Se cumplieron los 4 años correspondientes al rectorado de Medardo Serna González en la UMSNH, razón por la cual es necesario hacer un balance sobre el tiempo en que se mantuvo como rector, desde 2015 hasta 2019. Para ello, habrá que revisar aspectos básicos que, si bien no son exclusivos del rectorado de Medardo Serna ni de la UMSNH, corresponden a problemáticas que no fueron atendidas en los 4 años que Serna González se mantuvo en la rectoría, tales como el tema de la democracia, la gratuidad, políticas de ingreso a la universidad, la crisis financiera, la falta de transparencia y el acoso sexual al interior de la UMSNH.
La Comisión de Rectoría y la antidemocracia en la UMSNH
Desde hace años hemos visto como en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al igual que en muchas universidades públicas, predomina un panorama de antidemocracia, reflejo de la sociedad misma en la que vivimos. Ejemplo de ello lo tenemos en la llamada Comisión de Rectoría, compuesta por 5 ex rectores, el decano profesor activo, el decano director y el alumno del consejo universitario con mayor promedio, estando respaldada en el artículo 8° fracción VI de la Ley Orgánica de la universidad como mecanismo de elección de rector. Así, un pequeño séquito de personas decide quién debe ser la persona que esté al frente de la universidad por 4 años, dejando a más de 60 mil personas, entre profesores, trabajadores y estudiantes, sin voz ni voto en la elección de rector.
Se entiende pues por qué el proceso de elección de rector en la Universidad Michoacana está marcado no sólo por la antidemocracia sino por ser un proceso turbio donde predomina la compra de votos, las presiones externas, el servilismo y clientelismo, entre otras irregularidades características del proceso. El resultado es evidente: cualquiera que quede como rector o rectora de la universidad jamás responde a los intereses de la comunidad universitaria, complementándose con un consejo universitario dócil y aburguesado que se limita a levantar la mano sin cuestionar las decisiones tomadas muchas veces en lo obscurito, aprobándose propuestas en fast track sin la correcta valoración y análisis de las mismas, y difícilmente se establecen mecanismos efectivos a través de los cuales se informe o se consulte a la comunidad universitaria sobre las decisiones tomadas al interior de la universidad.
En este sentido, ni Medardo Serna ni ninguno de los rectores que ha habido en la UMSNH en los últimos años han sido elegidos por la comunidad universitaria. Hablando específicamente del rectorado de Serna González, desde su designación, los procesos antidemocráticos fueron evidentes. Así, en cada sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo Universitario, se hacían propuestas y se tomaban decisiones sin la correcta discusión y consenso entre la comunidad. Prueba de ello fue la aprobación del nuevo reglamento de ingreso, una respuesta por parte del rector ante la toma estudiantil llevada a cabo por el Movimiento de Aspirantes y Rechazados y la Coordinadora de Universitarios en Lucha que se extendió de finales de agosto a principios de noviembre en el 2016. Del mismo conflicto, se originó la expulsión de moradores y moradoras de Casas del Estudiante, lo cual se decidió en una sola sesión y en medio de un clima de tensión. Mención aparte merecen la aprobación de presupuestos fuera de tiempo, cuando muchas veces ya estaba ejercido el presupuesto, y la autorización de obras como los controles de acceso y otros gastos inútiles.
Éstos son sólo algunos de los procesos antidemocráticos vividos en la universidad durante la gestión de Medardo Serna. De la misma forma antidemocrática en que fue elegido, no realizó ningún esfuerzo por democratizar la universidad, por lo cual su sucesor, Raúl Cárdenas Navarro fue elegido bajo los mismos parámetros antidemocráticos.
La violación del derecho a la Gratuidad
En febrero del 2014, con Salvador Jara Guerrero todavía como rector, se dio la noticia de que para el ciclo escolar 2014-2015 se cobrarían cuotas de inscripción en la UMSNH, lo cual significaría una violación de un derecho constitucional de la comunidad estudiantil, dado que, desde el 2010, en el estado de Michoacán se realizaron reformas constitucionales que permiten y fomentan la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública estatal, desde la educación básica hasta el nivel superior, esto como resultado de las largas jornadas históricas de lucha por parte del movimiento estudiantil en el estado. De esta forma, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán señala que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita”, similar a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo tercero señala que “toda persona tiene derecho a recibir educación […] Toda la educación que el Estado imparta será gratuita” desde preescolar hasta nivel Medio Superior.
