Para entender la reforma educativa de la 4T: Conceptos clave e implicaciones

Comité Magisterial del MIR

El pasado 15 de mayo, como es de conocimiento público, se promulgó la reforma al artículo tercero constitucional. Esta nueva reforma educativa fue impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y las bancadas de MORENA en la Cámara de Diputados y Senadores. La reforma agregó nueve párrafos, reformó dos más, aumentó cinco incisos a la fracción II, modificó completamente la fracción IX y adicionó la fracción X.

Después de estos cambios, surgen las preguntas: ¿En qué consisten estas modificaciones? ¿Es vedad que se abrogó la reforma de 2013 con la cual se concretaban 20 años de esfuerzos para imponer un modelo educativo neoliberal? Como posible respuesta lanzamos una hipótesis: la reforma de la 4T no sólo da continuidad a la reforma de Peña Nieto, sino que profundiza el espíritu empresarial y religioso de la educación neoliberal. Intentaremos demostrarlo analizando los conceptos clave y sus implicaciones.

 

1. El Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión

Lo primero que destaca de la actual reforma es que los párrafos 7 y 8 mantienen un régimen laboral especial para las y los trabajadores de la educación. Si bien es cierto que desapareció la figura del Servicio Profesional Docente incorporado con la reforma peñista de 2013, también es cierto que su esencia fue retomada por el nuevo Sistema para la Carrera, el cual reglamentará lo referente al ingreso, la promoción y reconocimiento de la labor docente. Este régimen de excepción laboral rompe la contratación colectiva y el escalafón, además de que mantiene la bilateralidad entre trabajador y el Estado. Es verdad que la permanencia en el servicio queda fuera de las evaluaciones punitivas, sin embargo, tanto el ingreso, promoción y reconocimiento estarán sujetos a exámenes bajo la figura de “procesos de selección”, tal como lo establece el párrafo 8. La actual reforma mantiene el carácter laboral, y tal como lo señala el artículo transitorio decimosexto, existe una doble normativa que trabajadores de la educación deberán cumplir: por un lado, la permanencia regulada por el apartado B del 123; y por otro, el ingreso, promoción y reconocimiento que estará normado por la ley secundaria del sistema de carrera.

Es muy importante agregar que los exámenes de ingreso deterioran el papel y la función de las normales públicas del país, pues somete a los normalistas a un doble proceso de evaluación,  donde un examen tiene más peso que 4 años de formación teórica y práctica, por eso, las intensión de fortalecer el sistema de normales públicas es pura retórica al no reconocer el pase directo de la normal a la labor docente.

2. Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación

Esta nueva instancia se contempla en la fracción IX, y es la que sustituirá las funciones del antiguo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Este nuevo INEE se constituye como una figura que en materia educativa se sitúa incluso por encima de la Secretaria de Educación Pública (SEP).  El Sistema de Mejora, se encargará de realizar los nuevos procesos de evaluación, creación de indicadores de la mejora continua, establecerá los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras, etc. Debemos agregar que una gran parte de los perfiles que figuran para conformar la Junta Directiva de este Organismo, son exfuncionarios del antiguo INEE, del extinto Servicio Profesional Docente o personajes vinculados a las cámaras empresariales.

 

 

3. Educación Inclusiva

Este concepto se contempla en el párrafo segundo y en el inciso “f” de la fracción II. Con su incorporación se pretende trasladar a la gran mayoría de estudiantes con discapacidad a las escuelas regulares de educación básica, para reducir al mínimo o incluso desparecer los Centros de Atención Múltiple (CAM), las Unidades de Educación Especial e Inclusiva (UDEEI), las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y los Centros Psicopedagógicos, con lo cual, a los alumnos, se les está negando el derecho de recibir una atención profesional, y por si fuera poco se abre la posibilidad de la privatización de los servicios de educación especial. Como se ha denunciado desde hace algunos años, elevar a rango constitucional la Educación Inclusiva, implica perjudicar las condiciones laborales de profesores: a los especializados en el área de educación especial se les obligará a capacitar a los profesores de escuela regular, porque están siendo obligados a atender a alumnos con discapacidad, sin estar formados o contar con las herramientas teóricas y prácticas  necesarias para hacerlo. No rechazamos la necesidad de incorporar a los estudiantes con discapacidad a todos los espacios sociales posibles, pero hacerlos cuando el 40 por ciento de las escuelas públicas del país son multigrado, cuando el 40% no tienen drenaje, cuando el 30% no tiene agua y el 10% carecen de luz eléctrica y sanitaria, es una gran irresponsabilidad. Finalmente tal como lo señala el transitorio décimo octavo del dictamen, en 180 días se debe de definir la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, con lo cual se concretará que la educación especial en sus diferentes modalidades se impartirá únicamente en situaciones excepcionales.

