Colectivo Salud y Resistencia – MIR

Sin duda la enfermedad Covid-19, relacionada con un virus desconocido por la humanidad, tomó por sorpresa a todos los países del mundo, tanto a todo el junto de los trabajadores de la salud, como a los ciudadanos en general. En los últimos días del mes de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud puntualizó que uno de los elementos estratégicos en la lucha contra el Covid-19, es garantizar toda la protección necesaria para el personal que se desempeña en el frente operativo sanitario. Igualmente, afirmó que la carencia mundial de equipos de protección individual, es ya una de las mayores amenazas para la capacidad de salvar vidas. Es decir, si los trabajadores de la salud están expuestos al riesgo, todos los demás estamos igualmente en riesgo, debido a que no habrá quien haga funcionar a las instituciones de salud.

A lo largo del mes de marzo y los primeros días de abril, en alrededor de veinte estados de la república, trabajadores de la salud de distintas instituciones (IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTE) han realizado más de 320 protestas exigiendo la dotación de equipo de protección, insumos y protocolos de atención para pacientes con sospecha de Covid-19. Asimismo, han denunciado a través de distintos medios que las autoridades locales y algunos directivos de unidades médicas han mostrar una falta de claridad para atender esta nueva enfermedad.

Entre los mandos de todos niveles de la red hospitalaria de ciudades tan importantes como la CDMX, por mencionar tan solo un ejemplo representativo, se observa falta de comunicación y deficiencias en la estructura de administración. Los equipos de salud sienten no estar preparados para esta emergencia porque no reciben de manera regular capacitación para cualquier contingencia, ni equipo para laborar con seguridad.

En ese mismo sentido, pacientes y sus familiares reiteran que en todos los hospitales falta personal, insumos e infraestructura adecuada, así como mecanismos rigurosos para comunicar sobre los diagnósticos, procedimientos, y, en general, sobre sus padecimientos.

Conforme avanza el número de pacientes por el Covid-19, comienzan a surgir los desacuerdos sobre cómo atenderlos, mientras las indicaciones para la atención y protección ante la epidemia varían de un hospital a otro. Frente a la improvisación por lo novedoso del virus, lo que salva la situación son los conocimientos de médicos y enfermeras con su vasta experiencia en la atención de pacientes críticos, pero en otro tipo de enfermedades.

Las instrucciones en el sector salud de la CDMX no están siendo precisas. Algunos hospitales restringen la consulta externa, otros la conservan. Algunos dan permisos a sus trabajadores para no asistir a laborar y otros los presionan para que no falten. Todo ello, a pesar del decreto signado por el secretario de Salud federal el 24 de marzo 2020 que establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica el Covid-19.

A lo anterior hay que agregar que al interior de las instituciones públicas de salud, particularmente en las secretarías de salud de cada estado de la república, existe una deliberada división por parte de los trabajadores del sector, debido originalmente a las distintas formas de contratación que existen. Aún más, en el frente de operación ya se advierte el principio de una división entre los trabajadores por el miedo al contagio, pero acentuada por sus formas de contratación.

Por ejemplo, en la Secretaría de Salud de Michoacán existen hasta dieciocho formas de contratación; sólo una parte del conjunto de trabajadores tienen derecho a una estabilidad laboral, derechos sindicales y cobertura en seguridad social, mientras que muchos más reciben un sueldo menor por el desempeño de las mismas tareas con los mismos riesgos y no tienen derecho a seguridad social. Mientras que otros tantos son subcontratados a través de empresas privadas que ganan simuladas licitaciones de subrogación de servicios como limpieza, seguridad y comedor; sin siquiera tener un contrato firmado y mucho menos ninguna protección ante el riesgo sanitario.

Por otra parte, el extinto Seguro Popular generó que los profesionales no basificados se convirtieran en trabajadores irregulares o precarios. Se integraron a los equipos de salud con contratos temporales de corta duración, alto riesgo de despido, marco laboral flexible, bajas remuneraciones, carencia de organización colectiva y sin prestaciones de seguridad social completas.

Mientras las autoridades indican que los trabajadores de base deben atender la epidemia, dado que a diferencia de los demás, gozan de los derechos adicionales por laborar en áreas nocivo-peligrosas consideradas de riesgo, los trabajadores de base estiman que su situación contractual nada tiene que ver con los riesgos a los que estarían sometidos y amenazan con interponer amparos ante el Poder Judicial.

El resultado es un clima laboral de inconformidad, que no abona a la emergencia sanitaria. Y es que nadie, independientemente de su forma de contratación, quiere ser víctima de un contagio.

La precariedad laboral en sistemas de salud no es nueva. Desde hace años afecta a profesionales y población usuaria en centros y hospitales. La falta de personal impacta a la salud poblacional, la calidad de la atención y puede facilitar riesgos de morir según el Informe OPS-OMS: Salud Universal (2019).

En el cuadro de la epidemia en curso, los desafíos son muy claros y obligan a resolver de manera urgente los rezagos que comparten todas las instituciones del sistema público nacional de salud. Sí para asegurar atención médica suficiente y oportuna para todos, pero sobre todo para transformar y fortalecer el sistema público en beneficio del conjunto de los trabajadores en general, y en particular de todos quienes conforman el conjunto del sector salud. Garantizar estrategias para garantizar la viabilidad de mayores recursos al sistema público, y evitar que empresas privadas continúen lucrando con los servicios subcontratados en salud en detrimento de las finanzas del sector.

La crisis desatada por el Covid-19 nos exige que a la par que se le hace frente a la enfermedad, se le haga frente a las empresas privadas y sindicatos corruptos que han saqueado a las instituciones públicas de salud y lucrado con sus recursos debilitando la capacidad de atención de éstas. Asimismo, se requiere que todos los trabajadores de todos los sectores gocen de estabilidad laboral por el desempeño de su trabajo, cuyas aportaciones conjuntamente con las cuotas patronales, garanticen los recursos financieros suficientes para sostener un sistema público de seguridad social fortalecido y en condiciones de enfrentar en las mejores condiciones el posible surgimiento de nuevas pandemias como la que estamos viviendo.