Ante ello, surgieron Asambleas Estudiantiles en Defensa de la Gratuidad en varias facultades y preparatorias de la universidad, un movimiento estudiantil con estructura democrática y horizontal que, bajo la consigna de ¡No falta dinero, sobra corrupción!, logró aglutinar a más de 12 mil estudiantes, llevando la lucha hasta instancias jurídicas que terminaron en fallos a favor de la gratuidad en la UMSNH. Sin embargo, las autoridades universitarias impusieron una serie de trabas y condiciones, burocratizando el proceso de inscripción y reinscripción.
En el 2015, la Comisión de Rectoría designó como nuevo rector a Medardo Serna González para el periodo 2015-2019. Al rendir protesta como rector, se hizo mención de que sería “respetuoso de todos los marcos jurídicos y normativos”, en alusión a que buscaría gestionar recursos para cubrir el tema de la gratuidad por la que se llevaba ya casi un año en lucha, aunque no dejó claro si seguirían o no cobrando cuotas. A pesar de que se siguieron promoviendo amparos jurídicos contra el cobro de cuotas, ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se siguió violando el derecho a la gratuidad a lo largo de los 4 años que Medardo Serna se mantuvo en la rectoría.
El trámite para obtener la gratuidad cada vez fue presentando más dificultades. Al solicitar su orden de inscripción y reinscripción, las y los estudiantes deberían elegir la opción de gratuidad e imprimir la solicitud, para después llevar la hoja a ser firmada y sellada por el director o directora de su dependencia, para después asistir a la tesorería de la UMSNH, donde se tenían que hacer largas filas para que sea borrado el adeudo, hasta que por último se iría a control escolar de la dependencia para finalizar el trámite.
A lo anterior, se agregó el hostigamiento y amedrentamiento por parte de las autoridades. Al interior de las dependencias, las y los directores muchas veces se negaron a firmar las solicitudes de inscripción y reinscripción, además de tratar de imponer sus condiciones, agregando al proceso exámenes socioeconómicos, cartas firmadas por los padres para el caso de las preparatorias, entre otras artimañas. Respecto a las largas filas en Tesorería de la universidad, esto tenía que ver en gran medida con el hecho de atender las solicitudes de gratuidad en una sola ventanilla, de las tres disponibles.
Por su parte, el rector Medardo Serna comenzó a manejar conceptos como los de “condonaciones” y “aportaciones voluntarias”, incitando a las y los estudiantes a “solidarizarse” con la universidad ante el déficit financiero que sufría la misma, cada vez más profundo. Incluso, el rector Serna González llegó a hacer declaraciones a favor del cobro de cuotas, como cuando aseguró que “la gratuidad nos quitó un ingreso que tenía seguro la Universidad […] estamos hablando de unos 100 o 120 millones de pesos”, tratando de culpar a la gratuidad del enorme déficit financiero que se tiene en la UMSNH. Luego, el rector declaró: “en lo de la gratuidad, qué bueno que algunos estudiantes de manera solidaria se estén manifestando en ese sentido, yo le recuerdo a todos los estudiantes que hay aportaciones voluntarias, y esas aportaciones voluntarias es momento de que se incrementen”.
El resultado fue que una parte de comunidad estudiantil prefirió pagar cuotas para librarse del pesado trámite, además de que el llamado a la “solidaridad” en tiempos del centenario de la UMSNH, utilizado como chantaje a favor del pago de cuotas, hizo efecto. De esta manera, las y los estudiantes llegan a pagar más de 4 mil pesos por concepto de inscripción y reinscripción, cursos de inducción, exámenes médicos, entre otros cobros, por lo cual queda claro que en los 4 años correspondientes al rectorado de Medardo Serna González, se violó constantemente del derecho social y constitucional a la gratuidad en la UMSNH.
