México, 15 de mayo de 2020.
En días recientes, el nuevo gobierno federal ha culminado el proceso de militarización del país iniciado con el sexenio de Felipe Calderón. Los dos decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril y el 8 de mayo, respectivamente, faculta a las Fuerzas Armadas para intervenir abiertamente en acciones de seguridad pública, de la mano de la recién fundada Guardia Nacional, por lo menos hasta el año de 2024.
El “Acuerdo” publicado recientemente decreta la orden a la “Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”.
Dicho con otras palabras, con ello se consolida la estrategia inaugurada por Felipe Calderón de combatir al crimen organizado y sus negocios a “sangre y fuego”; es decir, queda expuesta la incapacidad de resolver de fondo el terrible problema de la violencia generada por los cárteles y sus socios en todos los niveles. Manteniendo así una continuidad del proceso iniciado con la nueva Ley de Seguridad Interior, y legalizado con la fundación de la Guardia Nacional integrada mayoritariamente por elementos del Ejército, la Marina y la extinta Policía Federal, bajo el mando de oficiales todos provenientes de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, es fundamental subrayar con mucha preocupación el poder que han estado acumulando las Fuerzas Armadas. Ya que no es posible negar las múltiples relaciones entre los megaproyectos desarrollistas, financiados por el gobierno federal, que se quieren imponer contra la voluntad de los pueblos y los intereses corporativos capitalistas, con el alarmante proceso de militarización, a través del cual, la Fuerza Armada permanente incrementa exponencialmente sus recursos económicos, se le otorgan cada vez más tareas y atribuciones, evidentemente al margen de sus funciones constitucionales, que van desde la construcción y administración de aeropuertos, carreteras, edificación de sucursales bancarias, administración de puertos y hospitales y, ahora, se le confieren tareas de seguridad pública a fuerzas armadas, con una trayectoria de participación en crímenes de Estado, nunca investigados ni mucho menos juzgados, y con innumerables denuncias en su contra, en los pasados años, sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Sumado a lo anterior, es preciso recordar que los resultados de la militarización en la “guerra contra el narcotráfico” no han sido positivos. Pues como ha sido demostrado por distintas institutos de investigación sobre políticas públicas, la participación de los militares y marinos en tareas de seguridad pública ha incrementado la violencia en todo el país, pero sobre todo se ha incrementado la presencia de grupos delictivos. Tan solo a manera de muestra, ello puede consultarse en el estudio publicado por el propio Senado de la República titulado “Seguridad interior: elementos para el debate” (http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3344/Reporte39_SeguridadInterior_DistDigital.pdf), así como en los informes elaborados por investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) titulados “La Guerra contra las drogas en los hechos”, “Militarización de la lucha contra el narcotráfico” y “¿Cómo las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad alteran la violencia?”.
La militarización, que supuestamente surgió como una estrategia de guerra contra el narcotráfico, ha causado violencia contra el pueblo. Pues en los hechos las bandas de paramilitares y narco-paramilitares siguen operando de forma impune; así como sus negocios y socios siguen creciendo.
La militarización por medio de la creación de la Guardia Nacional, y la ahora participación legal de las Fuerzas Armadas, permite a los militares negociar políticamente en condiciones más favorables para su actuación en la política nacional. El ascenso del poder político de las fuerzas amadas se muestra en el creciente y estratosférico presupuesto de la SEDENA y la SEMAR, de 2006 al 2019. Para el último año, el presupuesto que el gobierno de AMLO destinó al Ejército y Marina es histórico, pues representa una cantidad de 125 mil 753 millones 562 mil 602 pesos. Superior que al monto de recursos que cada aña tanto Felipe Calderón como Peña Nieto destinan a este rubro.
Es decir, la demanda de los militares ahora ha sido ya cumplida con los recientes decretos presidenciales, consolidando así el proceso de militarización.
Desde hace por lo menos una década, esta escalada de militarización ha generado reacciones políticas y legales de múltiples sectores de la sociedad que no puede ni debe permanecer indiferente. Como afirmó la organización Seguridad Sin Guerra, “la pandemia por la que atraviesa el país y el mundo no debe ser utilizada como cortina de humo para aprobar leyes que menoscaben el sistema constitucional para avanzar al militarismo (…) El decreto no establece mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas e implica que el militarismo salió del closet. Por otra parte, los partidos de derecha como el PAN, quienes apenas hace unos años ellos mismos crearon e impulsaron la guerra contra el narcotráfico, con una hipocresía y cinismo criminales, “denuncian” una militarización del país.
Es por lo anterior que exigimos el inmediato regreso de los militares a sus cuarteles. Exigimos que se detenga esta criminal militarización del país. Exigimos que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, y se respete el derecho del pueblo a organizarse y protestar contra las injusticias cometidas por los malos gobiernos. Exigimos sean juzgados todos los funcionarios de anteriores administraciones vinculados con el crimen organizado.
¡Alto a la militarización!
¡Alto a la paramilitarización!
¡alto al terrorismo de Estado!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
