El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mueres. En este día se recuerda la labor de las activistas y luchadoras sociales dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas brutalmente por el régimen del dictador Rafael Trujillo en 1960.

La conmemoración visibiliza la violencia estructural que padecemos las mujeres: acosos callejeros, maltrato en el hogar, violaciones sexuales, torturas y las más aberrantes de todas, el feminicidio.

¿Por qué es necesario conmemorar cada 25 de noviembre como un día en que se denuncie y condene la violencia contra las mujeres en nuestro país?  Pues porque la situación en que vivimos las mujeres mexicanas es terrible.  El informe “La situación de las mujeres en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de enero de 2015 a diciembre de 2016, se registraron un total de 5 mil 118 defunciones femeninas por homicidio.

Por su parte, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, se agrega que el 8 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia ha pensado en suicidarse y el 3.4 por ciento lo ha intentado. Asimismo, entre las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual, 35.8 por ciento presentó daños físicos derivados de la violencia que han vivido, principalmente moretones, hemorragias por las que incluso han estado hospitalizadas.

El 64.3 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual ejercida por su pareja, ha manifestado consecuencias emocionales, la mayoría tristeza o depresión; a la mitad angustia o miedo y para un tercio de ellas problemas alimenticios. De las 46.5 millones de mujeres de 15 años o más que residen en el país, 30.7 millones (66.1 por ciento en promedio) han sufrido al menos un incidente de violencia: casi la mitad (49 por ciento) violencia emocional, seguida por un 41.3 por ciento que declaró haber sufrido violencia sexual; 34 por ciento física y 29 por ciento económica, patrimonial o discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito.

La militarización y la violencia contra las mujeres

Tal como lo demuestran los datos anteriores, el escenario de crímenes y violencia hacia las mujeres es incontrolable, particularmente desde que, durante el gobierno del expresidente panistas Felipe Calderón, se militarizó el país.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 10 años, de 2006 a 2016, el 72 por ciento de las recomendaciones que se emitieron fueron a causa de actos de violencia de índole sexual contra las mujeres. Más aun, se evidencio que los responsables de la tortura sexual, fueron en su mayoría miembros de la Marina, el Ejército y/o la Policía Federal o Estatales.

Estos hechos demuestran que el Estado mexicano ha sido responsable directo y cómplice, al tolerar, permitir y perpetuar la violencia sistemática contra las mujeres. Lo anterior debe quedar muy claro, la violencia contra la mujer que hoy vivimos en nuestro país no puede entenderse sin la participación directa del Estado, ya que la realización, tolerancia u omisión de la violencia hacia las mujeres es resultado de la política del gobierno que ha usado la militarización como estrategia –fallida- de seguridad pública.

De esta forma, la violencia hacia las mujeres se circunscribe en un contexto de guerra contra el pueblo, es decir, de una política de terror y genocidio del estado mexicano contra el pueblo de México, fundada en prácticas que fomentan: primero, una política militarista y paramilitarista, segundo, la construcción de mecanismo de consenso de esta guerra por medio del afianzamiento, reproducción y expansión de una cultura fundada en valores racistas, patriarcales y clasistas.

La Guardia Nacional y la continuidad de la violencia contra las mujeres

Resulta peligroso y cuestionable la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de continuar con una política militarista como estrategia de seguridad pública. Lo anterior, no solo porque después de 12 años esta no ha dado resultados, ya que el crimen organizado no solo no ha disminuido sino que incremento. También porque son los cuerpos castrenses y policiales las instituciones con más denuncias por violación a los derechos humanos, particularmente, de acoso, tortura, violación contra las mujeres.

  • En 2016 se dio a conocer un video donde se observa a dos militares torturando con una bolsa de plástico a una mujer, los hechos ocurrieron en el municipio deAjuchitlán del Progreso, Guerrero.
  • En 2015 se dio a conocer cómo fue que militares mexicanos secuestraron, violaron y golpearon a una mujer dentro de su cuartel militar “Macario Zamora”, en la ciudad de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas.
  • El 10 de mayo de 2013 alrededor de nueve marinos irrumpieron en la casa de Magdalena Saavedra San Luis Potosí y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza la detuvieron, la golpearon, la electrocutaron varias veces y la violaron en grupo, hasta que después de más de 11 horas de soportar lo insoportable accedió a firmar una confesión por la que ha pagado el precio de cinco años y medio de cárcel. Hace unas semanas un juez determinó que no había pruebas suficientes para inculparla de todos los cargos: posesión de armas, tráfico de drogas y operación con recursos de procedencia ilícita[1].
  • Otras 28 denuncias similares han puesto de manifiesto las terribles prácticas perpetradas por los cuerpos de seguridaddel Estado, militares y policías, al detener a sospechosas de colaborar con el crimen organizado entre 2006 y 2015. Según sus cifras, en 16 de los casos hubo violación, en 12 fue tumultuaria. En casi todos, 28, las detenidas fueron abusadas sexualmente, mediante tocamientos y obligadas a desnudarse frente a sus agresores, muchas de ellas señalan en sus demandas que fueron fotografiadas o grabadas en vídeo. Además, han registrado una decena de víctimas de tortura dirigida a los genitales, especialmente mediante descargas eléctricas.
  • El 3 y 4 de mayo de 2006, durante un operativo en San Salvador Atenco, en el Estado de México, elementos de la Policía Federal, torturaron sexualmente al menos 11 mujeres de esa comunidad por horas. Este caso embatico de violencia de parte del Estado contra mujeres actualmente se encuentra en juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • El 22 de marzo de 2002, un grupo de 3 militares armados, se presentó al domicilio de la Sra. Inés Fernández Ortega, indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero, quien en ese momento se encontraba con sus cuatro hijos. Los militares la interrogaron y al no responder los cuestionamientos de éstos, uno de ellos le ordenó se tirara al piso, donde la violó sexualmente mientras los otros dos observaban.