Políticas de ingreso y la exclusión en la UMSNH
Año con año, miles de jóvenes que aspiran ingresar a la universidad pública en México son rechazadas y rechazados, negándoseles su derecho a la educación. Así, 7 de cada 10 aspirantes a nivel nacional son rechazados de las universidades públicas, teniendo un promedio de 250 mil estudiantes rechazados anualmente. Lo anterior tiene que ver con la implementación de políticas de ingreso excluyentes, que van desde el cobro de cuotas, el examen único de ingreso, las acreditadoras, entre otros mecanismos que han dejado a miles de jóvenes sin ni siquiera aspiraciones para ingresar a la educación pública superior.
Respecto a las cuotas de inscripción, hay que decir que es ya en sí negar el ingreso a la universidad pública, considerando que el sueldo mensual de las y los trabajadores en México oscila entre los 3 mil y 6 mil pesos, salario apenas suficiente para cubrir gastos de alimentación, vestido y otros servicios básicos, resultando muchas veces insuficiente para cubrir cobros de cuotas en una universidad pública, por lo cual muchos jóvenes ni siquiera aspiran a ingresar a la universidad, pues se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias a solventar sus gastos. Cabe reiterar que esas cuotas fueron declaradas como inconstitucionales en la UMSNH al violar el derecho a la gratuidad otorgado por la constitución del Estado de Michoacán, aunque las autoridades universitarias se han valido de diversas artimañas para hacer que las y los estudiantes paguen las cuotas, como ya se explicó anteriormente.
Por su parte, el examen único de ingreso es elaborado en su mayoría por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), una empresa privada que desde su aparición en 1994 ha monopolizado la aplicación de exámenes de ingreso desde la Educación Media Superior y Superior, a través del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Superior (EXANI I y II), hasta los posgrados, con el EXANI-III, además del examen de egreso de la universidad, con el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). Así, el examen único de ingreso cumple un papel crucial en la política de restricción para acceder a la educación media superior y superior mediante la aplicación de un examen que contiene fundamentalmente reactivos de opción múltiple, 128 para evaluar ingreso y de 200 a 400 para egreso, que se contestan en aproximadamente de tres a cinco horas.
De esta manera, exámenes como los del CENEVAL han sido reconocidos como socialmente discriminatorios, dado que, al tratarse de exámenes estandarizados, no reconocen las diferencias en cuanto al tipo de educación que reciben las y los aspirantes, si se proviene de una institución pública o privada, si se cursó un bachillerato propedéutico o de bachillerato tecnológico, si se proviene de un entorno rural o urbano. Siendo las principales afectadas las mujeres, los indígenas y las personas de escasos recursos económicos, aquellos que se consideran los menos talentosos, mientras los de mejor posición económica tienen un mayor porcentaje de aciertos, según estudios del mismo CENEVAL.
Además, detrás del CENEVAL hay un gran negocio y un medio de control político sobre las universidades públicas. Tan solo en el año 2016, bajo el rectorado de Medardo Serna González, la UMSNH pagó al CENEVAL un total de 10 millones 696 mil 220 pesos por concepto exámenes de ingreso y egreso. A lo anterior habrá que sumarse otros servicios como el de asesoría técnica-metodológica y diseño técnico, que tiene un costo unitario por hora de 2 mil 349 pesos.
Otro medio de exclusión educativa se encuentra en los organismos acreditadores, dependencias privadas que establecen parámetros de “calidad” en la educación superior, sin dejar bien en claro cuáles son esos parámetros de calidad y permitiendo la intervención de instancias privadas en la educación pública. Los organismos acreditadores, como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES), también juegan un papel determinante en la exclusión educativa a nivel público superior, puesto que a través de “recomendaciones” imponen el número de matrícula al interior de las dependencias universitarias, además de que lo que se evalúa no es el aprendizaje de las y los estudiantes, sino la institución en general.
