Adalberto Rodriguez

El 1 de mayo de 2019 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo, impulsadas primero por el Consejo de la Judicatura Federal a través de su “Unidad de implementación de la reforma laboral” en 2017; y posteriormente, al calor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ahora T-MEC, específicamente su capítulo 23 (Anexo laboral 23-A), por iniciativa de MORENA a través de sus diputados, senadores y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Diputados y Senadores convocaron a un par de audiencias públicas de “parlamento abierto” para que los ciudadanos participaran con propuestas y observaciones en el diseño de las reformas a implementar. Dichos foros tuvieron lugar del 25 de febrero al 6 de marzo, y del 23 al 25 de julio de este año 2019. Es importante señalar que el primero fue para formular la reforma, y el segundo para tomar nota de observaciones para una posible modificación de lo ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ellos participaron representantes de asociaciones empresariales de todas las ramas, las grandes centrales sindicales con más de 50 años de existencia, así como despachos de abogados que defienden a empresarios, y otros cuantos que defienden la necesidad de una reforma que democratice los sindicatos y fortalezca los derechos laborales.

A primera vista parecen buenas noticias: los diputados y senadores “escuchan” a la gente para retomar propuestas, empresarios y sindicatos “dialogan” para generar “consensos” y entre todos generar leyes para un “nuevo orden” en favor de la democracia sindical y de la justicia laboral. Pero… (siempre hay un “pero”), como reza un viejo dicho: las apariencias engañan. Entonces, intentemos desmenuzar el tema y ubicar las coordenadas del terreno en conflicto entre empresarios, gobierno y trabajadores, a propósito de la nueva reforma laboral.

Antes tenemos que precisar dos puntos de partida para entender de mejor manera qué está sucediendo, y a partir de ello definir qué podemos hacer nosotros los trabajadores, es decir, los que somos parte de la clase social que vive-de-su-trabajo.

Primero. Entendemos que toda situación es producto y síntoma de una determinada correlación de fuerzas. Por lo que las nuevas leyes y las instituciones estatales, no crean por sí mismas un nuevo orden en la sociedad; sino que cristalizan o institucionalizan las ideas e intereses de los grupos sociales que tienen más fuerza y se imponen a otros, en determinados momentos del “estira y afloja” de la correlación de fuerzas.

Segundo. Respecto a las leyes laborales, en comparación con otros países de América Latina, México tiene las leyes más “rígidas” para regular las relaciones entre patrones y trabajadores; y sin embargo, es el país que menos cumple con sus propias leyes. Además de ser uno de los países con los peores salarios, con más trabajadores sin derechos laborales y con menores tasas de sindicalización:

Fuente: Graciela Bensusán. Diseño legal y desempeño real: instituciones laborales en América Latina. UAM/Porrúa, México, 2006

1.- LAS REFORMAS LABORALES

Hubo dos grandes Reformas desde que se promulgó la Ley Federal del Trabajo en 1970: la de Felipe Calderón en 2012 y la de Enrique Peña Nieto en 2017. La Reforma de MORENA elaboró las leyes secundarias que quedaron pendientes de aprobarse en el anterior sexenio presidencial.

La Reforma de Calderón apuntó hacia la institucionalización de la “flexibilización laboral” en el plano económico: definición de los distintos tipos de contrato por temporadas y sin generar antigüedad laboral, el pago por horas y no por jornada laboral, facilitar y abaratar el despido de trabajadores, y regular a las empresas subcontratistas (outsourcing). La Reforma de Peña Nieto se dirigió hacia el ámbito político reformando la Constitución en torno a tres ejes principales: a) aplicación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo referente a la libertad y democracia sindical; b) una nueva forma de llevar a cabo los juicios laborales ahora a través del Poder Judicial, con énfasis en la “conciliación” antes de iniciar algún juicio; c) la creación de un organismo público descentralizado en el orden federal, a cargo del registro de todos los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo y de la conciliación federal.