Casos como estos, podemos encontrar por todo el país. Es por eso que la propuesta de crear la Guardia Nacional es peligrosa, porque perpetúa el escenario de graves violaciones a los derechos de las mujeres.

El estado ha incumplido los dictámenes internacionales en materia de protección a las mujeres

Un caso emblemático del la omisión y complicidad del Estado mexicano en la violencia estructural que vivimos las mujeres es el del campo algodonero en Ciudad Juárez, donde queda al descubierto en toda su crudeza el grado de omisión, impunidad y participación de la autoridad mexicana en la violencia que vivimos.

El 4 de noviembre de 2007 se presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos por los feminicidios de Claudia Ivet Gonzales de 20 años, Esmeralda Herrera Monrreal de15 años y Laura Berenice Ramos Monrraez de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001 en el campo algodonero de Ciudad Juárez. En el documento de denuncia se señala:

“se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas;  la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada” (datos sacados del resolutivo del Caso del Campo Algodonero, 2009, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”.

El resolutivo del Caso presentado el 16 de noviembre de 2009, señala al Estado Mexicano como responsable de múltiples violaciones contra los derechos de las mujeres pactados en los acuerdos internacionales.  El Caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez no es aislado. En México es alarmante el incremento de la violencia de género. Por ello reiteramos que es indispensable que el Gobierno de México cumpla con todos los resolutivos de las sentencias “Campo Algodonero” y “Fernández Ortega y otros”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendientes al tratamiento adecuado y efectivo para que se protejan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y sin discriminación por razones de género, clase, etnia o edad. Dichas sentencias obligan al Estado a actuar con la diligencia que se requiere para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las mujeres.

El estado y la violencia contra las mujeres trabajadoras

No obstante, es importante mencionar que al tener el Estado un carácter de clase, la violencia que se ejerce contra la mujer también tiene una dimensión clasista; no es casual que los feminicidios y las múltiples formas de violencia contra la mitad de la población tengan generalmente rostros de mujeres trabajadoras. Considerar esto, implica reconocer que existe una complicidad directa entre el Estado y los intereses de clase que defiende.

En este sentido, reconocemos la utilidad política de los acuerdos internacionales y las leyes locales en torno al tema de la violencia de género, pero también observemos que en gran medida no es que la violencia se reproduzca por falta de voluntad o ineptitud de los gobiernos, sino fundamentalmente como una práctica que éste impulsa y fomenta a través de los cuerpos castrenses.

Por lo que creemos que la actividad de las feministas no puede ni debe reducirse a la lucha por marcos legales reconocidos internacionalmente; sino que hoy debemos luchar por establecer un mundo en el que las mujeres no seamos solo un objeto dentro del sistema capitalista y patriarcal.

Hoy la lucha feminista debe ir de la mano de la lucha clasista para instaurar un sistema social más justo e igualitario, es hora de luchar para que el feminismo sea una verdadera arma política por la transformación radical de nuestra realidad.

 

 

 

¿SABES QUE ES LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES?

¿Cuál es la diferencia entre estar consciente o no de la violencia a la que es sometida la mujer? Una mujer no es consciente de estar sometida a la violencia, debido a que muchas veces la tiene “normalizada”, es decir, para ella el estar sometida a abusos, humillación, y control sobre su vidas por parte de su parejas, forma parte del código de relaciones, cree que esta forma de relación es “normal”  y que también lo es que exista una jerarquía entre sexos, en la que la mujer queda subordinada al hombre.  De ahí que sea tan importante definir los tipos de violencia de género, ya que ese conocimiento es un medio  para prevenirla.

México es parte de múltiples acuerdos internacionales que tienen como objetivo combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, estos tratados internacionales son el resultado de las amplias movilizaciones y demandas expuestas por el movimiento feminista a lo largo de la década de los 60, 70 y 80’s, donde se denunció el orden patriarcal establecido como generador de condiciones de desigualdad y sometimiento para las mujeres. Entendemos por patriarcado al orden social basado en la valoración de lo masculino sobre lo femenino que genera desigualdad y discriminación hacia las mujeres. No es si no hasta mediados de los 70’s que se comienzan a realizar encuentros internacionales para tratar la problemática planteada por el movimiento feminista, los resolutivos tomados de estos encuentros son un llamado a los gobiernos para la implementación efectiva de mecanismos que permitan la eliminación de las estructuras sociales de discriminación y violencia hacia las mujeres.