Al igual que en el caso del CENEVAL y los exámenes de ingreso, los organismos acreditadores se han enriquecido a costa del pago millonario que realizan las universidades por sus servicios. Considerando que la propia COPAES ha decidido que la acreditación debe hacerse cada cinco años, se trata de un negocio renovable, permanente y redituable. Por ejemplo, durante la administración de Medardo Serna, el tema de la acreditación fue primordial, llegándose a acreditar 28 programas de licenciatura a cambio de la etiqueta de reconocimiento de calidad que otorgan las acreditadoras. Respecto a los costos, estos varían según el organismo acreditador, variando entre los 50 mil y 100 mil pesos por programa acreditado.
Ahora bien ¿Cuáles fueron las políticas de ingreso impulsadas durante el rectorado de Medardo Serna en la UMSNH? Se mantuvieron las cuotas de inscripción y reinscripción, así como el examen único de ingreso, aplicado por el CENEVAL en los ciclos 2015-2016 y 2016-2017. A partir de la toma estudiantil de 66 días por parte del Movimiento de Aspirantes y Rechazados y la Coordinadora de Universitarios en Lucha en el 2016, la política de ingreso fue una cerrazón.
Para el ciclo 2017-2018, haciendo gala de la antidemocracia y falta de representatividad en la UMSNH, se aprobó en fast track un nuevo Reglamento de Ingreso, un documento que genera toda una serie de estipulaciones que pueden ser cuestionadas, dado su carácter contradictorio, ambiguo y regresivo, además de que criminaliza los movimientos estudiantiles. Destaca lo estipulado en el quinto capítulo titulado De la Inscripción de los Aspirantes Admitidos y situaciones no previstas, que en su artículo 25 menciona que las y los aspirantes no pueden realizar actos que tiendan a debilitar los principios básicos de la universidad, sin especificar cuáles son estos principios, ni tampoco podrán incitar o participar en desordenes que originen la suspensión de labores universitarias, y las actividades universitarias. Niega igualmente el registro o reinscripción a quien realice actos que afecten el honor y moralidad de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Otro punto del artículo habla de que se tiene prohibido a las y los aspirantes o estudiantes inscritos hacer uso de cualquier tipo de violencia en contra de cualquier miembro de la universidad o del patrimonio universitario. Sin duda, el reglamento fue un ataque directo contra el MAR y la CUL.
Luego, tratando de minimizar el conflicto, se recurrió a falacias. Primero, se anunció que el CENEVAL dejaría de ser la empresa encargada de la elaboración del examen único de ingreso a la universidad, excepto para el área de la salud. En su lugar, se aplicaría un examen de admisión elaborado por profesores de los distintos programas de licenciatura y bachillerato que ofrece la universidad. Con ello, si bien la universidad se ahorró alrededor de 10 millones de pesos, el examen no omite la estructura homogénea, estandarizada y discriminadora, por lo cual el examen de ingreso sigue fomentado de la exclusión educativa tal como lo hace el CENEVAL.
Luego, se abrió la posibilidad de un doble registro, con lo que las y los aspirantes pueden elegir más de una carrera a la cual aspirar. Según el rector Medardo Serna, con el doble registro aumentan las posibilidades de ser aceptado ya sea en una u otra carrera de las elegidas. Sin embargo, esta medida no impidió que se siguieran rechazando a miles de jóvenes, al dejar intacto el sistema de competencias implementado como mecanismo de ingreso. Ni siquiera con una segunda convocatoria se pudo resolver el problema.
Bajo estas circunstancias, el comportamiento de la matrícula bajo el rectorado de Medardo Serna creció solo en medida de la apertura de nuevas carreras en la UMSNH. De este modo, para el ciclo 2015-2016 hubo alrededor de 13 mil aspirantes para el nivel superior, teniendo lugar para alrededor de 11 mil. En el ciclo 2016-2017 la oferta de lugares se redujo a 10 mil 832 lugares para 14 mil 836 aspirantes, reduciéndose la matrícula en varias dependencias como derecho (500 espacios menos), Ingeniería eléctrica (300 lugares menos), odontología (380 espacios menos), entre otras. Para el ciclo 2017-2018, hubo un leve aumento en los lugares ofertados, pasando a 12 mil 092 espacios por los cuales compitieron 15 mil 100 aspirantes. Por último, en el ciclo 2018-2019, hubo 18 mil 700 aspirantes, teniendo lugar únicamente para 12 mil 350 personas.
