La violencia generalizada es una de las principales problemáticas que se pueden encontrar en la sociedad capitalista actual: asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas son tan solo una pequeña parte de la violencia visibilizada. Sin embargo, detrás de esta violencia visibilizada, se encuentra una violencia invisibilizada, oculta, que pocas veces sale a la luz y casi no es tomada en cuenta por la sociedad. Se trata de una violencia cuyo origen se encuentra en la base material de la sociedad, en el sistema económico que impera, en la desigualdad e injusticia social que existen bajo el capitalismo. Explicar de qué manera se ejercen estas violencias bajo el sistema capitalista y quiénes son las principales víctimas de ellas ayudará a entender el porqué de la violencia y cómo combatirla.

La violencia visibilizada

Todos los días, los medios de comunicación masiva hablan sobre las víctimas de la violencia visibilizada, se alimentan de ella, mientras el Estado justifica los hechos asociándolos principalmente con fenómenos como el narcotráfico y la inseguridad, sin afrontar la problemática de raíz. Se implementan protocolos, se promueve la legalidad y se buscan reforzar las políticas de seguridad, invirtiendo gran parte del gasto público en este rubro, como si más policías y militares en las calles garantizaran acabar con esta violencia, siendo estos responsables en gran medida de asesinatos, violencia sexual y desapariciones forzadas ante la corrupción y antidemocracia que predomina al interior de las instituciones del Estado.

Así, en primer lugar habrá que mencionar el alto porcentaje de asesinatos, pues tan solo en México, entre 2015 y 2018, hubo alrededor de 100 mil víctimas de homicidio doloso, según datos proporcionados por el por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los homicidios no disminuyeron con la entrada del nuevo gobierno, pues desde enero hasta abril de este año se cometieron 11, 532 homicidios dolosos.

Cabe recalcar que en la mayoría de los casos, los homicidios fueron vinculados al narcotráfico o quedaron impunes, aunado al papel del Estado quien, a través de sus instituciones policiacas, militares y paramilitares, además de estrategias de seguridad erróneas como la “guerra contra el narcotráfico”, es responsable directo de la muerte de cientos y miles de personas, entre civiles y supuestos criminales. Con todo lo manipulables y amarillistas que puedan parecer las cifras, es un hecho que año con año han venido aumentando el número de personas ejecutadas bajo el delito de homicidio doloso.

Aunado a esto, se tiene el ascendente número de feminicidios, es decir, mujeres que son asesinadas con un contenido de género explícito, como resultado de la violencia de género que sufren las mujeres día con día, lo cual va desde agresiones verbales y psicológicas, el acoso sexual, el hostigamiento laboral, el abuso sexual, la negación de su derecho al aborto, hasta ser asesinadas. Así, Amnistía Internacional menciona que 66.1 por ciento de niñas y mujeres (dos de cada tres) reportó haber experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida, y 43.5 por ciento de ellas habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas. Del mismo modo, cada cuatro horas es asesinada una mujer en el país, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). La cifra de mujeres asesinadas es de 9 mil 861 entre 2014 y 2018, según datos de las Procuradurías de Justicia y Fiscalías estatales y del SESNSP. De ellos, apenas mil 886 se ha investigado como feminicidios (30 por ciento) llegando muy pocos a una condena, esto ante las negligencias de las instancias judiciales que se resisten a llevar las líneas de investigación por cuestiones de género, donde la pareja sentimental o ex-pareja es quien comete el crimen.

Lo más alarmante de los casos de feminicidio y violencia de género es cuando se intenta inculpar a las víctimas, por “liberales”, por comportarse o vestirse de tal o cual forma, por salir a divertirse, entre otras excusas que tratan de ocultar el crimen cometido, cuyo responsable siempre debería ser el victimario. Ejemplos sobran: Lesvy Berlín Osorio, de 22 años de edad, fue encontrada muerta dentro de las instalaciones de la UNAM el 3 de mayo del 2017; Mara Fernanda Castilla, estudiante poblana de 19 años de edad, fue violada y hallada sin vida el 15 de septiembre del 2017; el 9 de mayo del 2018 fue encontrado el cuerpo sin vida de Areli Lizbeth Salazar, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), sin que hasta el momento se haya esclarecido el crimen. En los tres casos, se le da más peso a su vida personal de las víctimas que al móvil del crimen.

Otro aspecto que marca la violencia visibilizada en México es el crecimiento de desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad que conllevan la aprensión, la detención o el secuestro de personas que de forma arbitraria son privadas de su libertad, ya sea por el actuar del Estado o de una organización política o delictiva, violándose varios de sus derechos humanos y quedando sin saber el paradero de esas personas, siendo muchas veces víctimas de torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hasta abril de 2018 había un total de 36 mil 265 personas desaparecidas (del fuero común), de las cuales 26 mil 938 son varones y 9 mil 327 son mujeres, aumentando la cifra a 40 mil 180 para enero de este año, quedando la mayoría de los casos impunes y sin resolver.

