I/III

Lenin Contreras

Los actos represivos cometidos por el Estado mexicano contra los estudiantes normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” el 26 y 27 de septiembre de 2014, desataron grandes movilizaciones sociales en el país. Al tal grado que algunos analistas, caracterizan este hecho como la bancarrota del peñismo, y punto de inflexión que desembocó en la derrota electoral priismo del 2008.

Las movilizaciones por Ayotzinapa, desarrollaron profundamente la idea de que el Estado mexicano era uno de carácter terrorista. El problema fue que no todas fuerzas sociales comprendían lo mismo por este hecho. Es por ello, que en el siguiente ensayo se presenta una posible caracterización, funcionamiento y genealogía del Estado Terrorista.

Caracterización

En el caso que nos ocupa, la caracterización del Estado Burgués mexicano como un Estado Terrorista, por cuanto que el ejercicio del terror se realiza sistemáticamente contra el pueblo trabajador, debe partir de definirlo como una forma peculiar de Estado burgués.

El estado Terrorista es tal en cuanto el terror es un mecanismo político que se aplica sistemáticamente y de forma ampliada, para afianzar, reproducir y expandir el dominio de la burguesía sobre el pueblo trabajador, de forma particular; el poder y dominio de los segmentos hegemónicos dentro de la burguesía en nuestro caso, el dominio de la oligarquía financiera transnacional y la burguesía oligarquía nacional. En este sentido, el ejercicio del terror político no es un accidente o incidente casual o aislado, sino la característica fundamental del sistema político, aunque con ello, se desplieguen contradicciones políticas y económicas de segundo orden en el seno de la misma burguesía.

El terrorismo de Estado, consiste en ejercer e infundir terror para mantener, por medio del miedo, la sumisión de la población sobre la cual crece un sentimiento de descontento a partir de las injusticias y desigualdades sociales. No se ejerce el terror por sadismo o crueldad, aunque no dudados que en su ejercicio existan o sean necesarios los sádicos y las personas crueles, sino que se aplica por el interés de mantener el régimen político.

De esta forma, la política de terror intenta dar castigos aleccionadores a los segmentos de la clase trabajadora más consecuentes y combativos que luchan social y políticamente, por medio del ejercicio de una violencia que daña la humanidad de las víctimas, además de intentar desmovilizar al pueblo trabajador en general a partir de socializar el miedo. En síntesis, el terror ejercido por el Estado tiene como intención; eliminar de facto el derecho a exigir derechos. Es decir, erradicar en los hechos la posibilidad y la libertad política de exigir derechos sociales, culturales y políticos; desmovilizar y eliminar la voluntad política de lucha de los militantes y activistas políticos, por medio de la imposición de castigos ejemplares que hacen uso desmedido de actos de barbarie, como la tortura y las vejaciones, ya que es el terror, que por definición es un miedo exacerbado, el que impide pensar racionalmente, desorienta, confunde y paraliza a sus víctimas; aislar a sus adversarios políticos al imponer el miedo sobre un sector del pueblo que se solidariza y simpatiza con los adversarios del Estado, y desmovilizar a la población mediante la diseminación del miedo como un mecanismo de control.

La forma en que se ejerce el terrorismo de Estado es por medio de la aplicación de la violencia de forma “extrajudicial” y por tanto ilegal, con total impunidad y de forma material y directa por medio de los grupos de paramilitares o cuerpos policiacos y militares. De esta forma, la aplicación del terror violenta los márgenes de la democracia burguesa en la medida que la coerción del Estado se ejerce de forma extralegal violentando lo derechos democráticos más fundamentales.

Al ser los cuerpos castrenses y policiacos instrumentos de dominación y disciplinamiento político de la población, son los encargados de aplicar materialmente el terror. Pero ya que existe una permanente necesidad de salvaguardar la legitimidad social de los cuerpos policiacos y militares, el Estado utiliza para la aplicación directa y material de los actos de terror a grupos de paramilitares. Es importante señalar que, en su generalidad, los grupos de paramilitares son:

…aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte de ese monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste, entonces, en el ejercicio ilegal e impune de la violencia estatal y en la ocultación del origen de esa violencia (López y Rivas, La Jornada)