4. Excelencia que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos

Este concepto se encuentra en el inciso “i” de la fracción II, y básicamente sustituye al concepto de “calidad de la educación”. Como reiteradamente lo han señalado los especialistas, estos conceptos no están sustentados en ninguna teoría o pensamiento pedagógico, sino que provienen de la teoría de la empresa y de las técnicas de administración. La excelencia y la calidad de la educación se instalaron en la política educativa como resultado del avance neoliberal en la escuela pública. Su objetivo era y es justificar la reducción del presupuesto educativo o, como dirían los tecnócratas, “hacer más con menos”. Derivado de estos dos conceptos se han impuesto las evaluaciones estandarizadas de estudiantes y profesores, cuyo único objetivo es desechar a aquellos que no cumplieran con los indicadores establecidos. De esta forma, el proceso pedagógico se  redujo a indicadores cuantificables que pueden ser medidos y evaluados. La excelencia esconde tras de sí, una concepción elitista de la educación, una que ve fundamentalmente en la evaluación estandarizada el objeto de la educación. Sin embargo, como lo documentó Hugo Aboites, en casi tres décadas de implementarse evaluaciones de la calidad y la excelencia, no han contribuido en mejorar el Sistema Nacional de Educación, por el contrario, lo pervirtieron, pues ahora de lo que se trata es de que el estudiante y profesor aprueben los exámenes y no que desarrollen de forma integral el complejo proceso educativo.

5. Instancias evaluadoras en la mejora continua

Esta idea es nueva, se incorporó en el  inciso c de la fracción IX y como tal, no se encontraba en la reforma de Peña Nieto. Aunque la redacción es ambigua porque señala que habrá instancias “evaluadoras” avaladas por el organismo del Sistema de Mejora Continua, no se especifica quienes son estas instancias, ni cuál será su  carácter. Sin embargo, en la experiencia reciente de la educación pública de nivel superior existe un penoso antecedente. La necesidad de crear instancias evaluadoras dio la pauta para el surgimiento de los organismos privados que asumieran esa tarea, como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación para la Educación Superior (COPAES).  Con dichas instancias y bajo la autorización del Gobierno Federal, se inició una frenética búsqueda de la calidad-evaluación-acreditación, por medio de organismos también privados revestidos de asociaciones civiles (AC) que lucran con los procesos de evaluación de la educación pública. Hugo Aboites (2003) documentó que los negocios de la acreditación representan una cantidad de mil millones de pesos, cada cinco años. Lo preocupante con la reforma de la 4T es que se deja la puerta abierta a esta lógica mercantil en la educación básica.

6. Consejo Ciudadano del Sistema de Mejora Continua.

Esta figura se contempla en la fracción IX, y con ello se permite la intromisión de las cúpulas empresariales en la política educativa del país. Recordemos que Mexicanos Primero, dirigida mucho tiempo por Claudio X. González, o la organización Compromiso Social por la Calidad de la Educación, bajo el mando de la empresaria Marinela Servitje, han pugnado por que la educación pública se someta por completo a los designios de las cúpulas empresariales. Aunque su participación en la actual reforma ha sido menos publicitada, se congratularon con su redacción final. La cúpula empresarial ha incidido en la política educativa por medio del control del Consejo Técnico Nacional del Consejo Escolar de Participación Social, el cual ha pugnado de forma incesante por “fomentar la educación de calidad”. En última instancia, las organizaciones empresariales quieren que la educación forme el capital humano que requieren sus empresas; a la vez, futuros trabajadores dóciles y ciudadanos consumistas.