Hay que reiterar el papel del Estado y sus instituciones en las desapariciones forzadas, pues es bien conocida la injerencia de instituciones policiacas y militares en estos crímenes de lesa humanidad, tal como pasó con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014. Es así que el RNPED, hasta abril del 2018, tenía un registro de mil 170 personas desaparecidas con implicación de fuero federal.

Respecto a los presos políticos, es decir, personas que a causa de sus creencias y actividades políticas están encarceladas sin haber cometido algún delito, violentando así garantías individuales y derechos humanos. Muchos de ellos y ellas representan una “amenaza” para el Estado, dada su labor de agitación y cuestionamiento respecto a determinadas políticas estatales, además de que varios de ellos y ellas son defensores de los derechos humanos o luchadores sociales, cuyas detenciones han sido resultado de procedimientos irregulares y alargados más de la cuenta. Este tema ha sido recurrente en México. Al ser una actividad constante y ante lo arbitrario que resultan sus aprehensiones, no se tiene un número exacto de presos políticos. Ejemplo de un preso político fue Alejandro Echavarría, profesor y activista político reconocido en todo el país, quien fue detenido el 23 de enero del 2018 en medio de la lucha de la CNTE contra la reforma educativa en Michoacán; otro caso fue el de León Fierro, activista del movimiento “Mexicali Resiste” cuya defensa del derecho al agua en Baja California lo llevó a ser detenido el 4 de mayo del 2018, acusado de supuesto intento de homicidio y vinculado a un proceso judicial arbitrario que lo considera “peligroso para la sociedad”. Aunque en estos casos se logró la liberación de los agraviados, ante la presión y protesta social generada, existen cientos de casos en donde las y los presos políticos siguen privados de su libertad.

Siguiendo esta misma línea, se puede encontrar que un gran número de víctimas de homicidio eran jóvenes de una edad de entre 15 y 24 años. De este modo, de acuerdo con el INEGI, fueron asesinadas 18 mil 833 personas de entre 15 y 24 años de edad, aumentando la cifra a 31 mil 357 jóvenes si se amplía la edad hasta los 29 años, siendo la cifra total de 87 mil 788 víctimas, esto entre los años 2012 y 2016. Eso llevó a que el mismo INEGI haya indicado que el homicidio doloso en ese lapso fue la principal causa de muerte entre los jóvenes y adultos de entre 15 y 44 años de edad. Por parte de las desapariciones forzadas, el SESNSP declaró que 9 mil 404 jóvenes de entre 15 y 24 años fueron víctimas de desaparición forzada entre 2007 y 2018, es decir, 1 de cada 3 personas desaparecidas son jóvenes.

Tampoco es de extrañar que muchas de las y los jóvenes asesinados y desaparecidos sean estudiantes universitarios. A los casos ya mencionados de Mara, Lesvi, Areli y los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa se agregan otros casos como el de José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de la UMSNH asesinado por cuerpos policiacos en Arantepacua, Michoacán el 5 de abril del 2017; Javier Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco Ávalos, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, fueron desaparecidos el 19 de marzo del 2018 para luego ser  asesinados y disueltos en ácido; recientemente se tiene el caso de Nilda Rosario Francisco de la Cruz, estudiante de la UMSNH desaparecida el pasado 17 de marzo sin que hasta el momento se sepa su paradero.

La violencia invisivilizada.

Se trata de una violencia sistémica que se manifiesta a partir de que solo unas pocas personas en el mundo acumulan gran parte del capital financiero, mientras las mayorías se encuentran sumidas en la pobreza y en la miseria, explotadas, despojadas y oprimidas. Esta violencia se refleja a través del hambre, la explotación laboral, los bajos salarios, el desempleo, la contracción del gasto público en servicios como salud o educación, el despojo de tierras y recursos naturales, incluso a través de las guerras imperialistas como mecanismo de reactivación ante las crisis económicas y el intervencionismo económico-militar.

Al respecto, hay que mencionar los altos índices de pobreza, definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como el hecho de tener al menos una carencia social entre seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, de seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. En este sentido, en México viven 53.4 millones de personas en condiciones de pobreza, es decir, el 43.2 por ciento de los mexicanos, según datos recabados por el CONEVAL hasta el año 2016, aumentando en un 17 por ciento entre 2008 y 2016.

