Colectivo Salud y Resistencia
En enero de 2018, los grandes empresarios de este país a través del Centro de Estudios Espinosa Yglesias hicieron pública su concepción de lo que debe ser el sistema nacional de salud. En su texto, los empresarios hacen explícito que sus valores son promover la libertad individual con equidad social. Reivindica así que todos los mexicanos deben contar con protección social, por lo menos en salud y pensiones, propuesta que coincide con la incumplida seguridad social universal de Peña Nieto.
El texto plantea una nueva reforma hacia un sistema nacional de salud con estricta separación entre el financiamiento y la prestación de los servicios. Su esquema es básicamente el financiamiento público con prestación de este tipo o privado. Para incrementar los recursos, todos los trabajadores y trabajadoras, asalariados e independientes, pagarían mediante sus impuestos lo que presupone un padrón único de salud en manos de las secretarías de Salud y de Hacienda, para transitar a la desaparición de la cuota obrero-patronal, por ejemplo, con un incremento del impuesto al valor agregado etiquetado a dicho rubro. El Fondo de Salud así recaudado daría derecho a un paquete de atención primaria a la persona, y a largo plazo cubriría el primer y segundo niveles de atención. Habría, además, un Fondo Nacional de Intervenciones de Alto Costo, cuya cobertura de padecimientos no se define. Como se puede observar, es el mismo esquema que el SP, pero con menos beneficios para sus afiliados y una pérdida grande de derechos para los derechohabientes de los institutos de seguridad social. O sea, se lograría equidad disminuyendo los servicios de salud garantizados a todos y todas.
Los servicios se prestarían con un esquema competitivo entre los proveedores privados y públicos con la libre elección del prestador de los registrados en el padrón único de salud. No se analizan los costos y complicaciones burocráticas involucradas en este modelo. En vez de ello, se enfatiza que permitiría introducir la gerencia empresarial en ambos grupos, lo que llevaría a la eficiencia y la calidad, suposición tan repetida como no comprobada. El texto propone una serie de arreglos tanto en las formas de pago como en la organización de los servicios, entre otros, el pago sobre la base de grupos relacionados de diagnósticos costeados y la autonomía de los hospitales públicos. Lo que no se discute es el tema de la ganancia, condición de existencia de la iniciativa privada ni las maneras de conseguirla.
Esta propuesta es muy semejante a la que se ha instrumentado en Colombia con muy malos resultados; sin embargo, ésta no se menciona. Se argumenta que no hay que ir por el camino de Estados Unidos por sus altos costos, pero no se dice que la prestación privada de servicios es una razón importante de éstos.
