El 17 de junio de 2016 la Policía Federal reprimió violentamente a las y los maestros de la Sección XVIII de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuando se manifestaban pacíficamente contra la reforma educativa en la ciudad de Morelia. En el acto de detuvieron a cinco profesores, con la intención de aterrorizar a los trabajadores de la educación, y utilizarlos como rehenes políticos para  “negociar”  la rendición del de la CNTE. 

La represión se desarrolla en un clima de intolerancia y autoritarismo por parte de gobierno estatal de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, el titular de la Secretaria de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quienes prefieren ejercer la violencia en lugar de dialogar. Las recurrentes acciones represivas en contra del magisterio demuestra que la reforma educativa no tiene la intención de mejorar la educación, sino exclusivamente la destrucción del magisterio democrático. 
Por lo anterior, exigimos:
1. Se garantice la educación pública para todo el pueblo de México, y por tanto se elimine la injusta ley que obliga a los padres de familia a realizar el mantenimiento total de los centros escolares (Ley General de Educación: artículos 12 fracción V bis, artículo 22 y artículo 28 bis).
2. La libertad inmediata de los presos políticos y se detenga el hostigamiento, la represión, la criminalización de la protesta social del movimiento magisterial democrático.
3. Se garantice una educación científica, laica, obligatoria, democrática, gratuita e integral, con el objetivo de que los niños y jóvenes se desarrollen plenamente en lo intelectual, en lo físico y en la vocación al trabajo digno y en los valores democráticos.
4. Se garantice la estabilidad laboral y la protección social de los trabajadores de la educación en todo el país, además se reinstale a todos los trabajadores de la educación cesados de forma antidemocrática.
5. Se respete el papel histórico y pedagógico del normalísimo como parte esencial del sistema de educación pública.
6. Se abroguen: la criminal Ley General de Servicios Profesional Docente, la antipopular Ley General de Educación y la ilegitima Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).