A simple vista, parece haber un aumento en la matrícula de nuevo ingreso en la UMSNH, sin embargo, esto no es así. En realidad, el aumento en la oferta de lugares corresponde principalmente a la creación de carreras como Mecatrónica y Mercadotecnia, por mencionar las recientemente aprobadas por el H. Consejo Universitario, mientras las demás carreras tuvieron un un ligero aumento o mantuvieron la misma capacidad de oferta educativa en comparación del 2016, año en que se había presentado tendencia a reducir la matrícula en diferentes carreras.
Hay que entender también que el quedar aceptado o no en alguna de las licenciaturas que oferta la universidad depende más del cupo disponible en la carrera deseada y del número de aspirantes contra los que se compite. Por ejemplo, en el ciclo escolar 2018-2019 hubo 3 mil 331 aspirantes a las áreas de Medicina y Nutrición, y sólo 475 aspirantes michoacanos y 50 foráneos lograron un lugar en la Facultad de Medicina, mientras que en Nutrición la disponibilidad de lugares es de 144 michoacanos y 16 de otros estados, siendo rechazados de la universidad 2 mil 646 aspirantes.
Desfinanciamiento, déficit financiero y falta de transparencia
Desde hace ya varios años, el presupuesto asignado a la educación pública superior en México se ha venido reduciendo cada vez más, generando el desfinanciamiento de las universidades públicas. Es bien sabido que, desde que se adoptó el modelo económico neoliberal, el Estado se deslinda de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, abriendo campo al sector empresarial.
Al mismo tiempo, los recursos otorgados a las universidades públicas están condicionados a que esas instituciones cumplan ciertos criterios impuestos por organizaciones monetarias como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, etc., quienes imponen su idea de calidad en la enseñanza con base en parámetros económicos y técnico-empresariales al interior de las universidades.
Hablando de la UMSNH, una universidad estatal que depende en gran parte del presupuesto otorgado por el estado, Serna González comenzó su administración arrastrando un enorme déficit financiero de mil 109 millones de pesos dejado por su antecesor, Salvador Jara Guerrero. En el 2015, se comenzó con un presupuesto de 2 mil 546 millones de pesos, pasando al 2016 con un presupuesto histórico de 2 mil 946 millones 764 mil pesos, aunque para el 2017 se volvió a recortar el presupuesto a 2 mil 555 millones 656 mil 427 pesos, viéndose en aprietos ante el déficit financiero que siguió creciendo y ya no se contó con fondos extraordinarios. Incluso se dijo que para ese año, el recurso sólo alcanzaría hasta el mes de septiembre. Con grandes problemas financieros, para el 2018 Medardo Serna declaró que la UMSNH necesitaba 3 mil 630 millones 264 mil 483 pesos como presupuesto, aunque solo recibió 2 mil 726 millones 310 mil 443 pesos, dejando de nuevo colgada a la universidad en temas financieros.
Ante este panorama de déficit, se han buscado diferentes culpables. En primer lugar, como se señaló anteriormente, se dijo que el déficit se debía a la a gratuidad, pues según Serna González y su séquito esto les había quitado un ingreso que tenía seguro la Universidad de aproximadamente 100 o 120 millones de pesos. Sin embargo, como la anterior gráfica lo muestra, el ingreso por concepto de pago de inscripciones representa apenas un mínimo porcentaje del déficit total de la universidad.
Luego, se habló de que era el régimen de jubilaciones y pensiones lo que tenía en déficit a la universidad, un derecho por el cual lucharon las y los trabajadores y empleados por largos años y cuya reforma intenta ser utilizada como chantaje y moneda de cambio en la búsqueda de más recursos. Al respecto, hay que decir que la UMSNH gasta 780 millones de pesos en promedio anualmente para cubrir la jubilación y pensión de 2 mil 326 trabajadoras y trabajadores en retiro, según cifras de la Tesorería Universitaria.
