Lenin Contreras

En estos días se discute y probablemente se apruebe en el Senado de la Republica la reforma laboral impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de la Cuarta Transformación (4T), la cual más que una respuesta a las demandas de la clase trabajadora del país, tiene por objetivo atender ex profesamente a las exigencias del gobierno de Donald Trump en materia laboral para poder ratificar el nuevo tratado de libre comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

Como es sabido, la nueva reforma laboral contiene dos grandes ejes. El primero de ellos armoniza la Ley Federal del Trabajo con la reforma al artículo 123 de la Constitución realizada por el gobierno de Peña Nieto en el 2017, con la cual se sustituyen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que se encuentran subordinadas al poder Ejecutivo, por los Tribunales Laborales dependientes del poder Judicial.

En segundo lugar, la reforma crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de las Entidades Federativas, cuya función será registrar a los sindicatos y reconocer qué sindicato tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); además de ser la entidad responsable de la conciliación entre los trabajadores y la patronal, y contar con un Comité Nacional de Concertación y Productividad, órgano tripartito y de carácter consultivo que permitirá la participación de los voceros de la patronal.

Es por ello que la propuesta de reforma de la 4T, deja intactas las modificaciones a la LFT promulgadas en 2012 por Felipe Calderón, y ejecutadas por Peña Nieto, las cuales contemplaron concretar las exigencias del neoliberalismo en el mundo del trabajo, a saber: subcontratación, contratos y periodos de prueba, pulverización salarial y la polivalencia laboral.

Es necesario agregar que si bien se argumentó que la reforma obedecía a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a la libertad sindical y fortalecimiento de las negociaciones colectivas de trabajo, con el objetivo de reducir los sindicatos y CCT de protección que actualmente representan un elevado 76 por ciento de la jurisdicción federal, lo que realmente está ocurriendo es la creación de un proceso de neocorporativismo sindical, ahora del gobierno de la 4T, bajo los liderazgos de los senadores de Morena, Napoleón Gomes Urrutia y Pedro Miguel Haces Barba, con sus respectivas centrales, la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Al no eliminar las modificaciones realizadas por Calderón/Peña a la LFT, se mantiene un mercado laboral fundado en pilares neoliberales, con lo cual no se espera un impacto en la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores ni siquiera a mediano plazo. Si bien con la reforma se agilizan los laudos laborales y se crean condiciones legales para mellar el poder del sindicalismo blanco, no resuelven ni las condiciones objetivas que permitieron el origen del sindicalismo blanco, mucho menos las que permitieron la precarización laboral.

La precarización salarial

Con la implementación de mecanismos como la subcontratación, los contratos y periodos de prueba (formas de outsourcing), la pulverización salarial y la polivalencia laboral, la precarización que viven millones de trabajadores y trabajadoras se ha ampliado drásticamente.

Como se observa en la gráfica 1 el trabajo precario incrementó. De 2012 a 2018, la cantidad de trabadores y trabajadoras que perciben menos de un salario mínimo, pasó de 6 millones 700 mil a 8 millones 700 mil. Mientras que los que ganan 1 y 2 pasaron de 12 millones 200 mil a 15 millones 200 mil.

En contraste, los trabajos mejor remunerados disminuyeron. La PEA que ganaba de 3 a 5 salarios mínimos en el mismo periodo de tiempo, disminuyó de 7 millones 600 mil a 6 millones 900 mil. Por su parte los que ganaban más de 5 salarios mínimos también decrecieron, al pasar de 3 millones 700 a 2 millones 400 mil.

El incremento de 5 millones de personas con ingresos menores a 2 salarios mínimos (6 mil pesos) en el sexenio de Peña Nieto, y la reducción de más de 2 millones personas con ingresos mayores en el mismo periodo, indica dos cosas: primero, que los jóvenes trabajadores que se integran al mercado laboral lo están haciendo en condiciones deplorables; segunda, que cada vez menos población tiene acceso a ingresos suficientes para tener una vida digna.

Con lo anterior señalado podemos observar que la precarización salarial va de la mano con la implementación del outsourcing. Pese a ello, la actual Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha dicho que el outsourcing no se eliminará, sino que se regulará para reducir su carácter “abusivo”.

Pero lo que la funcionaria de la 4T no quiere entender es que las dinámicas del mercado laboral no se constriñen a formalidades. En otras palabras, la precarización laboral por medio del outsourcing continuará pese a la regulación, porque las y los trabajadores, nuevos y viejos, enfrentan condiciones objetivas que los obligan a vender su fuerza de trabajo en dichas condiciones, fundamentalmente debido a las altas cifras de desempleo real, subocupación e informalidad.  Es decir, debido a los escasos puestos de trabajo, los trabajadores y trabajadoras deben de aceptar condiciones laborales precarias y abusivas. ¿Qué puede hacerse ante un mercado laboral que estructuralmente cuenta con entre 7.5 y 8.5 millones de desocupados que aceptaran condiciones miserables con tal de acceder a un ingreso? (grafica 2)

Al desempleo, según el INEGI, se deben sumar los más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras sin derechos laborales, es decir, en la informalidad, y 3.6 millones de subempleados o que trabajaban menos de lo que pudieran hacerlo. La regulación del outsourcing son como los llamados a misa, pocos hacen caso.

Outsourcing y dispersión laboral

Pese a las “buenas intenciones” del gobierno de AMLO, la continuidad de la subcontratación no solo precariza las condiciones laborales, sino que imposibilita la asociación sindical, ya que dispersa en diferentes establecimientos a trabajadores de una misma empresa.

Este esquema ha sido de gran utilidad para la patronal, pues en una planta industrial, oficinas administrativas, establecimientos comerciales o de servicios, se encuentran trabajadores y trabajadoras, que no solo se diferencian por el nivel de ingreso o tipo de función que desempeñan, sino que también, se diferencian porque son empleados de diferentes empresas. ¿Cómo se genera identidad gremial, fundamento del sindicalismo, si no convives con tus compañeros formales de trabajo? En otras palabras, el trabajador subcontratado enfrenta condiciones doblemente complicadas para sindicalizarse.

 

Conclusión

Como la historia lo demuestra, la democratización sindical y la mejora en las condiciones labores de la clase trabajadora, es obra de la clase trabajadora. Es necesario que el pueblo trabajador tome el futuro en sus manos, que como hace un siglo, luche por construir sindicatos en los centros de trabajo que no los hay; que democratice los sindicatos charros; pero conquiste la estabilidad laboral y CCT dignos ahí donde la subcontratación convierte a los trabajadores en carne de cañón. ¡Nadie lo hará por nosotros!

Ante la reforma laboral conservadora de la 4T, es necesario que la clase trabajadora construya su propia propuesta, no solo laboral sino de país. Es momento de enfrentar esa propuesta: programa contra programa. Hoy ante la simulación que representa la reforma laboral de la 4T, se requiere una clase trabajadora combativa que pugne no solo por abrogar desde su raíz las reforma neoliberales que obligaron a los trabajadores y trabajadoras a vender su fuerza de trabajo en condiciones precarias, sino fundamentalmente una clase trabajadora que aspire a acabar con las condiciones que la obligan a vender su fuerza de trabajo.