Comité Espartaco

Después de una vida entera de trabajo, todas las personas tenemos derecho a una vejez digna. Con acceso a una adecuada atención médica, y al disfrute de nuestros ahorros para cubrir todas las necesidades básicas. Desgraciadamente, en los hechos reales, después de la reforma legal que individualizó los sistemas de ahorro, la situación es profundamente adversa para los trabajadores de este país.

Pero como todo en esta vida, nada es para siempre. Ni nuestra juventud que ve demasiado lejano el momento en que nuestros cuerpos ya no puedan trabajar más, ni tampoco el triunfo aplastante de los banqueros que se han vuelto multimillonarios administrando nuestros ahorros para el retiro. El problema a enfrentar es que, sólo con el ahorro individual de cada persona, resulta imposible pagar pensiones dignas.

Cuando se fundaron el IMSS e ISSSTE, instituciones públicas encargadas de la seguridad social de los ciudadanos, se contempló la formación de Regímenes de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de carácter intergeneracional y solidario. Es decir, que a partir del ahorro de los trabajadores en activo (de empresas privadas e instituciones públicas), las aportaciones de patrones y el Estado, se conformaron fondos para garantizar un pago mensual a jubilados y pensionados.

Y a su vez, quienes se encontraban en activo, tenían la certeza de que las nuevas generaciones cubrirían con su cotización el dinero para cuando les llegara la edad de retirarse del trabajo. Había entonces una certeza de futuro; es decir, de saber que después de haber trabajado toda tu vida pagando tus cuotas para el retiro, podrías llegar a tu vejez con calma y dignidad, sin preocuparte por cómo sobrevivir.

Sin embargo, hace 25 años, el entonces presidente Ernesto Zedillo destruyó ese sistema para imponer un nuevo basado en “cuentas individuales” (Ley del SAR –Sistema de Ahorro para el Retiro-). Abrió así las puertas para que los bancos (capital financiero) manejaran a su consideración el dinero aportado forzosamente por los trabajadores en activo, a través de las llamadas AFORE: Administradoras de Fondos para el Retiro. Asimismo, como parte de la Secretaría de Hacienda (SHCP) se fundó la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), y como parte de la alianza entre banqueros para proteger sus intereses particulares surgió la AMAFORE (Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro).

Esto significó que los ahorros de trabajadores para tener un ingreso digno en la vejez, se convirtieron en un botín para las AFORE, ya que éstas jinetean el dinero en el mercado financiero quedándose con parte de las posibles ganancias y cobrando una serie de comisiones a las personas por el manejo de sus cuentas. Tan sólo para inicios de este año, las AFORE administraron una suma total de 4 billones 75 mil 633 millones de pesos.

En los últimos meses, en distintos medios de comunicación e instancias de gobierno como la Secretaría de Hacienda y el Congreso, con alarma se está planteando que el Sistema de Jubilaciones y Pensiones en México ya estalló. Llevando a la miseria a personas que están hoy en edad de jubilarse (8.5 millones), pero sobre todo a los actuales millones de jóvenes que para el año 2050 habrán llegado a la vejez sin haber logrado ahorrar lo suficiente para su retiro.

Las cifras oficiales de la CONSAR reflejan con contundencia que, en efecto, la “bomba ya estalló”. Se tiene el registro que a partir de este año 2020, más de 30 millones de personas que trabajan en el sector informal no tendrán acceso a una pensión mensual en su vejez. El dato es catastrófico, considerando que alrededor del 60% de los trabajadores se desempeña en ese ámbito; además de que la mayoría de los trabajadores transita constantemente entre empleos formales e informales.

En cuanto al caso de los trabajadores ubicados en el sector formal, que comenzaron a cotizar en cuentas individuales a través de alguna AFORE, se estima que a partir del 2021 estarán retirándose alrededor de 75 mil personas anualmente. De los cuales no podrán acceder a una pensión, ni a una mensualidad mínima, debido a que no lograrán reunir por lo menos 1250 semanas de trabajo, de acuerdo a la ley vigente. Pues del total de “aforados”, cada año, sólo 750 personas habrán alcanzado el total de semanas cotizadas requeridas.

