Dr. Ricardo Magallón B. (Médico Internista Pensionado-IMSS, Puebla)

La Cláusula de Exclusión fue una medida para la reivindicación histórica como sindicalista agremiado, de los primeros sindicatos organizados en el mundo, cuya finalidad era protegerse de la intromisión al seno de los sindicatos de la infiltración de traidores y esbirros al servicio de los patrones. Sin embargo, particularmente en México esta Cláusula contractual fue desvirtuada y transformada en un medio de control corporativo-represivo por las dirigencias sindicales charras, en contubernio con las patronales y el gobierno.

En México esta Cláusula se incorpora a la Ley Federal del Trabajo en los Artículos 395 y 413. Pero fueron declaradas ANTICONSTITUCIONALES por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1999 por violar los artículos: 5to, 9no y 123avo de la Constitución Política. Y ratificada su inconstitucionalidad en el 2005 por la misma instancia. A pesar de lo cual se han continuado incluyendo en los Contratos Colectivos de Trabajo de todos los trabajadores del Apartado A, establecidos como tales en el artículo 123 constitucional, ya que desde siempre ha estado prohibida para los trabajadores del Apartado B, que son los trabajadores al servicio del Estado, por ejemplo, del ISSSTE, SSA, SEP, etc.

En el caso del Contrato Colectivo de Trabajo IMSS-SNTSS, incluido el hoy vigente 2017-2019, está contemplado en las Cláusulas 61 y 62, mediante las que se le obliga al IMSS-Patrón a aplicar sanciones laborales y separar de su trabajo a los trabajadores expulsados del sindicato, a petición de los Representantes sindicales CHARROS, sin mediar investigación que confirme la justeza de la medida aplicada. Lo anterior se ejecuta sin responsabilidad para el Instituto, a pesar de las declaraciones de anticonstitucionalidad ya decretada por la SCJN en 2005, y la eliminación del Artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo desde la Reforma Laboral ejecutada en 2012.

Su vigencia en el CCT-IMSS no solo es anticonstitucional sino que viola Tratados Internacionales, como el de la Organización Internacional del Trabajo. Las cláusulas 61 y 62 del CCT y la aplicación retorcida y SELECTIVA de los Estatutos del Sindicato, son la PIEDRA ANGULAR QUE UTILIZA EL SNTSS PARA REPRIMIR a los trabajadores DISIDENTES, particularmente en tiempos de elecciones sindicales o Congresos Ordinarios y Extraordinarios; para evitar la participación democrática de los trabajadores y monopolizar el poder de las mafias ya establecidas en las cúpulas sindicales.

Así, cuando a los Representantes Patronales del IMSS les interesa afectar a un trabajador, confabulan con los Líderes Charros del Sindicato, para que éste último no ejecute proceso de defensa; en sentido contrario, los Líderes Sindicales CHARROS promueven la SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS SINDICALES, de los TRABAJADORES que no son afectos, para lo cual los Representantes del Patrón-Directivos, inician un acoso laboral y fabricación de supuestas faltas y violaciones al Reglamento Interior de Trabajo, lo que justifica su recisión.

Éste es el caso hoy en día de miles de trabajadores y trabajadoras del IMSS en el país que han sido RESCINDIDIOS, o que se encuentran bajo grotescas sanciones sindicales de cientos y hasta miles de días de SUSPENSIÓN de sus derechos sindicales. Sí todos los trabajadores del IMSS conocieran sus derechos y los hiciéramos valer en las instancias jurídicas correspondientes, siempre sobre la base de la organización, denuncia y movilización colectiva y solidaria, esta situación YA SE HUBIERA ACABADO, pero el miedo, la dispersión y el sectarismo no lo han permitido.

Como ejemplo describo la situación de un caso que prueba que es posible defendernos con éxito de la represión que ejecuta el IMSS-SNTSS en contubernio. La compañera Auxiliar Universal de Oficinas Rebeca Kú Méndez del Hospital General de Zona No. 3 en Cancún, lleva ya más de 18 años de persecución administrativa y sindical con múltiples rescisiones y sanciones sindicales, todas las cuales ha ganado mediante demandas laborales.

A partir de junio/2018 se reinició un acoso laboral persistente del Director de la Unidad, concertado con los Delegados Sindicales y con la Secretaria General Seccional (Gisela Álvarez Reyes) creándole pruebas artificiales hasta la recisión laboral y una de “investigación sindical”. Con el pretexto de una acta mentirosa de su Delegada, se le citó el 11 de julio de 2017 a la Comisión de “honor y justicia” fuera de horas laborales, siendo encerrada bajo llave por dos mujeres y dos hombres, quienes por negarse a firmar un Acta prefabricada, en la que ella se AUTOINCULPABA fue jalada del cabello, tirada al suelo y agredida a golpes, siendo manoseada y vejada sexualmente, sin permitirle salir de la oficina hasta que pidió auxilio a su acompañante, quien golpeó la puerta y finalmente le abrieron con la llave.

El mismo día interpuso una demanda penal contra sus agresores ante la Fiscalía del Estado, que después de meses de irregularidades y omisiones, emitió dos DICTÁMENES DE NO PROCEDENCIA DE LA ACCION PENAL en favor de los PRESUNTOS DELINCUENTES SINDICALES, BRENDA ELVIRA MENCHU ZEA, BRICIO MONTERO MORALES, ANA ORTEGA TOTOLHUA y JORGE CARLOS RUIZ ORTIZ. Lo trascendente de ello es que se ha podido, con la debida asesoría y los canales adecuados, SENTAR EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS a los omnímodos y prepotentes CHARROS sindicales y hacerlos temblar cobardemente en las audiencias judiciales, pues las posibilidades de ser consignados y declarados culpables, con riego de cárcel, son muy altas. Corrompieron a la Fiscalía, pero no pudieron hacer lo mismo con los jueces.

En conclusión, es importante que todas las organizaciones, personas reprimidas y trabajadores en general, nos aglutinemos en un ÓRGANDO DE DEFENSA JURÍDICA especializado, que arrope a todo trabajador de la salud, o de otros gremios, con independencia de su autonomía y visión política, siempre complementados con la organización, movilización y denuncia.