Las nuevas leyes secundarias de MORENA cumplen a cabalidad con los pendientes de la Reforma de Peña Nieto, de las cuales resaltan varios puntos muy interesantes. La Reforma estipula la creación de un nuevo organismo público descentralizado: el Centro Federal de Conciliación y Registro, donde serán depositados los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT). A su vez, contempla que la elección de los representantes sindicales será por voto directo y secreto sin delegados de por medio, y que en la revisión contractual de cada CCT fungirán como representantes legales de los trabajadores aquellos sindicatos que logren el 50% más 1 de los votos directos de los trabajadores de cada centro laboral en cuestión. Asimismo, cada CCT deberá contar tanto con la firma del patrón como con la aprobación por voto directo del 50% más 1 de los trabajadores. Siendo dicho Centro Federal de Conciliación y Registro la instancia del Estado responsable de dar atención a las convocatorias de votación, seguimiento del proceso y validación oficial. De igual importancia es el hecho de que este Centro está facultado para denunciar inconsistencias en procesos de elección o revisión de un CCT. A partir de ahora, todos los sindicatos con registro y activos tienen un periodo de 4 años para demostrar ante el Centro Federal de Registro que están respaldados por el voto directo de por lo menos la mitad más uno de sus afiliados.

2.- ACTORES Y POSICIONES EN EL PARLAMENTO ABIERTO

Si toda situación es una correlación de fuerzas y las leyes son la cristalización de ésta, entonces identifiquemos a los actores y sus posiciones de batalla, expresadas verbalmente durante las mesas de discusión del Parlamento Abierto en el Senado.

En primer lugar, en cuanto al plano de la correlación de fuerzas a nivel internacional, no podemos omitir que ya no es posible analizar la situación de cada país como si estuviera aislado del mundo. Desde hace casi 40 años, México comenzó a ser integrado en varios aspectos a Estados Unidos, especialmente en los ámbitos económico y militar. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) a la fecha, la economía mexicana depende en gran medida de sus exportaciones (de recursos naturales, productos agrícolas, piezas de mercancías ensambladas) hacia Estados Unidos, fundamentalmente. En ese sentido, en el marco del TLC, se instituyó el ACLAN (Acuerdo para la Cooperación Laboral de América del Norte), bajo el objetivo de procurar la solución de controversias laborales entre gobiernos, asociaciones civiles o sindicales y sus redes transnacionales. El ACLAN, paradójicamente, es un caso de regulación internacional del trabajo en un ámbito de libre mercado. Los principios que le dieron forma contemplan la libertad de asociación y derecho a la organización de los trabajadores, a la negociación colectiva, a la huelga, a la protección de los trabajadores migratorios, así como a la garantía de condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo, entre otros puntos. Si bien organizaciones sindicales mexicanas como el FAT (Frente Auténtico del Trabajo) han explorado acciones en dicha instancia, lo cierto es que los grandes sindicatos de EUA y Canadá tienen mayor fuerza frente a sus respectivos gobiernos y, por ende, en la intervención en dicho acuerdo transnacional.

Bajo esos principios y en el contexto de la reciente renegociación del TLC, sin duda, la Reforma Laboral en México de 2019, es en cierta medida producto de la presión del Partido de los Demócratas, a través de Nancy Pelosi presidenta del Congreso de EUA, y de su alianza con Benjamin Davis, secretario de asuntos exteriores del mayor sindicato de industria en EUA, el United Steelworker. Así como también de la influencia de los sindicalistas de Canadá, a través de la presión de Jerry Dias, dirigente de la UNIFOR (fusión entre el Canadian Auto Workers y el Sindicato de Comunicaciones, Energía y Papeleo), el sindicato más grande de aquel país.

En cuanto a la correlación de fuerzas nacionales, ha habido dos grandes opositores a la Reforma laboral de 2019: la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) y el viejo sindicalismo corporativista, que actualmente obtiene su poder de negociar “contratos de protección patronal”. Cuyas posiciones e intereses fueron expuestas sin máscaras de por medio, en su participación durante el ya mencionado parlamento abierto que tuvo lugar en julio de este año.

