Rubén Juárez

Exigimos detener y derogar todas las leyes y ordenamientos administrativos que privatizan el agua. Nos pronunciamos a favor de democratizar la administración del agua para asegurar el derecho humano universal al agua y el desarrollo urbano sustentable. Durante décadas los gobiernos federales, estatales y municipales han modificado el marco legal para privatizar el agua, con base en una estrategia hormiga y a espaldas del pueblo.

El 6 de junio de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 10 decretos que suprimen la veda en 295 cuencas hidrológicas. Legalizan la explotación de agua en cuencas que se consideraban sobreexplotadas.

La Ley de Aguas Nacionales establece dos mecanismos para explotar las cuencas: la asignación, que concede a los municipios y estados la explotación del agua; y la concesión, que concede a particulares la explotación del agua.

Los decretos del 6 de junio de 2018, privilegian a particulares y empresas que cuentan con concesiones de agua vigentes previas a la firma de los mencionados decretos, es decir, cuando las cuencas se encontraban en veda.

CONAGUA proporcionó información y otorgó facilidades para que particulares y empresas pudieran solicitar concesiones con la debida anticipación, si consideramos los siguientes hechos:

 

  1. El 7 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentran divididos los Estados Unidos Mexicanos”. Cabe mencionar que, el decreto del 7 de julio de 2016 establece que se utilizó la norma “NOM-011-CONAGUA-2015” para determinar la disponibilidad media anual del agua de las cuencas. Sin embargo, Miguel Ángel Montoya, Asesor parlamentario y consultor independiente Gestión integral del agua, afirma:

 

“Existen además dos agravantes técnicos. El primero es que los estudios de disponibilidad que fundamentan la Supresión de Vedas se basan en estudios oficiales que en realidad no están actualizados, es decir que los mismos fueron elaborados entre 2014 y 2011 y a los cuales solo se les ha cambiado la “carátula” para simular que están actualizados y de ese modo cumplir con el requisito legal que impone la obligación de actualizarlos cada 3 años. El segundo es que la fórmula para calcular y actualizar la disponibilidad establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000 tiende a sobreestimar la recarga y por tanto a expresar una disponibilidad mayor de agua. Esta NOM ha sido severa y sistemáticamente cuestionada por académicos, geólogos e hidrólogos expertos quienes afirman que en México se otorgan concesiones y se suprimen o establecen Vedas prácticamente a ciegas.”

 

Conforme a Miguel Ángel Montoya, dado que los estudios fueron elaborados entre 2014 y 2011, no se utilizó la “NOM-011-CONAGUA-2015”, como se señala en los decretos del 6 de junio de 2018. Por lo que los estudios son fraudulentos, y se habría justificado la extracción de agua en cuencas sobreexplotadas.

 

  1. Con base en la disponibilidad de agua de las cuencas publicadas en el decreto del 7 de julio de 2016, durante el año 2017 y el primer semestre de 2018, se da participación a los “usuarios organizados del Consejo de la Cuenca”. Cabe mencionar que es opaco el mecanismo de elección de los “usuarios organizados”, cada Consejo de Cuenca establece las reglas de elección. Los “usuarios organizados” se agrupan por uso del agua: agrícola, industrial, comercial, acuacultura, servicio público, etc.

 

  1. Con base en la disponibilidad de agua de las cuencas publicadas en el decreto del 7 de julio de 2016, durante el año 2017 y el primer semestre de 2018 se publicaron decretos en el Diario Oficial de la Federación que permite a la autoridad fundamentar la supresión de la veda o bien establecen que no existe impedimento normativo para explotar las aguas de las 295 cuencas mencionadas en los decretos de junio de 2018.

 

  1. El 23 de marzo de 2018 se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que facilita el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales, aún en cuencas con veda o reserva, a las personas que cuenten con títulos cuya vigencia hubiere expirado a partir del 1 de enero de 2004, así como respecto de títulos vigentes cuya prórroga no se solicitó en los plazos señalados en la Ley de Aguas Nacionales y para las solicitudes de prórroga presentadas fuera de dichos plazos que se encuentren pendientes de resolución.

Una serie de decretos emitidos con la debida oportunidad, permitieron:

  1. Realizar estudios técnicos para actualizar disponibilidad de agua en las cuencas.
  2. Informar a los “usuarios organizados de la cuenca” la disponibilidad de agua en las cuencas. Los representantes de los “usuarios organizados” son personas que representan a los particulares o empresas que explotan la cuenca.
  3. Justificar la supresión de las vedas de las cuencas.
  4. Ofrecer facilidades para renovar concesiones, incluyendo para cuencas vedadas.
  5. Privilegiar la explotación de las cuencas recién liberadas de la veda.

En resumen, pavimentaron el camino para que las particulares y empresas con información oportuna, pudieran apropiarse de la explotación de las cuencas hídricas.

Cabe mencionar que, si analizamos cada decreto de forma aislada, parecieran inofensivos, solo cuándo se analizan en conjunto, se observa la perversidad y alevosía para entregar el recurso hídrico a particulares y empresas privilegiadas. Esta forma de proceder permite operar la privatización del agua a espaldas del pueblo, la alevosa opacidad es un elemento clave en la privatización de un recurso vital, que, de otra manera, estaría sujeto a un escrutinio severo y ser motivo de protestas masivas.

Considerando que se publican innumerables decretos, resulta una tarea titánica identificar y evaluar el impacto de cada uno de ellos.

A diciembre de 2016 se tenían registradas 344 cuencas (agua superficial) con veda. El mapa muestra las cuencas con veda, es decir, se prohíbe la extracción de agua.[i]  Los decretos del 6 de junio de 2018 suprimen la veda de la mayoría de las cuencas con veda.

Además, debemos estar alertas ya que a diciembre de 2016 se tenían registradas 146 acuíferos (aguas subterráneas) con veda. El mapa muestra los acuíferos con veda, así como acuíferos que cuentan prohibiciones o restricciones para la explotación de aguas subterráneas. Cabe mencionar que las zonas de veda y  las zonas con acuerdos generales de suspensión de libre alumbramiento, prohíben la extracción de agua.[ii]En cualquier momento, el Ejecutivo Federal pudiera emitir un decreto para suprimir las vedas de los acuíferos.

 

[i]Idem. Página 99.

[ii]Idem. Página 97.