Aún más, la gran mayoría de quienes logren una pensión, recibirán el equivalente únicamente al 30% de su último salario. O en caso de que hayan logrado ahorrar por lo menos 700 mil pesos, podrán acceder a una renta vitalicia mínima.

¿Cuánto dinero se necesita ahorrar para tener una pensión digna? De acuerdo con especialistas en el tema, como el economista Gustavo Leal Fernández, suponiendo que una persona llega relativamente sana a los 65 años de edad, sin gastos médicos mayores, y logró cotizar 1250 semanas en su AFORE, con una esperanza de vida de diez años más, para lograr una pensión mensual de 10 mil pesos, debió haber logrado reunir un total de 9 millones de pesos.

Lo anterior sin olvidar que en México, de acuerdo a las cifras oficiales, tres cuartas partes de la población gana entre 4 mil y 9 mil pesos mensuales. Además, aunque en el pasado mes de febrero los ahorros pensionarios de los trabajadores registraron una fuerte disminución, con una minusvalía de alrededor de 26 mil millones de pesos, según los datos de la CONSAR, los dueños de las Afore reportaron una utilidad neta de 2 mil 311 millones de pesos: 50% más respecto de lo registrado en el mes de enero.

Las Afore obtienen sus ganancias al cobrar una comisión sobre el saldo de los trabajadores por administrar sus recursos pensionarios. A esos ingresos le deben restar costos de operación e impuestos, y el restante es su utilidad neta. Es decir, mientras más bajen los activos sus ingresos también serán menores. Durante febrero la Afore que obtuvo la mayor ganancia fue precisamente la más grande del sistema: Siglo XXI Banorte, la cual registró una utilidad de 559 millones de pesos, incremento de 68%. Le sigue Citibanamex, con 471 millones, alza de 52%. Pensionissste ganó 316 millones de pesos; Sura, 293 millones; Profuturo, 250 millones; Coppel, 177 millones; Inbursa, 86 millones; Principal, 71 millones; Invercap, 66 millones, y Azteca, 17 millones.

En el reciente escenario de crisis económica internacional, 18 países de todos los continentes han optado por desechar el sistema de cuentas individuales para el retiro, ante el rotundo fracaso de su implementación. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, estos países retornaron total o parcialmente a sistemas públicos de jubilaciones y pensiones; documentando que la mayoría de las privatizaciones recibieron el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, USAID, Bancos Interamericano y Asiático de Desarrollo, contrariamente a las recomendaciones de la propia OIT.

Sin embargo, en México, han surgido dos principales posiciones para solucionar el conflicto. Por una parte, las cúpulas de banqueros y empresarios tienen cuatro propuestas: mantener el sistema de cuentas individuales (no hay alternativa), que los trabajadores aumenten sus cuotas de aportación al sistema de AFORES y ahorro voluntario, se reduzcan el número total de semanas a cotizar, y que el Gobierno federal destine recursos públicos para sostener las deficiencias del sistema.

Por otra parte, está una propuesta desde el punto de vista de los trabajadores. Para nosotros, el problema es que con la cotización individual (capitalización) y la intromisión de los intereses de instituciones financieras privadas, resulta imposible pagar pensiones dignas. Lo cual se agrava aún más con los bajos salarios de este país, las altas comisiones que cobran las AFORE por manejar nuestro dinero, y el número tan grande en semanas de cotización.

Es por ello que desde esfuerzos organizativos de unidad como la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales en Defensa de la Seguridad Social Solidaria, se ha planteado la meta de derogar la ley neoliberal del Sistema de Ahorro para el Retiro (cuentas individuales). Bajo el objetivo principal de luchar desde diversas estrategias por rescatar el carácter solidario, intergeneracional y colectivo de las jubilaciones y pensiones para todos; por una salud integral; por la derogación de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) y por una seguridad social solidaria para los trabajadores de México desde nuestros intereses de clase.