La COPARMEX agrupa a las Pequeñas y Medianas Empresas del país que, de acuerdo a las cifras oficiales publicadas por la CONDUSEF, generan el 72% de los empleos formales en el país y generan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto. Ha difundido por distintos medios sus propuestas, entre las que destacan las siguientes. Cárcel a toda persona que, sin laborar en la empresa, agite a los trabajadores y los ayude a organizar protestas para defender sus derechos. Que exista la posibilidad de que los trabajadores no se afilien a ningún sindicato, para entablar una relación individual y directa con el patrón. Que se elimine el voto directo de cada trabajador para elegir a sus representantes sindicales, y para manifestar su acuerdo o no con la firma de determinado CCT a pactar. Que se faculte legalmente al patrón para despedir a cualquier trabajador sin necesidad de notificarle por escrito y con anticipación suficiente, y sin demostrar la existencia de una previa relación laboral.

En cuanto a la correlación de fuerzas entre los trabajadores, recordemos que en México solo alrededor de 4.5 millones están sindicalizados. Del total de los sindicatos nacionales existentes, el 74% de ellos son parte del gran polo sindical conocido como “corporativo”; es decir, entre los sindicalistas, el corporativismo de protección patronal es la fuerza dominante. En las últimas décadas, la principal característica de este polo sindical es que su propia existencia se ha enfocado en ofrecer a las empresas privadas “contratos de protección patronal”; es decir, garantizarles la “paz laboral” sometiendo a sus propios agremiados, a cambio de cuotas y privilegios para los dirigentes. Asimismo, varios sindicatos de este polo, a la fecha de agosto de 2019, han interpuesto alrededor de 400 amparos en contra de la reforma laboral al considerar que a través de ésta se interviene en la vida interna de sus organizaciones.

Dentro de las distintas agrupaciones de dicho polo sindical dominante, participaron en el Parlamento Abierto: Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferrocarriles de la República Mexicana (SNTFRM), y la Confederación Obrera Revolucionaria (COR). Sus principales propuestas fueron las siguientes. Eliminar el voto directo de cada uno de los trabajadores en elecciones sindicales. Que las cuotas sindicales sean obligatorias y no voluntarias para los trabajadores. Rendición de cuentas restringida al público. No informar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sobre el patrimonio del sindicato. Mantener el carácter tripartito en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Autonomía de los sindicatos en la elaboración de sus estatutos, para no obligar a subordinar sus reglas a la nueva dinámica de la Reforma.

De lo anterior puede vislumbrarse que el bloque de poder dominante, integrado principalmente por la COPARMEX y el sindicalismo corporativo, no está dispuesto a ceder en lo más mínimo el cuestionamiento de su poder, y mucho menos entrar a una nueva dinámica legal que permite la tímida posibilidad de que los trabajadores puedan definir, por sí mismos, mejores condiciones de negociación en el eterno “estira y afloja” entre patrones y asalariados.

Está claro, a los empresarios les incomoda la democracia, y más aún si esta permite que los trabajadores puedan vivir un poco mejor. Su fuente de poder sigue siendo el pagar salarios de miseria y mantener escasa responsabilidad para con sus trabajadores, para así ser competitivos en una economía de mercado global y garantizar su ganancia. Para ellos, lo mejor es seguir contratando a mercenarios con siglas de sindicatos corporativos, a través de los contratos de protección patronal, con el objetivo de sostener su “paz laboral” entendida como el sofocamiento de los trabajadores.

Por su parte, el sindicalismo corporativo tiene claro que en gran medida la nueva Reforma Laboral pone en riesgo su propia reproducción. Pues corre el riesgo de que nuevos sindicatos les ganen las votaciones y les arrebaten la titularidad de los Contratos Colectivos de Trabajo, ofreciendo a los trabajadores unas cuantas mejoras para ganar su confianza, a la par que siguen vendiendo a los empresarios la oferta de someter a sus agremiados en favor de la protección del patrón. Tal cual está siendo el caso de todos los sindicatos que están abandonando las filas de la corporativista CTM para afiliarse a la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) del Senador suplente por MORENA, Pedro Haces Barba.

3.- PROPUESTAS

Por más que el nuevo Gobierno Federal, diputados y senadores aparenten abrir el parlamento para “escuchar” las propuestas de todos y definir nuevas leyes, lo cierto es que, en esencia, lo que define cuáles serán las nuevas “reglas del juego” en el mundo del trabajo es la correlación de fuerzas. Hoy, en el plano internacional las fuerzas sindicales dominantes en EUA y Canadá lograron presionar lo suficiente para que se elaboraran las leyes secundarias pendientes de la Reforma Laboral aprobada en 2017, concernientes a democracia, libertad sindical y juicios laborales expeditos.

