El pasado 16 de enero de 2019, las bancadas en la Camarada de Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (ES) aprobaron la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Guardia Nacional como un cuerpo policiaco militar encargado de labores de seguridad pública.
La creación de la Guardia Nacional se realizó pese a las innumerables observaciones y críticas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, activistas y académicos especialistas en el tema.
Los argumentos centrales para justifican la militarización de las tareas de seguridad pública, es que la disciplina y “honor” militar garantizan el respeto de los derechos humanos y un eficiente combate al crimen organizado. Lo anterior es una gran mentira, no sólo porque existen innumerables evidencias de la colusión de las fuerzas armadas con grupos delincuenciales, también porque las corporaciones castrenses encabezan las listas de denuncias por tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos extrajudiciales. Los 12 años de fracaso de la estrategia de combate al crimen por medio de las fuerzas armadas, deberían ser más que una prueba.
La creación de la Guardia Nacional representa la continuidad de la política de militarización del país iniciada en el 2006 con Felipe Calderón, de la Gendarmería Nacional y La Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, política que fue usada para ampliar los proyectos extractivitas y las tareas de contrainsurgencia por medio de la Agenda de Nacional de Riesgos.
Desde el Movimiento de izquierda Revolucionaria nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de militarización impulsada por el actual gobierno federal y rechazamos cualquier propuesta que amplié lo poderes y deberes de las fuerzas castrenses, no solo porque contraviene el artículo 129 de la Constitución, sino también porque perpetua y expande el poder político de las fuerzas armadas, vulnerando de facto las garantías democráticas del pueblo.
Finalmente estamos convencidos de que todos los espacios de la vida pública, así como la seguridad, deben ser democratizados. Por eso creemos que es necesario construir nuevas formas de organización, instituciones y corporaciones policiales que garanticen la seguridad del pueblo trabajador, qué no operen bajo la premisa de la coerción y el uso de la fuerza, sino mediante mecanismos que permitan crear y ampliar el poder popular.
¡No a la militarización!
¡No a la Guardia Nacional Militarizada!
¡La militarización es ilegal e ilegítima!
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