Por último, se inculpó a las Casas del Estudiante, a las cuales se les destina 65 millones 847 mil 297 pesos anualmente, según datos tomados de Transparencia Universitaria para el año 2017. Así, teniendo en cuenta que existen 35 Casas del Estudiante pertenecientes a la UMSNH y el número total de moradores y moradoras es de 5 mil 104 (en el 2017), se tiene que el dinero promedio con el que tiene que sobrevivir diariamente cada morador y moradora es de 33.45 pesos, insuficientes para una vida digna.
Por supuesto, a primera vista se les daría la razón a las autoridades universitarias, pues entre gratuidad, jubilaciones y pensiones y casas del estudiante se gastan alrededor de 965 millones de pesos. Sin embargo, existen otros factores a considerar al momento de intentar explicar el déficit financiero que año con año enfrenta la UMSNH. En este punto, habrá que mencionar la corrupción y la falta de transparencia que abunda en la universidad.
Sobre esto, la Auditoría Superior de la Federación publicó en el 2017 observaciones por más de 1,036 mdp a la UMSNH, esto según la auditoría realizada por la dependencia a la universidad en el año 2015. De esto, se desprende el gasto de 125 millones 57 mil 800 pesos que se utilizaron en “gastos operativos”, destacando 118 millones de pesos correspondientes a diversos conceptos como productos alimenticios, vestuario y uniformes, arreglos florales, entre otros gastos ostentosos. En total, la UMSNH recibió 13 observaciones ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y la Auditoría superior de la Federación (ASF), acumulando un monto de 260 millones de pesos para el 2017. Lo anterior habla de los malos manejos, la gestión ineficiente y la falta de transparencia por parte del ahora ex rector Medardo Serna.
Del mismo modo, se tiene el caso de al menos 13 empresas fantasma que pueden formar parte de una red de desvío de recursos en la UMSNH, tal como sucediera con la “estafa maestra”, uno de los más grandes fraudes registrados en México que no sólo involucró dependencias de gobierno y funcionarios, sino también a instituciones educativas públicas, donde el gobierno federal, por medio de 11 dependencias, desvió miles de millones de pesos, en este caso con complicidad de universidades públicas del país. Al respecto, Medardo Serna declaró que se estaban haciendo las investigaciones necesarias para dar con los culpables del desvío de recursos, sin embargo, hasta la fecha no hay quien responda sobre ello.
Por otra parte, a pesar de los supuestos tiempos de austeridad ante la crisis financiera que se vivía en la UMSNH, se realizaron una serie de gastos inútiles que bien pudieron solventar un poco la crisis. Por ejemplo, en el 2016 se instalaron seis controles de acceso peatonales y cinco vehiculares en diversos puntos de Ciudad Universitaria, esto con una inversión de 6.4 millones de pesos, los cuales nunca han funcionado regularmente y se encuentran en estado deteriorado; en el 2017 se comenzó la construcción de la “Plaza Nicolaita del Arte y la Cultura”, un intento de espacio cultural que incluye una remodelación total de una de las explanadas dentro de C.U., la instalación de un asta bandera, andador de esculturas, ágora nicolaita, etc. con una inversión de 4 millones de pesos; igualmente, en el 2017 se comenzó la remodelación de la entrada principal de C.U., en lo que se gastaron 7.6 millones de pesos con la intención de “dignificar” la entrada principal de C.U. Éstas son solo algunas muestras de cómo se han hecho gastos innecesarios durante la gestión de Serna González.
Por último, hay que tomar en cuenta el salario de los altos funcionarios, donde al rector Medardo Serna González se le llegaba a pagar hasta 50 mil pesos mensuales, mientras los encargados de secretarías general, académica, administrativa y de difusión cultural tienen un sueldo base de hasta 33 mil pesos, todo esto sin incluir prestaciones.
Como puede verse, el déficit financiero que enfrenta la UMSNH no es culpa ni de las y los estudiantes ni de las y los trabajadores y académicos. Es la corrupción, los malos manejos y la falta de transparencia lo que genera la crisis financiera de la universidad. Se entiende también el hecho de que las universidades públicas como la UMSNH necesitan mayores recursos para solventar las necesidades de la comunidad universitaria y que el Estado está obligado a destinar más recursos para la educación pública superior. Sin embargo, mientras persistan las prácticas corruptas, será difícil gestionar estos recursos.