7. Organización y profesionalización de la gestión escolar

Este concepto se encuentra en el inciso “d” de la  nueva fracción IX, y se incorpora como tarea del Sistema de Mejora Continua. La gestión escolar propone convertir a las escuelas públicas en modelos empresariales, muy similares a las escuelas “Charter” de Estados Unidos, las cuales son administradas y dirigidas por padres, educadores, líderes comunitarios y empresarios de educación. La profesionalización de la gestión escolar fomenta que cada escuela se haga responsable de la gestión de los gastos en infraestructura y gastos operacionales. Aunque no aparece de forma clara en la reforma, al parecer la profesionalización de la gestión escolar se complementa con los Comités Escolares de Administración Participativa, los cuales recibirán recursos directos de la Secretaria de Hacienda, lo anterior según la carta enviada por AMLO al Magisterio Nacional el pasado 27 de mayo. La profesionalización de la gestión escolar está relacionada con los Comités de Planeación y Evaluación contemplados en el artículo decimoséptimo transitorio del dictamen. De esta forma, se crea todo un andamiaje administrativo que atenderá directamente las necesidades de infraestructura y administración de las escuelas públicas. Es importante recordar que con la reforma de Peña Nieto, la autonomía de gestión no se incorporó en el artículo 3ro, sino sólo en la Ley General de Educación.

8. Educar en la cultura de la paz y los valores

Aunque estos conceptos aparecen de forma ambigua en el párrafo tercero, pues no se define qué se entiende por ellos, coincidentemente concuerdan con la campaña educativa que impulsa la Iglesia Católica. El 23 de abril de 2019, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Garfias Merlos, señaló que en algunas escuelas de Morelia, Michoacán, la Iglesia católica implementa un programa de educación para la paz y que además buscarán que éste llegue a nivel nacional. Además agregó que pretende que la iniciativa “sea parte de la propuesta básica de estudios en el sistema institucional” por lo que presentarían ante Cámara de Diputados, el Proyecto Integral para la Construcción de Paz. No es la primera vez que la iglesia católica se ve indirectamente beneficiada con la reforma educativa. Recordemos que la reforma salinista de 1992 y 1993 al artículo tercero permitió un crecimiento exponencial de la educación privada-religiosa, debido a que con la reforma de 1992 se eliminó la vinculación de la fracción I (que obligaba a que toda educación fuera laica) con fracción reglamentaria de la educación privada, que en ese momento era una nueva fracción IV. Igualmente suprimió la entonces restricción que tenían las corporaciones religiosas, los ministros de culto o sociedades vinculadas a cualquier credo religioso de intervenir en la educación básica y normal. Lo preocupante es que esta violación al carácter laico de la educación se mantuvo en la redacción de la reforma de la 4T.

9. Requisitos de ingreso a las universidades de educación superior

La recién integrada fracción X es el punto de partida para la próxima Ley de Educación Superior. Esta fracción señala que:

 

1. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

 

Lo primero que destaca de esta redacción es que otorga legalidad constitucional a los exámenes de ingreso a la educación media superior y superior, como el  EXANI-I y el EXANI-II, los cuales son mecanismos claros de exclusión de cientos de miles de jóvenes de las aulas universitarias. Lo segundo es que la obligación del estado se reduce a fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, y no a garantizar la impartición de la educación superior de manera suficiente. Esta redacción implica la posibilidad de crear un sistema de becas crédito o de subsidio de las universidades privadas, como pretexto de que son medidas que fomentan la impartición.

10. Rectoría de la educación por el Estado

Es preocupante que la reforma de la 4T hiciera eco de la campaña de propaganda impulsada por las cúpulas empresariales como Mexicanos Primero. Recuperar la rectoría de la educación fue el Caballo de Troya con el cual se buscó responsabilizar a los profesores de la crisis del sistema educativo nacional. Pero sólo era propaganda, porque en los hechos el Estado nunca perdió la rectoría: el Estado es quien ha diseñado de forma centralizada los planes y programas de estudio; ha sido el Estado quien finalmente otorgaba el registro de validez, claves y certificaba, tanto a escuelas como a estudiantes; siempre ha sido el Estado quien asignaba, oficializaba  y pagaba las plazas de todos los maestros de la educación. Decir que el Estado perdió la “rectoría” era el pretexto para satanizar al profesor frente a grupo. Esta consigna no tendría nada que hacer en una reforma educativa progresista.

