A más de cien años de la fundación de la primera casa del estudiante en el estado de Michoacán, éstas siguen siendo una necesidad. Estos albergues posibilitan a miles de jóvenes de bajos recursos del estado y de otros, estudiar la preparatoria o una carrera universitaria, ya que les proporcionan casa, comida, materiales que necesitan etc. y así poder concluir con sus estudios.

Históricamente las casas del estudiante han abrazado las luchas más nobles del pueblo y se han sumado a defenderlo, motivo que ha servido para que las autoridades atenten contra ellas en diversas ocasiones. Ya sea cerrándolas, recortando o reteniendo el presupuesto que se les destina o expulsando moradores y moradoras de la Universidad por un tiempo o de manera definitiva, como lo hiciera recientemente el consejo universitario, donde expulsó a 9 moradores que participaron en la pasada toma del MAR (Movimiento de Aspirantes y Rechazados), donde lo único que hacían era defender el derecho a la educación de miles de jóvenes que habían quedado fuera de la Universidad por la nueva política de ingreso y con la aplicación del examen CENEVAL.
Además de eso se les redujo un millón de pesos a las casas que participaron en dicha toma, este dinero se destinaría a cubrir los “destrozos” que dejaron después de la ocupación de instalaciones. Cabe decir que tales cobros son absurdos, entre ellos destacan ropa de marca, celulares, joyas así como artículos personales etc. Pero nosotros nos preguntamos ¿Por qué no se cobran los destrozos que causaron las autoridades universitarias, entre ellos Salvador García Espinoza y Dolores Govea Paz? ¿Por qué Govea Paz sigue siendo jefe de asuntos estudiantiles cuando se ha comprobado el desvío de recursos de su parte además de usarlos para corromper las casas del estudiante?

Mucho se ha dicho y se dice de quienes son los culpables de la crisis por la que atraviesa la Universidad, que los sindicatos, que los jubilados y pensionados, que la gratuidad, las casas del estudiante etc., pero lo que no nos explican es quiénes son los verdaderos culpables, las malas administraciones, como Salvador Jara. Como tampoco nos explican cuánto es el dinero que verdaderamente se les da a las casas del estudiante para que puedan funcionar.

En datos obtenidos de la Coordinación de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la UMSNH, en el año 2014, a una casa del estudiante de 257 moradores se le da de presupuesto anual $2,821,654.32, lo que representa $10, 979.20 al año para que cada estudiante pueda vivir, lo que a su vez representa $30.50 al día, de este monto se deben contemplar servicios y necesidades de la casa, ¿Quién puede vivir dignamente con eso?

Por eso insistimos en la necesidad de las casas del estudiante y su función de albergar a jóvenes hijos de obreros, campesinos, trabajadores, en pocas palabras a los hijos del pueblo. Pero para esto es necesario que se etiquete el recurso que se les destina, así ya no podrán ser usadas por otros fines por las autoridades, como el ya conocido desvío de recursos. Que se les destine más dinero para atender las necesidades de quienes ahí viven, brindarles mejores servicios, pues actualmente carecen de muchos de ellos. Poner un alto a las medidas represivas de las autoridades en su contra. Las casas del estudiante son una necesidad para los que menos tienen y no un premio que se debe ganar.

¡Porque las casas del estudiante son del pueblo y para el pueblo!

¡Alto a las medidas represivas en su contra!