Acoso sexual y violencia de género
El acoso sexual es una de las más grandes problemáticas que enfrentan las mujeres en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan. Ya sea en la calle, en su trabajo o en la escuela, las mujeres sufren día a día de diferentes tipos de violencias de género que van desde conductas verbales (comentarios sexuales intencionados, bromas sexuales referidas al cuerpo, chistes groseros, insinuaciones o comentarios explícitos, amenazas sexuales, llamadas telefónicas mudas o con sonidos sugerentes y mensajes molestos u ofensivos), visuales (miradas lascivas a ciertas partes del cuerpo y la exhibición de gestos sexuales u obscenos) y físicas (proximidad sin consentimiento, palmadas y pellizcos “inocentes” y los roces “casuales” con el cuerpo), llegando muchas veces estas violencias a terminar en abuso sexual, desapariciones forzadas y feminicidios.
Por supuesto, el acoso sexual y las violencias de género no son ajenos a las universidades públicas. Un estudio de El Universal realizado en la UNAM, el IPN, la UPN, el CIDE y la UACM muestra que entre 2012 y 2018 hubo 83 denuncias por violencia de género en promedio por año, todas ellas sin seguimiento ni sanciones rigurosas o severas. Así, de un total de 581 quejas, se tiene que en seis de cada diez reportes, la agresión provino de algún integrante de la institución educativa, principalmente de los profesores.
Para el caso de la UMSNH, desde el 2012 no existe un estudio que muestre un balance sobre el acoso sexual. En aquel año, según el estudio “Presencia de hombres y mujeres en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” realizado por las investigadoras María Arcelia González Butrón y Flor de María Gamboa Solís, se muestra que el 0.9 por ciento de la población estudiantil sondeada fue víctima de amenazas por no aceptar invitaciones o propuestas sexuales, siendo los profesores responsables en un 66.7 por ciento de los casos. Cabe mencionar que este estudio sondeó a mujeres y varones por igual, mostrando que, aunque en mucha menor medida, los varones también sufren de acoso, pero sobre todo, muestra la urgencia de un estudio exclusivo para las mujeres que muestre el grado de violencia de género que hay en la universidad.
Hay que decir que pocas son las denuncias que llegan a instancias de autoridades universitarias. Al carecer las universidades públicas como la UMSNH de instancias que le den seguimiento al acoso sexual y violencia de género y castiguen severamente este tipo de actos, aunado al miedo a las represalias por parte tanto del agresor como de la institución misma, las estudiantes simplemente deciden callar. Aun así, durante el rectorado de Medardo Serna en la UMSNH hubo un caso que logró salir a la luz pública. En el 2016, estudiantes de la Facultad de Filosofía y la Red “No Más Acoso y Hostigamiento de la UMSNH” denunciaron a un profesor de dicha institución como autor de al menos 5 casos de hostigamiento, de los cuales sólo uno se encuentra actualmente en proceso ante el Tribunal Universitario en espera de dictamen. Sobre éste y otros casos, Serna González llegaría a declarar que se tratan de “excepciones” los casos de hostigamiento presentados.
Pocas han sido las acciones que las universidades públicas han hecho respecto al acoso sexual y violencia de género. A lo más que se ha llegado es a la implementación de protocolos de atención y campañas que intentan prevenir este tipo de actos pero que pocas veces se llegan a castigar severamente, quedando muchas veces en simples llamadas de atención. Es así que en el 2017 se implementó en la UMSNH el “Protocolo para la Prevención, Actuación y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, un documento cuya finalidad es “fomentar una cultura que desnaturalice y evite la violencia de género al interior de esta Institución, a través de medidas normativas y operativas eficaces para prevenir, atender y erradicar prácticas que atenten contra la integridad de las personas”, por lo cual, como se dijo, termina siendo preventivo y no establece los mecanismos ni la reglamentación para castigar ejemplarmente a quien violenta.