11. El interés superior de los niños y niñas a la educación

Este concepto tiene el objetivo de contraponer de forma antagónica los derechos de los estudiantes a la educación pública con los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. Al igual que la idea de que el Estado recupere la rectoría de la educación, esta idea ha sido impulsada por las cúpulas empresariales para deslegitimar y criminalizar la lucha magisterial.

Conclusiones

La primera es que pese a que la reforma de la 4T incorpora conceptos que podríamos catalogar como progresistas, como educación integral, la educación sexual, etc, mantiene e incorpora otros que refuerzan y profundizan el espíritu empresarial del Sistema Educativo Nacional, que es y ha sido el espíritu del modelo neoliberal. En por ello que aparecen, no ingenuamente, conceptos como: las instancias evaluadoras, la organización y profesionalización de la gestión escolar, el consejo ciudadano del Sistema de Mejora Continua, excelencia, etc. La visión empresarial conlleva paralelamente una lógica mercantil, por ello, tampoco es casual que la reforma de la 4T mantenga la esencia del artículo VI, que regula la educación privada, y básicamente solo se modifique para permitirle impartir educación inicial, y por supuesto, la educación especial. Esta misma lógica mercantil es la que guía la redacción de la fracción  X, con la cual se abre la posibilidad de las becas crédito o la subvención de la educación superior privada.

Segunda. La nueva reforma no es abrogación de la de Peña Nieto, ni muchos menos de las reformas educativas neoliberales que iniciaron en 1992 con Carlos Salinas de Gortari. Cuando en 1992 y 1993 se reformó el artículo 3ro, bajo el pretexto de la modernización educativa, la lógica era: a) iniciar un proceso de reducción del gasto social en educación; b) ampliar la privatización de la educación; c) permitir que las corporaciones religiosas impartieran educación, y; d) avanzar en el giro administrativo y tecnocrático de los objetivos del Sistema Educativo Nacional, por medio de reducir la educación a simple instrucción y a la formación de capital humano. Peña Nieto, concretó el programa iniciado por Salinas, y continuado con la Alianza de la Calidad de la Educación (ACE) de Felipe Calderón en 2008, por medio de la flexibilización de las relaciones laborales de los trabajadores de la educación mediante el Servicio Profesional Docente y elevando a rango constitucional el binomio calidad- evaluación. Como los vimos, la reforma de la 4T mantiene ese espíritu, adecuado y profundizado.

Tercero. Lo que realmente le importa a la reforma de la 4T es la opinión de las cúpulas empresariales, y no la opinión de los maestros o del pueblo de México. Al igual que las modificaciones al artículo 3ro, la discusión y aprobación de las leyes secundarias, se realizará en periodo vacacional, con el claro objetivo de desincentivar la participación de las bases de maestros.

 

	Calendario Oficial para Discutir y Aprobar las Leyes Secundarias
24 al 26 de junio	Primera Audiencia Pública del Parlamente Abierto en la Cámara de Diputados para discutir las leyes secundarias: Ley General de Educación, Ley Carrera para Maestras y Maestros, Ley de Sistema de Mejora Continua
Del 1 al 19 de julio	Discusión con el magisterio nacional  (SNTE y CNTE), sociedad civil y cámaras empresariales
29 al 31 de Julio	Segunda Audiencia Pública del Parlamente Abierto en la Cámara de Diputados para discutir las leyes secundarias:
15 de agosto	Fecha límite para aprobar las leyes secundarias

 

 

Para finalizar, es importante señalar que, aunque no se diga, la educación y escuela pública perdieron de nuevo con la reforma de la 4T. La diferencia con la de 2013 es que el Gobierno Federal sometió de una manera distinta al magisterio combativo, literalmente, como diría Antonio Gramsci, se los “echó al bolsillo”. Al sacar la permanencia del régimen de excepción laboral neutralizó la visión gremialista de cúpula de la CNTE. De igual forma, la eterna promesa de la reinstalación de los 586 profesores cesados, metió al magisterio a una ruta administrativa, cuando lo que se debería de estar discutiendo son las leyes secundarias. Lo más delicado es que como van las cosas las leyes secundarias concretarán la esencia privatizadora, empresarial y el oscurantismo de 25 años de educación neoliberal.