 

Por otro lado, la tasa de desempleo se mantiene en 3.5 por ciento, según datos del INEGI, mientras que de la población “ocupada”, el 57.1 por ciento se encuentra en la informalidad, por lo cual 30.8 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen acceso a seguridad social y casi 14 millones sobrepasan la jornada de trabajo de 48 horas semanales. A esto se suma la precariedad de los salarios, donde 27 millones de personas reciben menos de dos salarios mínimos al mes, es decir, un aproximado de 5 mil pesos mensuales, esto según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada por el INEGI, siendo las mujeres trabajadoras quienes reciben menos sueldo, entre 14 y 30 por ciento menos en comparación con los varones por iguales puestos y tareas.

De la pobreza y la precariedad salarial viene la desigualdad económica y social. Es así que el 1 por ciento de la población que acumula una riqueza similar a la de 95 por ciento de mexicanos, mientras que los medios de producción se encuentran en manos de apenas el 10 por ciento de la población, el resto debe vender su fuerza de trabajo. De esta manera, mientras Carlos Slim, uno de los hombres más rico del mundo, posee una fortuna de 67 mil 100 millones de dólares, millones de mexicanos sufren de hambre y miseria, ante la precariedad de la vida bajo el sistema capitalista.

Aunado a ello, existe otra violencia invisibilizada, institucionalizada, que va inmiscuida en la dirección intelectual y moral de los sectores dominantes, en el consenso y dominación hegemónica impuesta a los sectores populares y que tiene que ver con lo ideológico y lo cultural. Esta violencia, vista como algo normalizado en la sociedad, se expresa por medio de la imposición de una ideología y de un sentido común, estando presente en todos los rubros de la vida social, política, cultural y espiritual. Es de esta manera que encontramos el machismo, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el racismo, el clasismo y la discriminación que prevalecen en las sociedades capitalistas, fenómenos que se ven reflejados en la música, en el cine, en la TV, así como en las instituciones de “justicia, derecho y legalidad”, sujetadas a la voluntad de los dueños del capital. Cabe aquí mencionar al llamado “terrorismo de Estado”, como una manera de mantener la enajenación y consenso impuestos desde arriba a los sectores populares.

Consideraciones finales.

Como se puede observar, las diferentes violencias son más que consecuencias del sistema económico que prevalece. Al final ¿Quiénes son las víctimas de la violencia? Son las y los jóvenes, las mujeres y la clase trabajadora en general. Son ellas y ellos, las mayorías, los subalternos, las y los pobres, oprimidos, explotados y despojados, quienes sufren las consecuencias de un sistema económico violento e inhumano por naturaleza; mientras las minorías acaparan las mayores riquezas del mundo, solo ellas son libres en el mundo capitalista, solo ellas viven en paz y bienestar. La violencia impacta de menor manera en quienes son dueños del capital.

En este sentido ha actuado el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuya carta fuerte respecto a la violencia invisibilizada es la implementación de un “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, el cual conlleva la creación de la Guardia Nacional. Con ello, se parece dar continuidad a los planes de militarización de los gobiernos anteriores, a pesar  de estar  más que comprobado el fracaso y la ineficacia de este tipo de estrategias de seguridad. Por lo que toca a la violencia invisibilizada, poco ha podido hacer la 4ª Transformación frente a lo complejo que resulta combatir la pobreza y la desigualdad, limitándose a ciertas medidas asistencialistas y programas como “Jóvenes construyendo el futuro”, además de un aumento en el salario mínimo. En efecto, no se puede culpar a AMLO de toda la violencia que existe en el país, pues la violencia es inerte al sistema capitalista y mientras éste exista, la violencia seguirá existiendo.

Entonces ¿Cómo combatir la violencia? La única manera en que los sectores populares puedan disfrutar de la paz y de la libertad es transformando la sociedad en todos los sentidos, comenzando por la base material, es decir, la estructura económica, el modo de producción imperante. Para ello, se requiere de la unidad y organización de las y los trabajadores, campesinos, estudiantes, luchadores sociales e intelectuales, con tal de construir el Partido Proletario que permita disputar el poder político. Asimismo, se requiere cerrar filas contra el avance del sistema económico capitalista rapaz que destruye todo a su paso, unificar las diferentes luchas políticas, económicas, sociales, militares y culturales, de tal forma que no se permita al capital aislar las diversas luchas.

Toda nuestra solidaridad con quienes sufren la violencia, con las víctimas de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas y aprehensiones políticas, con quienes sufren la pobreza y desigualdad, con quienes luchan por sobrevivir en un mundo plagado de violencias de todo tipo. Vendrán tiempos mejores. Por la unidad de las y los trabajadores ¡VENCEREMOS!