Lenin Contreras
El pasado 19 de agosto, se publicó la convocatoria para participar en la Consulta Nacional por un Acuerdo Nacional sobre la Educación. En dicho documento sobresale que ésta se realizará de forma digital mediante la plataforma http://porunacuerdoeducativo.com,además de que se realizarán 32 foros estatales, y que se consultará a la “ciudadanía” través de visitas realizadas por brigadistas.
La convocatoria reafirma el plan del futuro Secretario de Educación, el ex salinista, Esteban Moctezuma Barragán, quien anunció, que en agosto de este año iniciarían los trabajos de la consulta nacional, para valorar los posibles cambios que se realizarían en materia educativa en el próximo sexenio.
Sin embargo, la convocatoria aparece en un ambiente de incertidumbre debido a la plétora de contradicciones expuestas por AMLO, Moctezuma Barragán y los políticos de MORENA, respecto a la cancelación, abrogación, derogación o modificación de la reforma educativa de 2013.
Si bien es cierto que AMLO ha dicho que se cancelará la reforma educativa (lo ratificó el 20 de agosto), también es cierto que Moctezuma Barragán ha reiterado en varias ocasiones que sólo se eliminará la parte que vincula la evaluación a la estabilidad laboral, pero se dejará intacta la evaluación, tales ideas las expuso el 11 de julio en entrevista con Loret de Mola.
La permanencia de la evaluación, es una exigencia del organismo empresarial Mexicanos Primero. El 22 de agosto el presidente de la asociación empresarial, David Calderón, pidió al Presidente Electo, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “mantener la evaluación docente que se realizará de noviembre próximo y que su aplicación sea de manera voluntaria”, la intención es seguir profundizando el modelo educativo neoliberal.
Por su parte el senador electo, Martí Batres, señaló el 7 de agosto que se reformará el “servicio público docente”, para que “la evaluación no sea un mecanismo de persecución de los maestros”. Más allá de que el senador ni siquiera conoce el nombre de la Ley General del Servicio Profesional Docente, resalta que su propuesta no sólo no pretende abrogar la reforma, sino que deja intactas las afectaciones sociales y pedagógicas concretadas por la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (LINEE) y la Ley General de Educación (LGE).
No sorprende que la propuesta de Batres concuerda con la presentada por el coordinador nacional de las Redes Sociales Progresistas, el delfín gordillista, Rafael Ochoa Guzmán, a Andrés Manuel López Obrador en febrero del 2018. El acuerdo que Ochoa presentó al futuro presidente, intitulado Acuerdo para transformación de la educación en México y la defensa de los derechos plenos de los maestros, explícitamente señalaba en el punto 1 del apartado del documento: Dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente.
A la lista de contradicciones se suma la postura del futuro Subsecretario de Educación,Gilberto Guevara Niebla, quien apuntó el 13 de agosto que: “Es una expresión, en mi opinión excesiva, que busca desactivar al Servicio Profesional Docente, no a la reforma educativa en general. Derogarla, echarla atrás imposible”.
Sin embargo, para el movimiento magisterial democrático y el pueblo tienen claro que una propuesta de cancelación total de la reforma educativa pasa necesariamente por la cancelación de la Ley del Servicio Profesional Docente.
Otro punto preocupante de la propuesta de convocatoria para la Consulta, es que permitirá la participación de Elva Esther Gordillo. Lo dijo el mismo AMLO el 20 de agosto y lo insinuó Esteban Moctezuma el 6 de agosto. Las palabras textuales del AMLO fueron, “si ella es declarada inocente libre, se tiene que respetar su derecho de participación”.
Por su parte, el futuro titular de la SEP, señaló el 6 de agosto, que en la consulta participarán dos de las principales fuerzas que impulsaron la reforma educativa: El SNTE y los Consejos de Participación Social supeditados a los voceros de los grupos empresariales. Lo anterior demuestra que el llamado a la consulta reafirma la postura tramposa del próximo Secretario de Educación.
Por si lo anterior fuera poco, la convocatoria señala explícitamente que se pretende crear un Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de Todos los Mexicanos.Es necesario recordar que fue precisamente la idea de la calidad educativael justificante para impulsar las evaluaciones punitivas. Bastaría leer el decreto presentado por Peña Nieto de 2013, quien apuntó que el imperativo de la calidad educativaera el móvil principal para impulsar la reforma educativa.
La consulta dice que se deben de escuchar las voces de los maestros, y la pregunta es ¿Qué han dicho los profesores en estos cinco años de resistencia contra la reforma? Pues que se debe de cancelar totalmente la reforma, sólo personajes con poca memoria o socialmente sordos e indolentes supondrían que el magisterio no ha expresado su voz.
Ante este escenario, las propuestas del futuro responsable de la política educativa del país representan un peligro. Como caminan las cosas, la consulta aparece como un mecanismo que legitimará cambios superficiales de la Reforma Educativa.
Tanto el pueblo como el magisterio democrático deben ser claros, la cancelación total de la reforma educativa no está a discusión, es un principio, si realmente se quiere defender los derechos laborales de las y los profesores, la dignidad del magisterio, pero sobre todo, la educación pública.
¿Qué quiere decir cancelar la reforma?
La Reforma Educativa modificó el artículo 3ro y 73 constitucional, reformó la Ley General de Educación (LGE), promulgó la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y con ello legalizó:
- Un concepto de calidad que es usado como pretexto para implementar un modelo empresarial de educación y un conjunto de evaluaciones punitivas.
- La instauración del INEE como una instancia constitucional de vigilancia y castigo a las y los trabajadores de la educación.
- La formación del Servicio Profesional Docente para regular de forma especial las condiciones laborales de las y los profesores sacándolos de la protección del artículo 123 de la constitución.
- La autonomía de gestión de las escuelas, con lo cual se justifica el abandono y desfinanciamiento de la escuela pública.
Por lo tanto, una propuesta de abrogación de la reforma implica: cancelar las modificaciones realizadas al artículo 3ro constitucional, la cancelación de las modificaciones del artículo 73, la abrogación de la Ley general del Servicio Profesional Docente y la ley de INEE.
En suma, se requiere de una verdadera Reforma Educativa que fortalezca el carácter público, laico, científico, gratuito y crítico de las y los estudiantes, que combata los dogmas, prejuicios y fanatismos. Que fortalezca el Sistema Nacional de Educación mediante una política que aspire a una cobertura universal de la educación básica, educación media superior y superior, a la aplicación efectiva de la gratuidad de la educación en todos sus niveles y la erradicación del rezago educativo y el analfabetismo. Una educación que incorpore el carácter pluricultural de nuestra patria e incorpore las necesidades y aspiraciones de los pueblos originarios.
Si la propuesta del futuro gobierno no aspira a esto, es claro que la consulta sólo es una trampa que pretende legitimar cambios superficiales a la reforma peñista.