Está por verse en estos meses inmediatos si el bloque que hoy tiene mayor fuerza en el mundo del trabajo en México, es decir, la alianza COPARMEX/Corporativismo de protección sindical, logra imponerse para congelar la aplicación real de la Reforma Laboral de MORENA y preservar las fuentes de su poder. O bien, si acaso este bloque logrará adecuar sus estrategias para cumplir en lo mínimo necesario con la nueva ley, pero seguir manteniendo la misma dinámica: trabajadores sin derechos laborales y oprimidos por sus sindicatos corporativos aliados al patrón. Finalmente, al momento, a nivel continental, México es de los países que menos cumple con sus propias leyes laborales.

Específicamente para el ámbito de la democracia y libertad sindical, las coordenadas del conflicto son básicamente dos:

1.- La COPARMEX se niega a que los trabajadores tengamos la mínima posibilidad de empezar a hacer una política propia, aunque sea en el espacio limitado del voto directo para elegir a nuestros propios representantes y aceptar o no la firma de determinado Contrato Colectivo. En esa misma sintonía, los sindicatos corporativos de protección patronal no están dispuestos a disolverse o ser absorbidos por otras centrales sindicales; hay demasiado dinero de por medio, producto de las cuotas sindicales.

2.- La nueva Reforma Laboral puede ser una ventaja para que el sindicalismo clasista, real representante de los intereses de quienes-vivimos-de-nuestro-trabajo, le dispute la titularidad de Contratos y la afiliación de trabajadores al sindicalismo corporativista de protección patronal, pero siempre y cuando desde los propios trabajadores se protagonice la lucha política por democracia y libertad sindical con perspectivas de lucha más amplias, que nos permitan realizar una política propia según nuestros intereses y propuestas, que nos lleven a modificar las raíces de la falta del cumplimiento de derechos laborales y de los salarios miserables; por ejemplo, planteándonos en lo inmediato por lo menos tres objetivos tácticos:

1.- Organizar a los trabajadores no organizados en defensa de sus derechos laborales mínimos.

2.- Derrocar a la neoliberal Reforma Laboral del año 2012, que aún está intacta.

3.- Buscar aliados internacionales entre los trabajadores de EUA y Canadá que vean en los mexicanos no a “trabajadores baratos” contra los cuales “competir” para obtener más empleos y mejores salarios; sino sabernos de la misma clase social, con intereses y luchas comunes más allá de las fronteras.

En ese contexto, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria propone impulsar una CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS REFORMAS ESTRUCTURALES NEOLIBERALES hoy vigentes y por la CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS DE LAS Y LOS TRABAJADORES. Dicha campaña tiene por objetivo estratégico construir un POLO NACIONAL DE IZQUIERDA COMUNISTA, con capacidad de PODER DE DISPUTA en todos los terrenos de lucha, y de presentarse como una ALTERNATIVA DE IZQUIERDA. Nuestra tarea estratégica es abonar a la construcción del SUJETO SOCIAL COLECTIVO REVOLUCIONARIO, que transite desde una acción de resistencia, hacia la posibilidad de la disputa antagónica contra la clase dominante en todos los terrenos de lucha, y se consolide en un poder de clase capaz de construir un proyecto proletario de sociedad. Pasando así de la defensiva desde demandas inmediatas y sectoriales, a la ofensiva clasista de contraponer proyecto contra proyecto. Para ello, la táctica central en el actual momento histórico es presentar una disputa de PROGRAMA CONTRA PROGRAMA, a través de iniciativas de ley en perspectiva de lograr un gobierno popular, expuestas mediante iniciativas ciudadanas y candidaturas de unidad popular. Contraponiendo así el Programa de Restauración Burguesa contra el Programa de Democracia Popular, bajo el objetivo político de demostrar los límites de los programas de democracia burguesa y la superioridad de los programas proletarios en perspectiva clasista.