Comité de Base Estudiantil “Fidel Castro”

En México existen dos momentos muy obscuros en lo que se refiere a los movimientos estudiantiles, y son oscuros no por su carácter de que no sepamos que pasó, sino por el contrario, sabemos muy bien qué pasó, lo sombrío es que aún no son culpados los responsables de estos hechos. Estamos hablando del movimiento estudiantil de 1968 y el de 1971, los cuales se han caracterizado por la negligencia de las autoridades por no aclarar la situación de las represiones que acabaron en las matanzas de jóvenes que luchaban por sus derechos sobre la educación.

Con este artículo, pretendemos hacer un llamado a la memoria y recordar los sucesos del 10 de junio de 1971, donde un grupo paramilitar formado por el gobierno llamado “Los Halcones” reprimió y mató a cientos de estudiantes en la ciudad de México que se movilizaban a favor de sus compañeros universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corría el año de 1971 y un grupo de estudiantes organizados en asambleas de la UANL, buscaban la democratización de su universidad, además de mejoras en la educación y hacer una reforma universitaria más incluyente. Este movimiento estuvo conformado por los tres sectores que le dan vida a las universidades, es decir, por parte de los profesores, de los alumnos y de los trabajadores. Dicho cambio democratizador se logró implantar en la UANL, pero el gobernador del estado, como se dio cuenta que afectaba los intereses de las clases altas de Nuevo León, recortó drásticamente el presupuesto de la institución, lo cual desembocó en una movilización del estudiantado y en una convocatoria a nivel nacional para apoyar a los universitarios.

Esta convocatoria para manifestarse desde los estados a favor de los compañeros de la UANL, fue bien recibida en la ciudad de México por los compañeros y compañeras tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los cuales se organizaron y decidieron después de 3 años, nuevamente salir a las calles para luchar por la educación de los mexicanos, la fecha acordada fue el 10 de Junio. Con la llegada del nuevo presidente Luis Echeverria Alvares, y su política de conciliación con las masas, casi convirtiéndose en un gobierno populista, dichas acciones del gobierno fueron vistas por los estudiantes como iniciativa para volver a salir a las calles a luchar por sus derechos.

Ese 10 de Junio el grupo de manifestantes a favor de los compañeros de la UANL salieron a las calles reuniéndose en el casco de Santo Tomas para llegar al Zócalo capitalino, sin embargo, avanzando por la avenida de los maestros son interceptados por un grupo paramilitar entrenado por el regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, dicha agrupación agredió primeramente a los manifestantes con palos de bambú y de kendo, pero no estando conformes con esto, sacaron armas de alto calibre para detener la manifestación, incluso había halcones en los techos disparando como francotiradores a los manifestantes. El resultado de esto fue de muchos estudiantes asesinados y otros más heridos de gravedad. Dicha agresión sigue sin ser aclarada por las autoridades nacionales, dejando a los culpables libres.

Hoy 10 de junio del año 2018, a 47 años del “Halconazo”, seguimos reivindicando la lucha estudiantil de los compañeros de Nuevo León, sus demandas hoy en día siguen siendo sumamente justas para esta sociedad. Entre lo demando estaba especialmente la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que éste representara un 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social; educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad cultural mexicana; estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno.

Hoy en día es sumamente importante, no sólo recordar y pedir justicia por los compañeros caídos, sino reivindicar las demandas democráticas  de los compañeros de la UANL, tales como la democratización de la universidad, el carácter gratuito de la educación superior, la eliminación de los mecanismos de exclusión y el pase automático del bachillerato a la licenciatura, el incremento presupuestal a la educación publica, y el carácter científico y popular de la educación, así como la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Estas demandas son más vigentes que nunca y deben de ser la plataforma de lucha del movimiento estudiantil contemporáneo.

La defensa de la educación gratuita

El 26 de mayo de 2014 la cámara de diputados pretendió acabar con el derecho a la educación gratuita, contemplado en el artículo 138 de la constitución del Estado Michoacán, por medio del DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFODEL ARTICULO 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Con este decreto los diputados intentan cargar sobre los estudiantes el gasto educativo. Es por ello que una de las demandas fundamentales del movimiento estudiantil debe ser exigir la gratuidad de la educación, pues se debe de entender que las cuotas de cualquier índole: para tramitar fichas, de inscripción y reinscripción, de cooperación “voluntaria”, o cualquier otra, representan mecanismos de exclusión educativa, pues impiden el ingreso a las aulas de las instituciones de educación media superior y superior a los hijos e hijas de familias de trabajadores y trabajadoras debido a que se convierten en un costo impagable, fundamentalmente, por las precarias condiciones socioeconómicas de las y los trabajadores.

