La represión hacia activistas y movimientos sociales se ha convertido en un mecanismo sistemático del Estado mexicano para contener o exterminar a la disidencia social y política a la que se enfrenta. Es claro que este hecho obedece a la incapacidad de los gobiernos capitalistas, lacayos a los sectores empresariales, de respetar y dar solución de las exigencias sociales del pueblo trabajador y a los diferentes sectores que lo conforman, de esta forma, el endurecimiento del autoritarismo y despotismo político, es la solución que las elites económicas y políticas usan para callar las voces de disidencia y descontento.

En el caso de Michoacán, el recrudecimiento de la política represiva y cínicamente autoritaria, impulsada por el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, es resultado de su franca subordinación al priismo más recalcitrante. La alianza PRD/PRI, que encabeza el actual gobernador, se concretó, entre otras cosas, por medio de dejar en espacios claves a personeros del grupo político al que pertenece el ilegítimo presidente del país. De esta forma, se encuentran personajes nefastos en las cúpulas del gobierno. Tal es el caso del subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, quien durante 15 años fue el jefe de seguridad de San Lázaro, pero en 2014 fue nombrado por el entonces procurador general de la república Murillo Káram, como jefe de la policía investigadora de la PGR, tiempo en el que ésta fue ampliamente cuestionada al interior de la institución por casos de corrupción.

Gómez Arrieta incorporó y ratificó en la policía de la entidad a decenas de elementos provenientes de cuerpos policiales del estado de México, algunos de ellos traídos por el priista, Alfredo Castillo, quien fungió como el gobernador de facto en los tiempos de Salvador Jara. Desde que estos personajes se asentaron en Michoacán, indicadores como los de feminicidios, violencia, secuestros y más, se dispararon.

Pero no sólo eso, Silvano Aureoles y Gómez Arrieta, han sido responsables de implementar en Michoacán una política de abierto exterminio al movimiento social, por medio de acciones represivas que inclusive gobiernos profundamente reaccionarios, como el de Jara Guerrero y Fausto Vallejo, no pudieron imponer.

Los casos de represión en nuestro estado son los siguientes:

  1. El 24 de febrero (de 2017), en una manifestación en exigencia de la restitución de su territorio comunal, se detuvieron ilegalmente a 14 comuneros y se allanaron moradas en Caltzontzin, tenencia de Uruapan, Michoacán.
  2. El 22 de marzo, el vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma y Militante del MIR, Moctezuma Madrigal, denunció actos de hostigamiento y tentativas de incriminación delictiva.
  3. El 4 y 5 abril, el gobierno del estado encabezó un operativo policiaco-militar inédito contra la comunidad de Arantepacua, que dejó a cuatro comuneros muertos, decenas de detenidos y allanamientos de moradas.
  4. El 21 de abril, fue detenido injustificadamente y sin orden de aprensión, el estudiante del Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, Brandon Steve, que duró más de un mes en prisión, con el único objeto de lanzar un mensaje de miedo al movimiento normalista.
  5. El 3 de mayo, elementos de la Policía Michoacán detuvieron a la compañera Cristina Paredes, defensora de Derechos Humanos, la cual denunció agresiones físicas y morales. A Cristina se le privó completamente de comunicación por más de 4 horas.
  6. El 11 de mayo, el compañero Emiliano Castro, militante del Frente Contra la Represión y la Asamblea Popular de Michoacán, sufrió un intento de detención-desaparición por parte de elementos de la Policía Ministerial.
  7. El 12 de mayo, la compañera Lluvia Fernanda Ledezma, militante del MIR y vocera del movimiento por la Gratuidad en la UMSNH sufrió agresiones sexuales.
  8. El 19 de mayo se dio a conocer la desaparición de Salvador Adame Pardo, periodista de tierra caliente, lo cual se suma al asesinato y hostigamiento que han sufrido decenas de periodistas en la entidad.
  9. El 21 de mayo, la compañera Laura Orozco, Defensora de Derechos Humanos, denunció amenazas de muerte debido a su activismo político.
  10. El 9 de junio, un operativo de más de 700 policías desalojó al plantón que la CNTE mantenía en las Secretaria de Finanzas del Estado de Michoacán, para exigir se les pagara un adeudo de más de 300 millones de pesos.
  11. Ese mismo día, policías de Aguascalientes reprimieron a estudiantes normalistas de Tiripetío cuando venían rumbo a Michoacán después de realizar actividades en solidaridad con las normalistas de Cañada Honda. Algunos días después, el 21 de junio volvieron a agredir a estos estudiantes, ahora la policía del estado incursionó en la población de Tiripetío con armas de fuego, dejando como resultado a un estudiante herido gravemente por una bala que se quedó atorada en su cuello.
  12. El 10 de octubre fueron detenidos arbitrariamente los ambientalistas Carlos Olivares y Hugo Salas, también voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, mientras realizaban una manifestación pacífica cerca de la criminal e ilegal obra del Ramal Camelinas que busca acabar con el último bosque de Morelia.
  13. El 14 de octubre fueron detenidos y golpeados más de 60 estudiantes normalistas de Tiripetío y Ayotzinapa mientras esperaban la liberación de 6 de sus compañeros en las inmediaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.

Finalmente, vemos que el escenario político que se ha instaurado en la entidad tiende a la anulación de facto de los derechos políticos y democráticos del pueblo de Michoacán, y por tanto a la instauración, lenta pero firme, de un Estado descaradamente represor, violento, autoritario y terrorista. Ante esto, continuaremos denunciando este tipo de prácticas y organizándonos para enfrentar de mejor manera la coyuntura que se avecina.