Se estima que en Veracruz entre 52 y 70 por ciento la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) carece de seguridad social.
El trabajo no asalariado es el elemento común de todos los municipios veracruzanos. Ya sea que estén ligados directa o indirectamente al trabajo industrial o de servicios, o que formen parte de las actividades de supervivencia que se organizan a partir de la unidad familiar, con estos empleos se hace imposible siquiera pensar en parar de trabajar cuando se está enfermo.
Con el aumento de casos confirmados de personas con COVID-19, las medidas de prevención de varios gobiernos municipales se han focalizado en restringir la comercialización en el sector informal de alimentos, sin propuestas concretas que aseguren los ingresos para los centenares de familias que dependen de ello. Así, la contingencia de salud expone la violencia estructural que padece la clase trabajadora.
Respecto al empleo formal, se ha reportado el cierre temporal de doce hoteles en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Xalapa, debido a la falta de liquidez para pagar a los empleados, estos, no ven con certidumbre percibir su remuneración. El presidente de la Comisión de Turismo de la COPARMEX mencionó, que se trata de hoteles pequeños y de cadenas, pero dice desconocer la condición de los trabajadores.
Por otro lado, en los noticieros locales, se ha escuchado a grandes empresarios y presidentes de asociaciones comerciales solicitar el apoyo del gobierno federal y estatal, lo que piden son condonaciones fiscales, el pretexto, o más bien la amenaza, es el despido de empleados.
En cuanto al sistema de salud pública, la jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud de Veracruz, dio a conocer que se realizarán pruebas en 13 espacios de Servicios de salud de Veracruz, que incluyen clínicas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), IMSS-Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del hospital de PEMEX. Lo cual parece insuficiente, cuando la propia jefa de Vigilancia Epidemiológica, señala que, a partir del 31 de marzo, cualquier persona con dos de los síntomas señalados para COVID-19 podría ser portadora del virus.
Estos datos generan incertidumbre, incluso en un estado donde la violencia estructural de clases se ha vuelto naturaleza y la pobreza es parte habitual del paisaje social.