La situación de pobreza en que vive la clase trabajadora imposibilita pagar los altos costos de las cuotas, puesto que para el 60 por ciento del total de trabajadores del estado de Michoacán el costo de las fichas de ingreso a la preparatoria les representa entre el 12 y el 44 por ciento de su ingreso mensual; el costo de la ficha para licenciatura, si sus hijos provienen de bachillerato universitario, representaría del  18 al 55 por ciento de su ingreso mensual; y si los aspirantes provienen de una preparatoria no universitaria, las familias de trabajadores tendrían que pagar del 25 al 77 por ciento de su ingreso mensual. Esto sin contemplar las cuotas “voluntarias” que ascienden de 500 a 1500 pesos.

Si a las cifras anteriores le sumamos que según el Consejo Nacional de Evaluación de Política Publica (CONEVAL) estima, en su Informe de Pobreza 2016, que Michoacán se ubica dentro de las 10 entidades con mayor pobreza en el país, con un total del 55 por ciento de la población y un 13 por ciento en pobreza extrema; concluimos que las cuotas y cooperaciones desalientan a las familias pobres para que sus hijos e hijas estudien la educación universitaria.

Hoy la defensa de la educación pública está íntimamente vinculada a la defensa de la gratuidad de la educación. La gratuidad es una condición indispensable para que los hijos e hijas de las y los trabajadores ingresen a las aulas universitarias.

Incremento del presupuesto a la universidad pública

Desde la década de los 90 el gobierno mexicano ha desfinanciado a la educación pública como medida para recortar el gasto social. Este proceso ha generado que la oferta de la educación pública no crezca en la misma proporción que la población en edad de estudiar la educación superior. A nivel nacional 7 de cada 10 jóvenes están excluidos de las aulas universitarias, y la universidad michoacana no es la excepción.

En 2008 la ex rectora de la universidad michoacana afirmaba, en una entrevista para el diario local La Jornada Michoacán, que desde 1993 las partidas presupuestales a la universidad no han superado el 4 por ciento, cuando la Casa de Hidalgo ha crecido en matricula en un 8 por ciento anualmente, dicho crecimiento ha sido producto de la ampliación de las escuelas, la creación de licenciaturas, maestrías y doctorados; lo que implica crear más plazas de profesores y empleados. La ex rectora señalaría que esta expansión implicó que el creciente gasto operativo y los servicios personales absorbieran el presupuesto.

La falta de dinero, producto del desfinanciamiento de la educación publica, ha sido uno de los argumentos fundamentales para que el entonces rector Salvador Jara firmara el 11 de febrero de 2014 con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffetel convenio para la Regularización Administrativa y Financiera de la UMSNH. En este convenio Jara se compromete a “subsanar el presupuesto deficitario de la institución”, mediante el despido y recorte de profesores, la fusión y cierre de algunas dependencias y, por supuesto, el cobro de cuotas.

El creciente desfinanciamiento de la educación pública contrasta con los extraordinarios apoyos financieros que el gobierno dirige a los empresarios del país. Por ejemplo, en el año 2013la Secretaría de Hacienda perdonó a las 20 mayores empresas del país el pago de 63 mil 800 millones de pesos en impuestos. A nivel estatal el gobierno priista de Fausto Vallejo otorgó a la empresa privada TELETÓN, propiedad de Emilio Azcárraga Jean  dueño de grupo Televisa, 40 millones de pesos del erario público de forma anual durante nueve años, además de regalarle el terreno donde se construirá el centro de rehabilitación; también el gobierno estatal destinará más 600 millones de pesos para construir una carretera de cuota cuyo único objetivo es conectar a la ciudad de Morelia con el complejo turístico comercial ALTOZANO propiedad de los empresarios Medina Magaña.

Es así como el dinero que debía dirigirse a pagar la educación de los hijos e hijas de las y los trabajadores, se va directamente a los bolsillos de los grandes empresarios. En este sentido, no es que falte dinero para la educación, sino que los gobiernos junto con los empresarios saquean el erario público.

Los exámenes estandarizados y la exclusión educativa

Al desfinanciamiento de la educación pública le ha seguido la generación de mecanismos de exclusión educativa. Este fenómeno se realiza por medio de la aplicación de los exámenes nacionales de ingreso a la educación media superior (EXANI-1) y superior (EXANI-2), o el EXCOBA.

Estos exámenes estandarizados lo único que hacen es imponer filtros para el ingreso y alejar a una gran cantidad de jóvenes de las aulas universitarias. Dichas pruebas no contienen ninguna dimensión pedagógica en su estructuración, y por si esto fuera poco discriminan a los jóvenes de origen indígena, provenientes de condiciones socioeconómicas marginadas y a las mujeres.

¿Cómo es posible evaluar con un mismo examen estandarizado de 120 preguntas a jóvenes cuya educación secundaria fue cursada en por lo menos cinco subsistemas de educación básica diferente (técnica, federal, telesecundaria, INEA o secundaria agropecuaria)? ¿Cómo aplicar una prueba general de admisión para educación superior en la UMSNH cuando existen por lo menos cinco sub-sistemas diferentes de bachilleratos públicos en el estado de Michoacán, tales como el Colegio de Bachilleres, el sistema de DGTI –CETIS, CBTis, CBTA, DGTA-, CONALEP, bachillerato universitario, o CECYTEM? en los cuales se forman alumnos con diferentes perfiles, más aparte los sistemas semi-escolarizados o abiertos dirigidos a jóvenes que en su mayoría trabajan.

