El Movimiento de Izquierda Revolucionaria se une a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Exigimos:

  • Reinstalar con plenos derechos a los compañeros: Erasto Luis de la Cruz, Miguel de la Rosa Ruiz, Salvador Guerra López y Moisés Flores Salmerón;
  • Alto al hostigamiento sistematizado en contra de Alejandro Corona Bahre a través de negación de derechos laborales
  • Reparar el daño integral a trabajadores petroleros en lucha.

El 6 de septiembre de 2007, Pemex difundió un oficio en el que se instruía a los trabajadores denominados de confianza firmar un contrato individual de trabajo, con cuya firma se pretendía despojar a los trabajadores del derecho a defender su estabilidad en el empleo. En esa coyuntura, se planteó entonces la formación de un nuevo sindicato que permitiera defender de una manera pacífica y organizada los derechos laborales de los trabajadores y enfrentar la privatización de la industria. Así se fundó la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). Este sindicato provenía ya de una larga lucha en defensa de Pemex y los derechos laborales de sus mandos medios, que estaban en la total indefensión.

El 29 de abril de 2008 los fundadores de la UNTyPP presentaron la solicitud de registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), y a lo largo de 7 meses la STPS respondió con reiterados y dilatorios requerimientos de información. El 21 de agosto, el ingeniero Didier Marquina, Secretario General de la UNTyPP, fue amenazado por el ingeniero Marco Antonio Murillo Soberanis, Sub-Director Corporativo de Recursos Humanos de las consecuencias de nos retirar la solicitud de registro del sindicato. El 14 de noviembre de 2008, 37 miembros de la UNTyPP que la empresa consideró como líderes, fueron desalojados violentamente de sus centros de trabajo (refinerías, terminales de distribución y repartos, complejos petroquímicos, oficinas centrales e instalaciones de exploración y producción) por integrantes de los Servicios Especiales de Seguridad Física de Pemex, un grupo paramilitar que opera en todas las instalaciones de la empresa portando armas largas.

No contento con ello, PEMEX desató una campaña de acoso para obligar a más de 200 miembros restantes de la UNTyPP a renunciar por escrito al mismo, a fin de reducir el número de afiliados al sindicato a menos de 20 y dar a la STPS el pretexto para negar el registro, pretendiendo ignorar que la ley establece que dicha secretaría solo puede resolver sobre el padrón de socios en el momento de la solicitud del registro y no posteriormente.

Muchos trabajadores cedieron a la presión. El Director Corporativo de Administración y el Director General de Petróleos Mexicanos, fueron copartícipes de esta violación a los derechos humanos de los afectados. Con ello, Pemex atentó contra los derechos de asociación y sindicalización establecidos en la Constitución Política de la República Mexicana, la Ley Federal del Trabajo y los Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, contravino la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes ratificada por México en 1986. Una de las consecuencias más graves de este desalojo fue la pérdida del servicio médico para estas familias mexicanas; esto ocasionó la muerte del Sr. Manuel Valencia Orozco, padre del compañero Felipe Valencia, uno de los desalojados el 14 de noviembre del 2008, violando el constitucional Derecho de la Salud integral pues la suspensión de la atención médica a los trabajadores y a sus familiares pone en riesgo su integridad física.

La violencia ejercida por Pemex contra de los sindicalistas fue enorme. Pero lejos de doblegarlos, los impulsó a luchar para reclamar la reparación del daño, así la exigencia de reinstalar a despedidos y reparar el daño integral a trabajadores petroleros en lucha, de la UNTyPP, organizaciones antecesoras y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se convirtió en la demanda central de la UNTyPP.

El 19 de diciembre de 2008, la STPS emitió su resolución, negando el registro sindical. El 15 de enero del 2009 se promovió un amparo indirecto reclamando el reconocimiento del registro. El 2 de julio de 2009 se recibió de la Juez Primera de Distrito en Materia de Trabajo la respuesta a la petición de amparo, ordenando a la STPS otorgar el registro a la UNTyPP. El 30 de noviembre de 2009, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo resolvió y ratificó el amparo indirecto otorgado a la UNTyPP por la Juez de Distrito en Materia de Trabajo, confirmando el derecho de los técnicos y profesionistas a formar un sindicato.

Alejandro Corona Bahre, fundador de la UNTyPP, despedido como parte de la represión continuada en 2009, narra:

“Con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en menor medida de la Cámara de Diputados, logramos detener la represión de PEMEX contra la UNTyPP, sin embargo, muchos de los despedidos continuamos fuera de PEMEX durante años.

