto a los sectores populares logren organizarse de tal forma que se garantice su seguridad, sin necesidad de requerir el accionar de las fuerzas armadas ni los órganos estatales de seguridad pública, ya sea por medio de policías comunitarias u otros órganos de seguridad comunal. Por supuesto, las estrategias de seguridad comunal deben de ir acompañadas de una conciencia de clase que les permita darle claridad política a organización, a la par de que las estrategias de seguridad comunal deben servir para disputar el poder político a corto, mediano y largo plazo.

Las consignas están muy claras:

¡NO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS!
¡NO AL EJÉRCITO EN LAS CALLES, QUE VUELVA A LOS CUARTELES!
¡ALTO A LA GUERRA, LA VIOLENCIA Y LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LA CLASE TRABAJADORA!
¡SEGURIDAD PARA LOS SECTORES POPULARES!
¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA ¡VENCEREMOS!


Fuentes:
• Adamoli, María Celeste, “Pensar la dictadura. Terrorismo de Estado en Argentina: preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza” en Programa “Educación y Memoria”, Ministerio de educación de la Nación, Buenos Aires, 2014.
• Bermúdez, Lilia, La guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica, Siglo XXI Editores, 1989.
• Borón, Atilio, Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2003.
• Cárdenas Gracia, Jaime, “Ley de Seguridad Interior y militarización”, en Revista Mexicana de derecho constitucional, IIJ-UNAM, Núm. 40, enero-junio 2019.
• Fazio, Carlos, El tercer vínculo. De la teoría del caos a la militarización de México, Editorial Planeta, México, 1997.
• Morales Rosas, Sabina; Pérez Ricart, Carlos, “Militarización: una propuesta conceptual basada en el caso mexicano (1995-2012)”, en México vía Berlín e. V. Documentos de trabajo, 2014, [en línea] http://mexicoviaberlin.org/documento-no-mvb-wp-2014-002-serie-mvb-working-paper/ (Consulta: 04 de junio del 2020).
• Pérez Ricart, Carlos, “La temprana (y permanente) militarización de la seguridad pública en México: Un estudio histórico”, en Revista Contextualizaciones Latinoamericanas, U. de G., núm. 19, 2018.
• Roitman Rosenman, Marcos, Tiempos de Obscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina, ediciones Akal, Madrid, 2013.