Es evidente que los exámenes de admisión lo único que hacen es excluir premeditadamente alas y los jóvenes de la universidad en cantidades significativas. La rectoríade la universidad michoacana estimaba que para el ciclo 2013-2014 fueron rechazados el 10 porciento de los 18 000 aspirantes; en el ciclo de 2012-2013 el Presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Salomón Rosales Reyes señaló que fueron rechazados 3 000 aspirantes, porque según él los jóvenes no aprobaron el examen estandarizado. Está clara violación del derecho constitucional a la educación de miles de jóvenes se da pese a que la dirección general de planeación de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE) señaló en el año de 2013 que los índices de cobertura en el nivel medio superior y superior son del 63.7 por ciento y 23 por ciento, respectivamente.

Luchar contra la exclusión educativa y por el pase automático a las instituciones de educación superior es hoy una de las tareas fundamentales del movimiento estudiantil, pues representa una lucha por que los hijos e hijas de las y los trabajadores ejerzan el derecho democrático a la educación.

La eliminación del contenido crítico, científico y social de la educación superior

La eliminación del contenido crítico y científico de la educación y con ello, la eliminación de su espíritu humanista y social, se realiza por medio de la tecnocratización de los planes y programas de estudio. Estos procesos son la consecuencia de la frenética búsqueda de la acreditación de los programas educativos. Es debido a las acreditaciones que las instituciones de educación superior  se ven presionadas y chantajeadas económicamente para que cambien el perfil de egreso de sus estudiantes, impongan limites a la oferta de la matricula estudiantil o dirijan el programa de estudios  a las necesidades empresariales.

Por ejemplo, el Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE) recomendó a la facultad de economía Vasco de Quiroga en su dictamen de evaluación de junio del 2008, que la facultad debe de “crear una fuerte vinculación al sector productivo privado y al mercado” y concentrarse en la preparación de los estudiantes en la incubación de empresas. Otro ejemplo es que el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Ingeniería A.C (CACEI)  en la evaluación del año 2013 de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UMSNH recomienda “vincular a la facultad con la iniciativa privada”.

En el caso de la Facultad de Medicina, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM), recomendó en el año de 2009 restringir el acceso a los estudiantes, esto aunque en el estado y en el país hacen falta muchos médicos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en mexica existían para el 2012  un promedio de 2.1 médicos por cada mil habitantes, mientras que en los países desarrollados había 3.2. Sin embargo, debido a la acreditación y pese a que en el país hacen falta médicos, cada año son rechazados de esta facultad miles de jóvenes.

Inclusive la facultad de psicología de la universidad michoacana ha modificado el programa de estudios con el objetivo de establecer el modelo educativo basado en competencias laborales en función de lo recomendadoen el año del 2007 por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología (CNEIP).Si bien es cierto que en un afán de deslindarse de la connotación estrictamente laboral de este modelo la explicación del programa considera Competencias Conceptuales, Competencias Metodológicas, Competencias Técnicas, Competencias Contextuales y Competencias Integrativas; es importante señalar que la modificación del contenido curricular se concentró en eliminar las materias con contenido social y científico, dar mayor peso a la psicología laboral. Es necesario mencionar que no estamos en contra de la formación de las habilidades necesarias para el trabajo, lo que se critica es que se eliminen las características de una universidad con una gran historia democrática, humanista y científica a costa de una visión tecnocrática.

Se ha pregonado que más del 90 porciento de los planes y programas de estudios de la universidad están acreditados, lo que no se dice es que debido a las presiones de los organismos acreditadores se está eliminando el contenido científico, crítico y social de la universidad pública, contraviniendo los fundamentos de su existencia.

Conclusión

Hoy, el movimiento estudiantil no sólo debe de recordar a los mártires del 10 de junio de 1971, sino que debe de luchar conscientemente por la defensa de la educación democrática, pública, científica y popular, puesto que es esto el verdadero significado del movimiento estudiantil de 1971. Debemos recordar a las víctimas del Halcónazo, no sólo por ser mártires de la historia de México, sino sobre todo por ser hombres y mujeres conscientes del papel democratizador de la sociedad del estudiante universitario.

Es por ello que al igual que hace 47 años se requiere de la conciencia y solidaridad de todos los estudiantados, se requiere que las y los estudiantes asuman su posición de clase y defiendan el derecho a la educación para los hijos e hijas de las y los trabajadores.

¡Por le defensa de la educación publica!

¡Defendamos la gratuidad de la educación!

¡Pase directo de la preparatoria a la universidad, eliminación de los mecanismos de exclusión!

¡Mayor presupuesto a la educación publica!