La existencia de grupos de paramilitares tiene como objetivo que el Estado y sus cuerpos represivos, no aparezcan como responsables directos de los actos de terror contra la población, así como de los actos represivos de los adversarios y activistas políticos. Sin embargo, las bandas de paramilitares no actúan de forma autónoma al Estado. El Estado alienta, entrena y permite la actuación de estos grupos de paramilitares, generalmente formados por mercenarios o miembros de cuerpos policiacos o militares, porque le son políticamente útiles, puesto que son grupos que pueden usar para reprimir manifestaciones, acabar con sus adversarios políticos, persuadir brotes de protestas sociales y detener la inconformidad social sin mancharse directamente las manos con sangre. Históricamente los paramilitares aparecen de diversas formas, en el caso de México, la forma en que el Estado y la burguesía ocultan el origen de la violencia es por medio de que los paramilitares aparecen como bandas de sicarios y mercenarios vinculados al crimen organizado, en apartados abajo regresaremos a este punto.

Otra característica del Estado terrorista es que la violencia que lacera la humanidad de sus víctimas se ejerce de forma abierta y descarada, aunque se esconda el origen y motivos de su ejercicio. La intencionalidad es que el pueblo conozca, “aprenda” y se “discipline” a partir de la subjetivación del miedo.

El ejercicio del terrorismo de estado tiene la necesidad de esparcir y diseminar socialmente el miedo generado por los actos de terror, los sectores seleccionados pueden ser grupos selectos y focalizados o masivos e indiscriminados.  Este es el papel de los medios de comunicación; redes sociales, noticieros, periódicas, radios, que difunden los actos de terror de forma irresponsable, perniciosa, dosificada y confusa, mandando mensajes de propaganda que tiene por objetivo desmovilizar a la población, aislar a la gente que está protestando, eliminar toda posible forma de solidaridad popular y sustituir la indignación social por el miedo y la confusión.

Es cierto que el Estado burgués siempre ejerce violencia, en mayor o menos medida, al ser por definición una máquina de represión y al tener, en la hegemonía burguesa, su legítimo uso. Sin embargo, la política de estado basada en el terror es peculiar en cuanto la violencia se ejerce ilegalmente, se oculta su origen, aunque se exhiba su materialización, es extrema al grado de dañar la humanidad de sus víctimas y se crea un ambiente de normalización por medio de la criminalización social de los adversarios políticos del Estado o su justificación, lo que permite que el ejercicio de la violencia no sea encubierto y se expanda sistemáticamente.

La violencia sistemática del Estado Terrorista en México aparece de forma clara en los últimos 20 años. Se muestra por ejemplo, con los feminicidios en Ciudad Juárez que de 2006 a 2018 incrementaron más de un 40 %; con la masacre de 1997 en Acteal, comunidad ubicada  en los Altos de Chiapas, donde fueron asesinados a sangre fría 45 personas y tres nonatos por paramilitares militantes del PRI y cuyos responsables se encuentran en libertad; el caso de la matanza de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995 cuando en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande de Guerrero, 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados por elementos de la policía estatal motorizada; otro ejemplo es la violencia ejercida contra los pobladores en Atenco en 2006, donde hubo dos jóvenes muertos, de 14 y 20 años, incontables pobladores golpeados y humillados, más de 200 detenidos con violencia, decenas de mujeres violadas, vejadas y humilladas por las fuerzas policiales y donde los responsables no fueron castigados; o el asesinato de Maricela Escobedo en el año de 2010 justo enfrente del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua; el asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011, durante una manifestación en la autopista del Sol, Guerrero; y en los hechos criminales de Iguala Guerrero contra los normalistas el 26 y 27 de septiembre.  La lista podría continuar.

Cada una de estas acciones de terrorismo de Estado contó con tres componentes básicos:

  1. a) Grupos policiacos o paramilitares que ejercieron materialmente la violencia extrema que daña la humanidad de las víctimas y elimina de facto sus derechos democráticos;
  2. b) La socialización de los actos de violencia mediante grandes campañas de propaganda dirigida por los medios masivos de comunicación, en las cuales se muestra con lujo de detalle los brutales actos cometidos, y;
  3. c) La total impunidad de quienes perpetraron el crimen.

Sin embargo, el terrorismo de estado no puede existir de forma pura como forma de gobierno, es decir, no pude existir de parte del Estado una política únicamente sustentada en el terror. Para que el régimen del Estado Terrorista se reproduzca como tal, es necesaria la construcción de grados de consenso entre las diferentes clases de la sociedad, sobre el desmedido uso de la violencia, por ello es que el terror se oculta y legitima bajo diferentes mecanismos de construcción de consenso.