A manera de concesión PEMEX reinstaló a 4 compañeros de los despedidos en 2008, 2009 y 2010, pues la represión había continuado hasta llegar a 56. En un proceso que tomó años, algunos ganaron sus juicios laborales, otros más obtuvieron una jubilación, otros aceptaron la liquidación y 2 compañeros perdieron sus juicios.

A la fecha continúan despedidos: Erasto Luis de la Cruz, Miguel de la Rosa Ruiz, Salvador Guerra López y Moisés Flores Salmerón. En el caso de Moisés por jubilación no solicitada, siendo líder sindical con protección de los convenios de la OIT.

A lo largo de la lucha, enfrentamos la pauperización, los que continúan despedidos en mayor grado. PEMEX nos castigó económicamente por todos los medios a su alcance, a la compañera Silvia Ramos, por ejemplo le calcularon sus salarios caídos sobre la base del salario ordinario, en vez de hacerlo sobre el salario integral.

En los juicios laborales PEMEX sigue el mayor rigor legal y el uso de amparos para evitar la reinstalación de los despedidos con derechos plenos. A pesar de la acción de la OIT, Pemex en todo este proceso da preferencia al cumplimiento de sus supuestas normas de operación en materia legal que a la reparación del daño. Esto se debe a que la empresa nunca ha reconocido haber incurrido en daño sistémico en contra de los fundadores de la UNTyPP y por ello, tampoco ha reconocido la necesidad de medidas extraordinarias de reparación.

En 2015 se modificaron el contrato colectivo y el reglamento de trabajo del personal de confianza, a partir de esa fecha, el personal de nuevo ingreso cuenta con menos prestaciones laborales. Principalmente, no cuenta con el derecho de jubilación de PEMEX, ahora únicamente se jubilan con el esquema de las AFORES.  Ahora existen trabajadores con menos prestaciones que otros, lo que constituye una forma de discriminación laboral.

En el pasado los ingresos de Pemex permitían sostener las prestaciones laborales, sin embargo, las políticas neoliberales saquearon y desmantelaron a la empresa afectando gravemente su capacidad económica. Pero el regreso al esquema jubilatorio para todos es una necesidad de justicia laboral.”

En 2016 PEMEX, obligada por un prolongado juicio laboral, reinstaló a Alejandro y puso fin al juicio para no acumular más salarios caídos. Una vez reinstalado, continuó el hostigamiento en su contra. Alejandro narra:

“PEMEX continúa utilizando la estrategia de solicitar amparos para evitar el pago de salarios caídos. Una deliberada dilación de la junta Federal de conciliación y arbitraje en todos los procesos incluyendo el mío, hacen pensar que la Secretaría del Trabajo sigue actuando como representante de Pemex. A pesar de múltiples escritos solicitando a PEMEX reinstalar a los despedidos y pagar salarios caídos, la empresa se escuda en la actuación de la junta o en cuestiones normativas. Evidentemente una estrategia perfecta.

En mi caso, no me han pagado salarios caídos y desde la publicación de mi laudo en 2017 PEMEX ha sido omiso en reconocer mi antigüedad y me trata por tanto como personal de nuevo ingreso. Esto implica que me aplican el Reglamento del Personal de Confianza de 2015 y con ello cancelan las prestaciones laborales a las que tenía derecho en 2008, año de mi despido arbitrario. La afectación más importante es cancelar mi derecho al sistema de jubilación de PEMEX, e inscribirme en el sistema de jubilación de las AFORES, muy inferior a la pensión de PEMEX.

Además, me descuentan las cuotas acumuladas de la AFORE y otros adeudos administrativos que son parte de mis prestaciones e ingresos actuales. ¿Se trata de una estrategia deliberada para minar mis ingresos, o se trata de negligencia sin fin? Los descuentos de los adeudos acelerados disminuyen notablemente mis ingresos, impidiendo solventar el gasto familiar, lo que me ha llevado a contraer nuevas deudas con bancos; la empresa también redujo mis periodos vacacionales; falta ver qué otras sorpresas tienen preparadas para mí. PEMEX debe saber que, si pude resistir 7 años fuera de la empresa apoyado en los ingresos de mi familia, no me van a quebrar con estas chicanas. Mientras tanto me veo forzado a seguir exigiendo y tocando puertas en PEMEX y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por mí y por mis compañeros.”

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cejado el hostigamiento en contra de los trabajadores despedidos y reinstalados de la UNTyPP.

¡Alto al hostigamiento laboral!

¡Reinstalación con plenos derechos a los despedidos!

¡Pago de salarios caídos con base al salario integral!