Dos de los acuerdos más importantes que podemos mencionar son la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) y la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como, Belém Do Pará.

La CEDAW,  se firma en 1979, como un acuerdo tomando por la ONU, y  se ratifica en 1981, por tan solo 20 países entre ellos México. La CEDAW es un marco de acción legal que obliga a los estados firmantes a combatir todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.

La convención Belém do Pará, es suscrita en 1994 y establece que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado”, este acuerdo fue ratificado en 1998 por parte de los miembros de la Organización de Estados Americanos OEA.

Estos acuerdos señalan los compromisos contraídos por el país en materia del combate a la  violencia y la discriminación contra las mujeres, México ha generado instrumentos legales a partir de la firma de estos y otros compromisos internacionales.

Dentro de estos marcos se encuentra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, algunas de las definiciones  sobre violencia y  modalidades que encontramos en esta ley son:

La violencia física que  es la más evidente, y se refiere a cualquier acción voluntaria, que provoque o pueda producir daño en el cuerpo de la mujer, bofetadas, pellizcos, empujones, quemaduras, etc. Ante este tipo de violencia es necesario no solo tomar en cuenta la gravedad de la lesión, sino la intencionalidad de agredir y que irá en aumento con el tiempo. Este tipo de violencia es la más fácil de identificar, sin embargo no es la única.

 

Como parte de este tipo de violencia se encuentran aquellas conductas en las que la vida de la mujer puede peligrar: como exponer a la pareja a situaciones peligrosas, obligarla a frecuentar personas o lugares que la ponen en serio riesgo.

Se refiere a violencia psicológica al hablar de cualquier conducta que provoca desvalorización y sufrimiento emocional en la mujer. Amenazas, humillaciones, exigencias de obediencia, intentar convencer a la víctima que ella es la culpable de cualquier problema, los insultos, el controlar cuando puede o no salir la mujer de casa, humillaciones en público, descalificación a la mujer, aislamiento. Esta va encaminada a que la mujer pierda su autoestima, la seguridad en sí misma, a limitar al máximo su autonomía personal y la iniciativa propia. Son comportamientos y actitudes, no solo palabras, que buscan hacer daño a través del desprecio- “no vales nada”, la humillación-“eres tonta”, la culpabilización – “yo no soy así, tú me obligas con tu actitud”. También se da esta violencia cuando la pareja muestra indiferencia ante las necesidades, opiniones, trabajos o actitudes realizadas por la mujer.

La violencia sexual no solo se refiere a una violación, sino a cualquier imposición de relación sexual contra su voluntad ya sea completa o incompleta, los tocamientos sin el consentimiento de la mujer, el querer, en una relación consentida, llegar a un grado más allá, del que ella está dispuesta a llegar, los gestos e insinuaciones obscenas. Hay algo importante que señalar  al respecto: decir NO, en cualquier caso es un derecho irrenunciable y debe bastar.

En la violencia económica,  se busca que la mujer no tenga acceso al dinero o lo tenga de la forma más limitada y controlada posible, aun cuando en ocasiones ella trabaja, de esta forma es el agresor quien controla el dinero.

Además la ley en México reconoce a la violencia patrimonial a la cual describe como cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Existe otros tipos de violencia no especificados en la ley en México, pero que sí reconocen países como Argentina y España, como la violencia simbólica y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad, como en el caso de los mensajes emitidos por medios de comunicación en los que se presenta una imagen femenina objetividad.

Un séptimo tipo de violencia, que no se encuentra contemplado por la ley en México, se ve cuando el maltratador va alejando  cada vez más a la mujer de su familia, amigos y en general de su red de contactos,  a esta se la denomina  violencia social, y se expresa en actitudes como el prohibirle que mantenga relación con sus familiares, esto con la finalidad de aislarla de las personas que puedan apoyarla hasta el punto en que la mujer crea que solo cuenta con su maltratador y que no hay nadie más que pueda ayudarla.

 

 

 

Modalidades de Violencia

Además la ley señala que según las formas que se manifieste en los distintos ámbitos las Modalidades son:

  • Se señala como violencia familiar a la que es ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.
  • La violencia institucional es aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
  • Se define como violencia laboral y docente, la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. En este tipo de violencia se discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.
  • Violencia comunitaria, son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.
  • Violencia Feminicida, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
  • En Argentina también encontramos otras dos modalidades de violencia contempladas en la ley. La violencia contra la libertad reproductiva como aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; violencia obstétrica es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley.
  • La violencia mediática se define como la publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Existen muchas formas de tipificación de la violencia hacia las mujeres  y es muy importante conocerlas, ya el conocimiento es una importante herramienta de prevención.

 

[1]El País. 2018. https://elpais.com/internacional/2018/11/22/mexico/1542896458_017190.html?fbclid=IwAR23oacjyVvhO8rIi6h8N6ugsm75NJjtZrWOOntQgEzlcwliSY-btdjrvko