Compañera Galia-Comité Espartaco
Desde el pasado 26 de septiembre en la gran movilización en la Ciudad de México, que marcó los 5 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la única exigencia: JUSTICIA; las televisoras nacionales y las redes sociales no dieron cobertura a la exigencia del movimiento, con el pretexto de los actos violentos presentes durante la marcha. Grupos como la COPARMEX incitaban al gobierno capitalino y federal a la represión de los marchantes y del movimiento social para poner fin a los “actos críminales” que se suscitaron en el momento.
Es necesario aclarar, que aquellos actos fueron perpetrados por infiltrados del mismo gobierno y autoridades de la ciudad. Lograron romper la movilización, lograron que los contingentes se dispersaran, lograron que el grito de JUSTICIA no fuera escuchado en el país y que la injusticia y la mentira se perpetrasen. Tenemos de fondo, no sólo un afán de romper movilizaciones, sino de lograr ausencia de la movilización, metiendo a la población en la lógica de que toda petición puede ser escuchada y solucionada por el ejecutivo federal y su representante el sacerdote-gobernante, garante de la institucionalidad y del régimen burgués.
La entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum comento que para la marcha que conmemoraría los 51 años de Tlatelolco habría un operativo al que le denomino Cerco de Paz que consistió en la participación 12 mil trabajadores estatales no por voluntad, sino como parte de sus actividades laborales, vulnerando los derechos laborales de las y los trabajadores una vez más y utilizándolos como escudo humano, entre los manifestantes y las filas de granaderos resguardados en cada una de las calles del centro de la Ciudad de México
Al llegar el 2 de octubre, 51 años de Tlatelolco la represión se hizo presente. A pesar del cambio de color las tradicionales tácticas del poder se recrearon desde el cuerpo de granaderos presente como en las pasadas manifestaciones: la Brillantinada y Ayotzinapa. Ese cuerpo de granaderos, que la misma jefa Sheimbaum declaró disuelto el 6 de diciembre de 2018, fue el protagonista de la represión, con sus uniformados y sus infiltrados; no dio aclaraciones al respecto.
Como pasó el 26 de septiembre, la movilización por el 2 de octubre en la exigencia de justicia a 51 años, se enmarco en los medios de comunicación por el vandalismo de los encapuchados y las provocaciones por estos; sin embargo, fotografías realizadas por los asistentes a la marcha demuestran a policías infiltrados en los contingentes vestidos de civil y sin identificación, también hay fotografías que demuestran a granaderos lanzando petardos contra los manifestantes. La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, denuncio en sus redes sociales detenciones arbitrarias en donde también ellos son golpeados y despojados de su celular con el cual grababan las evidencias de las detenciones y la actuación del cuerpo de policías. Estos hechos no fueron comentados ni por los mandatarios ni por los medios de comunicación.
La criminalización de la protesta social ha estado presente en todas las administraciones anteriores, esta no es la excepción, por un lado, nos hablan de garantía de los derechos humanos, como la libre manifestación y por otro no renuncian a las viejas tácticas, de infiltración, represión y criminalización desde sus medios. Es su objetivo institucionalizar la lucha, los movimiento sociales, instrumentalizarlos, para resanar su fallido régimen neoliberal. Intentan que la legitimidad resane las grietas del Estado burgués dando al movimiento un camino en dirección única donde al final sigue estando el abismo.
Es nuestro deber reflexionar las formas de la movilización y lograr aun mayor organización con total independencia de clase, sólo así podremos hacer ver la verdad y conquistar nuestros derechos y hacer escuchar los gritos de justicia del 68 y de Ayotzinapa, que no difieren del grito general del pueblo por la justicia y la dignidad.
