Lenin Contreras

El pasado 14 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, en el cual se anunció la creación de la Guardia Nacional. Para dar institucionalidad a la propuesta, los coordinadores de las bancadas de MORENA en el Senado de la República, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, advirtieron que se modificarán 12 artículos constitucionales, con lo cual se permitirá que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asuma las labores de seguridad pública en todo el país.

La creación de la Guardia Nacional aparece como la moneda de cambio del pacto de AMLO con un sector del Ejército/Marina, negociación que incluso pudo influir en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por la Suprema Corte de Justicia el pasado 16 de noviembre y el ascenso de grado de 108 militares, todos ellos propuestos por Enrique Peña Nieto y aprobados por el actual titular de la SEDENA, el General  Salvador Cienfuegos.

Más allá de los argumentos ingenuos (que bien podrían ser catalogados como engañabobos) de que la Guardia Nacional sería un cuerpo policiaco militar con otro “chip”, como lo señala la futura Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero; o que “los militares nunca más reprimirán al pueblo”, como incansablemente repite el presidente electo, las modificaciones a la constitución representan un paso más en la militarización de la vida pública y tareas de seguridad, por lo tanto, permitirá mantener las condiciones que han sumido al país en una desgarradora crisis de derechos humanos.

Es militarización porque: 1) Será un cuerpo militar bajo el mando de la SEDENA; 2) la formación dependerá del Sistema Educativo Militar; 3) los miembros de la  Guardia Nacional provendrán de las policías militar y naval.

Es importante recordar que la militarización del país como estrategia de seguridad pública demostró su ineficacia. Después de 12 años de su aplicación, no sólo no se detuvieron el narcotráfico, la violencia, las desapariciones forzadas, los feminicidios, tortura, asesinatos extrajudiciales y las fosas clandestinas, sino que se demostró que los mismos cuerpos castrenses fueron protagonistas de este cáncer social, al ser de las instituciones con más denuncias formales por violaciones a los derechos humanos y evidenciados por participar en el trasiego de droga, todo ello con total impunidad.

Al parecer, el Plan Nacional de Paz de AMLO, no retomó las demandas más sentidas de los Foros por la Pacificación Nacional, donde las victimas exigían justicia y no perdón, además de castigo a todos los responsables de la desaparición forzada, incluso los militares.

La creación de la Guardia Nacional es incluso más violenta y peligrosa para el pueblo que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, impuesta por Enrique Peña Nieto, porque a diferencia de la segunda, que jurídicamente implicaba una ley secundaria, la creación de la Guardia Nacional implica la modificación de la Constitución.

Concediendo que las afirmaciones del futuro presidente son honestas, aunque dudamos que no usará a los cuerpos militares para reprimir al pueblo en su sexenio, sería bueno que nos preguntemos ¿qué pasaría si en seis años llega a la presidencia un gobierno de derecha o ultra derecha? ¿Qué pasaría si un personaje con una probada actitud despótica, como Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Manuel Velazco, Miguel Ángel Osorio Chong, incluso morenistas con delirio de grandeza como Ricardo Monreal (que está empedrando su camino al 2024), llegan a ocupar el palacio nacional? ¿Qué harían con los movimientos sociales al contar con una Guardia Nacional a su disposición? A los morenistas se les olvida que la historia del país no comienza ni termina con el sexenio de López Obrador.

El reciente y penoso giro de los gobiernos de América Latina debería ser una lección. El ascenso estrepitoso de las fuerzas de derecha y ultraconservadoras en el Cono Sur, como el xenófobo y racista Jair Bolsonoro en Brasil; el uribista Iván Duque en Colombia; el empresario reaccionario, Mauricio Macri en Argentina; el exmilitar y simpatizante de la dictadura del general Stroessner, Mario Abdo Benítez, en Paraguay; el oligarca Sebastián Piñera, en Chile; y la presidencia de Lenin Moreno en Ecuador, todos estos gobiernos (salvo Colombia),  han devenido de presidencias progresistas que sufrieron derrotas en los últimos procesos electorales, ya sea porque las fuerzas socialdemócratas o de centro pactaron con segmentos de la derecha e incumplieron con las demandas populares, porque se alejaron de sus bases o porque fueron traicionadas por sus aliados.

La oligarquía de ultraderecha no perdona. Si en el gobierno electo piensan que serán la excepción, que el pacto momentáneo con el Ejército, la Marina y la elite empresarial, es suficiente  para mantener a raya el desprecio de la burguesía contra el pueblo, se equivocan.

Los brotes de consignas fascistas, ultranacionalistas, xenófobas y racistas que se han desatado al respecto de la Caravana Migrante, muestran el caldo de cultivo que las fuerzas de ultraderecha podrían usar como base social anti AMLO. Ahora imaginen que estas fuerzas se hacen de la presidencia de la república; la creación de la Guardia Nacional, implica empedrarles el camino. Ni soñando las fuerzas reaccionarias imaginaron modificar la constitucional para militarizar al país.

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Sobre la duración de los pactos entre fuerzas de la derecha y centro, sería bueno que recordáramos que el aún presidente Michel Temer, vicepresidente en el Gobierno de Dilma Rousseff, fue de los principales impulsores del Impeachment de la mandataria brasileña. Y que Lenin Moreno, no contento con encarcelar al vicepresidente, Jorge Glas, intenta hacer lo propio con Rafael Correa. ¡Más lecciones!