Consideraciones finales
Hasta aquí se han mencionado 5 ejes que intentan explicar la situación de crisis no solo financiera en la que se encuentra la UMSNH. Habrá que agregar su mala relación con Casas del Estudiante y los sindicatos, quienes sufrieron constantemente de hostigamiento y represión por parte de las autoridades universitarias. Basta con mencionar el divisionismo, servilismo político e incluso el porrismo fomentado por Serna González y su séquito, aunado a la exaltación desbordada de la identidad nicolaita a raíz del centenario de la UMSNH, solo por mencionar algunos otros aspectos.
En efecto, las problemáticas aquí abordadas no son exclusivas del rector Medardo Serna González, sino que se trata de patrones que se repiten en tiempo y espacio. De esta manera, se puede ver que la antidemocracia, la falta de gratuidad, las políticas de ingreso excluyentes, el desfinanciamiento y la falta de transparencia, así como el acoso sexual y la violencia de género, son asuntos que ocurren en la mayoría de las universidades públicas, desde la UNAM hasta cualquier otra de las 77 universidades públicas. Igualmente, las mismas problemáticas se repitieron en mayor o menor medida bajo los rectorados de Salvador Jara Guerrero, Silvia Figueroa Zamudio, Jaime Hernández y cualquier otro rector. Incluso seguramente se repetirán con el nuevo rector, Raúl Cárdenas Navarro, elegido antidemocráticamente al igual que sus antecesores.
Tampoco la comunidad universitaria es culpable de la crisis. Se trata en realidad de problemáticas estructurales que tienen que ver con el modelo de universidad que se tiene, el cual no ha sido cuestionado ni mínimamente por las autoridades universitarias, quienes aceptan esa imposición. Se trata pues de un modelo de universidad tecnocrático-empresarial, donde lo público se convierte en privado, donde se da pie a la privatización y mercantilización de la educación, donde sólo unos pocos, sobre todo aquellos con recursos financieros, tienen la oportunidad de asistir a una institución pública superior, donde se les niega este derecho a los sectores populares, donde se desvincula al estudiante de su comunidad.
Al final, como parte de una comunidad universitaria, se debe seguir exigiendo a las autoridades presupuesto digno para la educación pública superior en México, de tal manera que se pueda fomentar una reorientación en el modelo de universidad que se está implementando y se puedan superar las barreras que trae consigo el modelo tecnocrático empresarial que se ha impuesto en las universidades públicas del país desde hace décadas; al mismo tiempo, se debe exigir transparencia por parte de las autoridades universitarias al momento de rendir cuentas, no solo al gobierno federal y estatal, sino a toda la comunidad universitaria, a cuyos intereses y demandas debe responder. Por último, es urgente la democratización de espacios universitarios como la UMSNH, en donde ni las y los estudiantes, ni las y los profesores, ni mucho menos las y los empleados son tomados en cuenta en las decisiones, lo cual tiene sumido en una crisis profunda a toda la educación pública superior en México, sumado a otras problemáticas que se replican en la mayoría de los espacios universitarios, como lo son las políticas de ingreso excluyentes, falta de gratuidad y el hostigamiento sexual y violencia de género que persisten.
La solución a estas problemáticas debe darse desde abajo, con la participación de las comunidades universitarias, de tal forma de que se respete la autonomía de las universidades públicas y que la comunidad universitaria de cada institución sea capaz de darle salida a los problemas de financiamiento, luchando por democratizar sus espacios universitarios y así transparentar el uso de los recursos otorgados. Por supuesto, no basta con exigir mayor presupuesto, transparencia y democracia, ni tampoco basta con crear 100 universidades, ni mucho menos con otorgar miles de becas que solo fomentan el individualismo. Nada vendrá desde el gobierno, por más que se disfrace de izquierda. Las universidades públicas tienen que transformarse en universidades populares, con acceso universal a la educación superior, espacios universitarios críticos donde se respete el derecho a la educación pública y gratuita, donde la calidad no esté determinada por los intereses de los sectores privados empresariales, sino por la vinculación de la universidad con el pueblo. A esto se debe aspirar con las universidades públicas, y solo con la unidad y organización de las comunidades universitarias conformadas por las y los estudiantes, profesores y trabajadores se puede lograr.
