Itzury Cruz
La “Guerra contra el Narcotráfico” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para supuestamentecombatir el crimen organizado probó ser una guerra contra el pueblo por que no sólo no disminuyó lo que pretendía combatir, sino que el crimen organizado aumentó y convirtió al país en un cementerio. Según los datos, la presencia del ejército en las calles cifró a México con 255 mil muertos y 63 mil desaparecidos en 12 años.
En este periodo han existido denuncias reiteradas de violación de derechos humanos por parte del ejército y lapolicía. Los documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicados en el New York Times señalan: “Durante la última década, a medida que marinos y soldados han sido enviados a las calles, las cifras de violaciones de derechos humanos se dispararon”, por si fuera poco, la violencia contra los derechos humanos supera el 90 por ciento de impunidad.
Lo anterior no es casual, tanto el ejército, la marina y la policía tiene formas de operar que estructuralmente reproducen las prácticas de violaciones de derechos humanos, particularmente contra las mujeres.
Las marcas de la violencia en el rostro de la mujer
El World Justice Project ha entrevistado y consultado las denuncias de las mujeres detenidas arbitrariamente por cuerpos castrenses en México. Concluyó que 8 de cada 10 mujeres detenidas son víctimas de tortura sexual. Por su parte, Amnistía Internacional ha declarado que de 100 casos presentados por las mujeres detenidas, 72 sufren violencia sexual de diferentes tipos y 33 son víctimas de violaciones.
La CNDH señaló que en el sexenio de 2006 a 2012, más del 70% de las recomendaciones emitidas fueron por actos de violencia de índole sexual contra las mujeres por miembros de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal.
Recordemos que las políticas de militarización fueron las que volvieron a Ciudad Juárez un lugar de femicidasconocidos a nivel internacional, pues los principales perpetradores de estas prácticas son de la policía y el ejército. En Ecatepec, las denuncias de feminicidios van dirigidas principalmente a policías y judiciales, ahí mismo en 2016 un ex militar llamado Erick San Juan confesó tener una banda que secuestraba, violaba y asesinaba a mujeres ante la mirada de la policía estatal. En Michoacán ante el conflicto de 2014 y la llegada del ejército y policía a mando del entonces comisionado Alfredo Castillo, hizo que se dispararan las cifras de feminicidios.
Hay casos mayormente conocidos de tortura sexual como la de Valentina Rosendo en 2002, las mujeres de San Salvador Atenco en 2006 o el caso del cuartel “Macario Zamora” en 2015 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De todos estos casos resultan el de Magdalena Saavedra, Wendy Noreli y Mónica Esparza.
Magdalena Saavedra fue detenida en su propia casa la noche del 10 de mayo del 2013. Nueve marinos irrumpieron en su hogar, la sometieron y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, la golpearon por continuamente, la torturaron con descargas eléctricas en varias ocasiones, después, en grupo la violaron con objetos. Todo frente a sus hijos y su madre. Fue trasladada a la PGR y después de las 20 horas de tortura la hicieron firmar un papel donde confesaba posesión de armas, tráfico de drogas y operación de recursos de procedencia ilícita. Salió libre después de 5 años, un Juez determinó que no había pruebas suficientes para su encarcelamiento.
Wendy Noreli fue detenida arbitrariamente en Tabasco en agosto de 2011 por elementos de la Marina. La torturaron por horas, los marinos orinaron sobre ella, la violaron con las manos enguantadas y sucias, lo que le provocó una infección que no fue atendida correctamente. Después de varias horas de tortura le vendaron los ojos, después la presentaron ante los medios de comunicación frente a una mesa llena de armas y drogas.
Mónica Esparza Castro de 26 años fue detenida en Torreón, Coahuila por policías municipales el 12 de noviembre de 2013. Fue detenida junto a su esposo y hermano, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para provocar asfixia, Mónica vio como a su esposo le pegaron con un látigo con espuelas de metal y le arrancaron la piel de la pierna con un cuchillo. A Mónica los policías municipales le propiciaron descargas eléctricas en piernas y genitales, un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública la besó bruscamente, la mordió en cuello y cara, después la violó frente a su esposo, hermano, policías y el ejército. Otros 6 policías más la violaron. En el camino a la PGR su esposo murió a consecuencia de las torturas, a ella que la trasladaron a la Ciudad de México la hicieron firmar un papel de confesión que decía que ella era miembro del cártel de Los Zetas.
Estas prácticas de Terrorismo de Estado bajo tortura sexual y feminicidio, tienen además el rostro de mujeres pobres, de mujeres trabajadoras o hijas de mujeres trabajadoras, es decir, tiene un carácter de clase. Y en todas ellas el Estado es el responsable directo, por complicidad, por tolerar, permitir, o incluso alentar, la violencia contra las mujeres.
Para cambiar la situación tenemos que plantearnos firmemente en contra de la Guardia Nacional, las violaciones de derechos humanos, cuestionar la violencia en la que vivimos y sobre todo, empezar a discutir y organizar otras formas en las que la población se sienta de verdad segura, protegida.
La Guardia Nacional y la continuidad de la política de muerte
Es muy importante no perder de vista que la Guardia Nacional es un peligro para la población, porque las formas de operar, la formación, el entrenamiento, sus programas y estrategias siguen a cargo de las mismas personas. Modificar la constitución para legitimar a la Guardia Civil es una contradicción, es volver legales las violaciones de derechos humanos y dar carta abierta a que las prácticas continúen impunes, reproduciéndose y aumentando.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha encontrado que en la mayoría de los países en guerra, por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. En México es al revés. El Ejército mata a 8 personas por cada una que hiere.
Ante letalidad desmedida de “primero matar, después investigar”, es evidente ante los ojos de cualquiera que los cuerpos castrenses no están capacitados para las labores de seguridad que le piensan otorgar con la creación de la Guardia Nacional. Un Ejército es para asesinar personas, y en nuestro país además, para torturar, desaparecer y asesinar extrajudicialmente.
Es este el ejército que conformará la Guardia Nacional que propone el nuevo gobierno. AMLO ya había criticado las prácticas del ejército, en campaña había dicho que en 6 meses los regresaría a los cuarteles, porque no daban seguridad a la población. Ahora con la basta legitimidad que tiene ante el pueblo mexicano es casi seguro que no solo aprobaran la Guardia Nacional Militarizada, sino que también le intentaran lavar la cara a una de las instituciones más genocidas de nuestro país.
