Dirección Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

El 28 de septiembre del 2012 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta por el entonces presidente de México, Felipe Calderón. Durante la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro la reforma fue aprobada con 351 votos en favor (del PRI, PAN y PVEM), 130 en contra (del PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y 10 abstenciones (de Nueva Alianza).

La ley calderón se aprobó pese a las y los miles de trabajadores inconformes que justamente protestaban en diferentes ciudades y las principales calles del país. Pues no es para menos, las modificaciones propuestas por la Ley Calderón avalan, entre otros puntos, la subcontratación, los contratos a prueba, por temporada y de capacitación inicial, así como el pago por hora. Esto lo podemos encontrar en los siguientes apartados de la propuesta de reforma:

El artículo 15-A, que legaliza trabajo en régimen de subcontratación. El 35, donde se señala que “Las relaciones de trabajo podrán estar sujetas a prueba o a capacitación inicial”. El 39-A, donde se establece que “En las relaciones de trabajo podrá establecerse un periodo a prueba”. El 39-B, en donde se permite la capacitación inicial hasta por seis meses, y “donde al término de la capacitación inicial, a juicio del patrón, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón”. El 83, permite el pago por cada hora de prestación de servicio así como el horario mixto de la jornada de trabajo. El 48, que señala que el pago de salarios caídos se limita a 12 meses.

Es claro que la reforma laboral representa grandes beneficios para la patronal, a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pues cada uno de los puntos mencionados, permite que el patrón se deslinde de las obligaciones laborales contraídas en el pasado con las y los trabajadores.

Con la subcontratación, se permite que la patronal no otorgue prestaciones de ley a las y los trabajadores; esta forma de contratación en si es violatoria a los derechos humanos, regularla sería oficializar este agravio. Con los “contratos de prueba” se destruye el derecho y principio constitucional de la estabilidad en el empleo, sustituyéndolo por empleos eventuales e inestables.

Con los artículos 35 y 39-A, se elimina la posibilidad de que un trabajador acumule antigüedad en su empleo y mejore su salario. Una persona podría estar por años laborando bajo contratos eventuales.

Además, con el artículo 83, se pulveriza el salario con la modalidad de pago por hora, lo que equivaldría a un poco más de $7.00 pesos considerando que el salario mínimo de ese año era de $59.00 pesos (hoy en día sería alrededor de los $10.00 pesos por hora). Con un salario así no se puede garantizar una vida digna y se atenta además contra el derecho a la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, etc. Bajo el concepto de capacitación inicial se crea la figura del libre despido que exime al patrón de entregar causales o motivos de su destitución al trabajador. ¿Qué pasa con aquellos conflictos laborales que duran 2 o 3 o 5 años para solucionarse? Pues con el artículo 48, el pago de los salarios caídos solo se emplaza hasta por un año.

Si bien es cierto que empresas transnacionales ya operaban en este esquema de “flexibilidad” laboral, tales como Wal-Mart, las cadenas de “Fast-Food” o comida chatarra, entre otras, lo que se pretende con la reforma es legalizar este modelo e incorporar a una nueva generación de trabajadores y trabajadoras a condiciones laborales peores que las de sus padres y abuelos.

Para los priistas y panistas que aprobaron estas modificaciones, éstos representan “una reforma de avanzada” pues según ellos “moderniza” las relaciones entre trabajadores y patrones. Ya que permite el incremento de la competitividad internacional del mercado de trabajo y el incremento de la productividad.

¿Qué quiere decir esto de incrementar la productividad y la competitividad? Pues que los empresarios, nacionales y principalmente los extranjeros, pueden invertir en México sabiendo que los costos que se derivan de la compra de la fuerza de trabajo serán mínimos y que no contraerán ninguna responsabilidad futura con los trabajadores y trabajadoras, esto por supuesto reduciendo los salarios de las y los trabajadores y eliminando sus derechos y garantías.

Es por esto que para los trabajadores y las trabajadoras la reforma representa una política cínicamente antilaboral, que solo beneficia a la pequeña minoría de empresarios, mientras que pauperizará a la gran mayoría de las y los trabajadores.

La reforma laboral o la Ley Calderón se circunscribe en un contexto de crisis económica mundial, situación que en primera instancia representa la perdida de la ganancia de los grandes empresarios y empresas transnacionales, lo que quiere decir que los patrones pretenden cargar sobre los hombros de las y los trabajadores los costos de la crisis. Tal como sucede en los países europeos de Grecia, Italia, Portugal, y España. Así lo que realmente busca la reforma es desvalorizar la fuerza de trabajo e intensificar la explotación, mediante la flexibilización de la jornada laboral, disminuyendo el salario, eliminando el derecho a la jubilación y las pensiones, y eliminando los derechos de salud y vivienda.

La embestida de la reforma es contra los derechos de la clase trabajadora, pero también contra sus organizaciones de resistencia, tales como los sindicatos, pues con el nuevo marco legal la sindicalización es casi imposible para la nueva generación de trabajadores y trabajadoras.

Está claro que la poca resistencia que opondrán las fuerzas socialdemócratas en el Senado de la Republica no bastará para detener esta política cínicamente antilaboral. Los únicos que podrán detenerla serán las y los trabajadores en las calles, protestando, repudiando la ley Calderón, y por supuesto golpeando en donde más les duele a la patronal, en la producción y circulación de mercancías.

Es hora de que los hornos se enciendan y no se ha de ver nada más que la luz. Es hora de la unidad de la clase trabajadora.