PARTE I DE II
Lenin Contreras
El 12 de diciembre AMLO presentó la iniciativa para cancelar la reforma educativa promulgada por Peña Nieto en 2013. La propuesta de AMLO, si bien está motivada por su compromiso de campaña con el magisterio, no se constriñe a derogar las modificaciones realizadas por la reforma peñista, además reformula por completo algunas disposiciones del artículo 3ro de la Constitución.
La propuesta de AMLO sustituye el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por el Servicio de Carrera Profesional del Magisterio y el Centro para la Revalorización del Magisterio. Además reduce, aunque no elimina, el peso tan desmedido que tenía el concepto de calidad de la educación en la configuración del Sistema Nacional de Educación y el modelo educativo. También convierte a la educación superior en universal, gratuita y obligatoria.
De esta forma, la propuesta de AMLO pretende derogar los párrafos, fracciones e incisos que se habían adicionado al artículo tercero, como:
- El párrafo tercero del artículo vigente, el cual se adicionó con la Reforma de 2013.
- El inciso d de la fracción III, también adicionado en la Reforma de peña.
- La segunda parte de la fracción III, que señala la obligatoriedad al Servicios y la Evaluación Docente (en la propuesta esta fracción se deroga, pero una parte se pasa a la nueva fracción V).
- La fracción IX, que dio vida y regulaba el INEE.
Sin embargo, como lo señalamos la propuesta no se queda ahí. Además:
- Se modifican dos párrafos; el primero y segundo del artículo 3ro vigente (el artículo segundo pasa a ser el séptimo, aunque reformado).
- Se adicionan otros cinco párrafos, que de aprobarse serían los párrafos del segundo al sexto.
- Se modifica la fracción II, pues no sólo se elimina el inciso d), también se agrega un inciso e).
- Además de las reforma a la fracción II, se modifica la fracción IV, V, VII, VIII y IX.
Es en los párrafos que se pretenden adicionar al artículo 3ro, en los que se crea el Servicio de Carrera Profesional del Magisterio (párrafos IV y V de la propuesta) y se hace explicita la necesidad de fortalecer las escuelas normales (párrafo sexto)
Sin embargo, las consecuencias de reformulación del artículo 3ro no es miel sobre hojuelas. Más allá de los “errores de dedo”, como la eliminación de la autonomía de las universidades públicas, y un par más al respecto a las señalizaciones de las fracciones, en la redacción existen ambigüedades y conceptos muy delicados.
Primero. Resalta que en toda la propuesta de AMLO no aparezca el término de “educación pública” como una de las características fundamentos de la educación. Si bien, en el primer párrafo de la reforma propuesta aparecen los términos “universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, e integral, con equidad y calidad”, como principios rectores el concepto de público desaparece. Alguien dirá que es innecesario, pero si el concepto de calidad y bienestaraparece por lo menos en dos ocasiones, no vemos porque no aparecería el concepto de “educación pública”. Lo anterior es delicado, no solo porque borra un concepto clave, histórico y lleno de contenido simbólico y político que nos permite entender y defender el carácter del sistema educativo nacional emanado de la revolución de 1917, el cual visibiliza que la educación es para todos y que está financiada obligatoriamente por el Estado, sino también porque borra la diferencia entre educación pública y educación privada.
Un ejemplo. El sexto párrafo indica que: “El Estado dará atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente”, ¿la pregunta es si también se fortalecerá a las normales e instituciones privadas?
Segundo. Resulta relevante la aparición del concepto de calidad educativa en el primer y sexto párrafo. No es cosa menor. Si bien se pretende eliminar el carácter central que la reforma peñista le había otorgado a la noción de “calidad de la educación”, mediante la eliminación del párrafo tercero y el inciso d de la fracción II, su permanencia habla de un repliegue, mas no de una derrota de las fuerzas tecnocráticas y empresariales que impulsaron la reforma neoliberal de 2013. Recordemos que el concepto de calidad educativa aparece con toda su fuerza en la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) y se plasmó en la constitución en el 2013, con el objetivo de justificar las evaluación punitivas, pero también para que el giro empresarial y oscurantista del modelo educativo.
Tercero. Resulta relevante que no se toca ni una coma en la fracción VI, que reglamenta la educación privada. Sobre todo, porque se mantiene la esencia privatizadora de la reforma salinista de 1993, con la cual se permitió a particulares impartir educación en todos los niveles y modalidades. Más aun, no retoma la restricción para que corporaciones religiosas y los ministros de los cultos y sectas impartan educación, principio que se estableció claramente en el texto constitucional de 1917, ampliado con la reforma del artículo 3ro del Gral. Lázaro Cárdenas en 1934, y consolidado con lo la reforma del 30 de diciembre de 1946 de Miguel Alemán, fundamento que duró hasta las reformas salinista de 1992 y 1993. Es importante recordar que si bien Salinas de Gortari no eliminó el carácter laico que debía tener la educación, si eliminó las restricciones para que los cultos religiosos impartieran educación. Es cierto que se obliga a la educación privada a seguir los preceptos de laicidad y cientificidad, pero también es cierto que no se prohíbe exprofeso la impartición de educación religiosa, y como sentencia el adagio: “en derecho, lo que no se prohíbe se permite”. Ante el ascenso de las fuerzas de ultra derecha en el mundo, con claras connotaciones fascistas, religiosas y racistas, movimientos reaccionarios como los antivacuna, los terraplanistas o el peor de todos, los creacionistas, reiterar el principio de la laicidad y prohibir la educación religiosa es fundamental. Más aun cuando se ha demostrado que la educación religiosa guiado por un oscurantismo pedagógico, al estar basada en un claro ataque a la ciencia, representa un caldo de cultivo y base de apoyo para el surgimiento de estas expresiones.
Quinto. Algo que resalta es que al parecer no diferencia las funciones de los niveles educativos y tipos de educación. Por ejemplo el párrafo séptimo de la propuesta apunta:
La educación que se imparta en el país, deberá incluir en sus planes de estudio el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país, así como la actividad física, el deporte, las artes, las diversas manifestaciones culturales, y el respeto al medio ambiente.
Y la fracción VII:
Asegurar que la impartición de la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen en el párrafo segundo y la fracción II para conseguir el bienestar de la población, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción V, y determinados por el Ejecutivo Federal.
Se infiere que la educación a la que el párrafo séptimo refiere es la educación básica y media superior, de lo contrario pondría en un dilema a la educación superior, sobre todo a la de tipo técnico e ingenieril. En el caso de la fracción VII, también se infiere que se refiere a la educación superior, de lo contrario esta sección pierde todo sentido.
Sexto. Aparece un tema central para las universidades públicas del país; el presupuesto. La crisis financiera que ha azotado en los últimos años a múltiples instituciones públicas de educación superior han evidenciado que mucho de ellas se derivan, no solo de la corrupción, sino de una política estructural de desfinanciamiento nominal y real en la asignación de su presupuesto, lo que generó la insistencia de distintas comunidades universitarias para que la el presupuesto sea “suficiente y oportuno”, con lo cual se buscaría que el presupuesto de las instituciones de educación superior nunca se reduzca nominalmente. El desfinanciamiento y deterior del presupuesto de la educación pública, es el principal factor para justificar el cobro de cuotas, la flexibilidad de la plata docente y la insuficiencia de la infraestructura que finalmente termina por ser el argumento central para excluir a cientos de miles de jóvenes de las aulas universitarias.
Séptimo. Es evidente que las funciones del INEE serán asumidas por el Centro para la Revalorización del Magisterio, con lo cual se mantendrá una instancia autónoma influenciada por las cámaras empresariales, que si bien elimina el carácter punitivo de evaluación docente, mantendrá los trazos de la educación tecnocrática impulsada por el neoliberalismo.
Finalmente, existen conceptos que deberían de aclarar su significado, “bienestar”, “equidad”, “incluyente”, “excelencia” y por supuesto el de calidad, tal como si se hace con el concepto de “universal”, de lo contrario la ambigüedad se convierte en justificación de interpretaciones perversas y antisociales. Tal advertencia se hace necesaria, ya que al parecer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también participará en el diseño de la reforma de AMLO, y que el actual titular de la SEP, Moctezuma Barragán, impulsará como eje fundamental de la reforma la formación de capital humano. En tal situación, al parecer, las fuerzas vivas de la reforma educativa que impulsaron 20 años de transformaciones educativas permanecen más que presentes en la propuesta del nuevo gobierno.