Comité Estudiantil MIR

Han pasado 4 años desde que las autoridades nicolaitas, encabezadas en aquel momento por Salvador Jara Guerrero, intentaron imponer cuotas de inscripción a las y los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), violando así un derecho constitucional de la comunidad estudiantil nicolaita, dado que, desde el 2010, en el estado de Michoacán se realizaron reformas constitucionales que permiten y fomentan la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública estatal desde la educación básica hasta el nivel superior, esto como resultado de las largas jornadas históricas de lucha por parte del movimiento estudiantil en el estado. Así, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán señala que:

todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita”, similar a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo tercero señala que “toda persona tiene derecho a recibir educación […] Toda la educación que el Estado imparta será gratuita” desde preescolar hasta nivel Medio Superior.

Pero la gratuidad en la educación superior no sólo es un derecho constitucional, también es un derecho socialde las y los hijos del pueblo trabajador. De este modo, no hay que olvidar que son las y los trabajadores quienes con sus impuestos financian servicios sociales como el de la educación, dado que las universidades públicas, como la UMSNH, son sostenidas precisamente con el dinero que genera el trabajo conjunto de la sociedad, por lo que el pago de cuotas de inscripción significa un doble pago por este servicio.

Ahora bien, habrá que hacer un análisis más a profundidad respecto a la violación de este derecho, comenzando por situar el hecho dentro de un contexto histórico determinado. En este sentido, bajo el actual modelo económico neoliberalimpuesto en México desde finales del siglo XX, las políticas educativas se han caracterizado por fomentar, primeramente, el desfinanciamiento de la educación pública, donde el Estado evade su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, a la vez que promueve la inserción de la iniciativa privadaen este rubro, y con ello, la privatización y mercantilización de la educación, además del autofinanciamientode las dependencias educativas. Es así, como se explican tanto el cobro de cuotas y la baja tasa de cobertura educativa, sobre todo a nivel medio superior y superior, siendo esto, un fenómeno de exclusión educativa, junto a los exámenes de ingreso estandarizados, además de explicar el porqué de la reducción al presupuesto de la UMSNH y muchas otras universidades públicas. Se entiende pues, que la violación al derecho a la educación, en general, y al derecho a la gratuidad a nivel superior, en particular es resultado y consecuencia directa del modelo económico que impera y las políticas educativas que de él se desprenden.

Haciendo énfasis en el cobro de cuotas como mecanismo de exclusión educativa, se puede asegurar que la violación del derecho a la gratuidad impide el ingreso a las y los jóvenes al nivel medio superior y superior, dado que, considerando los bajos salarios mensualesque reciben las y los trabajadores en México, los cuales oscilan entre los 2 mil 300 y 5 mil pesos, con un salario mínimo de 88.36 pesos diarios, se entiende el por qué sólo 3 de cada 10 jóvenes logran  ingresar a la educación pública superior en México, al igual del por qué 35.2% de quienes logran ingresar a la universidad desertan de sus estudios a nivel superior,pues el paupérrimo salario de la clase trabajadora resulta muchas veces insuficiente para cubrir las altas cuotas de inscripción en la educación superior de sus hijos e hijas, apenas suficiente para cubrir necesidades básicas de alimentación ,vestimenta, etc.

Contra todo esto lucharon las Asambleas Estudiantiles en Defensa de la Gratuidadsurgidas hace 4 años, al enterarse de la decisión anticonstitucional, antidemocrática y retrógrada que significaba la imposición de cuotas de inscripción en la UMSNH. Así, surgió un movimiento estudiantil nicolaita con una estructurademocrática y horizontal, donde todas y todos los estudiantes que formaban parte de alguna las 21 asambleas, participaban en la toma de decisiones, lo cual no ocurre en ninguna de las estructuras de gobierno en la universidad. Comenzando en la Facultad de Psicología y llegando incluso a las dependencias en Uruapan y otros sitios del estado, se llevaron a cabo diferentes actividades, desde caminatas al interior de Ciudad Universitaria (C.U.), marchas multitudinarias, toma de instalaciones y otras actividades político-culturales, logrando movilizar a más de 12 mil estudiantes.

Bajo la consigna de “no falta dinero, sobra corrupción”, el movimiento por la Gratuidad en la UMSNH logró frenar el cobro de cuotas en la universidad, llegando incluso a ganar batallas en los tribunales de justicia, pues se promovieron amparos jurídicos, que terminaron en un fallo a favor de la Gratuidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de evidenciar que es la falta detransparencia financiera en la universidad, la antidemocracia, las malas administraciones y el modelo educativo que se intenta imponer, lo que tiene en crisisa la universidad, y no la gratuidad o el régimen de jubilaciones y pensiones, como se intenta hacer creer a la comunidad universitaria. Demostró además, cómo la comunidad estudiantil, unida y organizada, fortalecida con las demandas de las y los profesores y empleados, puede hacer frente a las diversas problemáticas a las que se enfrenta la universidad.

Hoy, las y los aspirantes siguen pagando de mil 450(para aspirantes provenientes de la UMSNH) a mil 760 pesos(para aspirantes de otra dependencia), a lo que se agregan otras cuotas que se derivan de cursos de inducción, exámenes médicos, entre otros cobros, con lo que la suma asciende hasta los 4 mil 670pesos, según la carrera a la que se aspire, teniendo todavía que aprobar un examen estandarizado que no garantiza el acceso a la universidad. Respecto a las cuotas de inscripción semestrales, las autoridades nicolaitas siguen violando el derecho social y constitucional al gratuidad en la UMSNH, imponiendo cobros en base a diversas artimañas, como son los conceptos de “solidaridad”, “condonaciones” y  “aportaciones voluntarias”, por lo que las y los estudiantes llegan a pagar hasta 4 mil pesos semestrales, además de hacer demasiado burocratizado el acceso a la gratuidad y de amedrentar, hostigar y  perseguir políticamente a aquellos y aquellas quienes siguen luchando por este derecho. El mismo rector Medardo Serna González se ha atrevido a declarar que “en lo de la gratuidad, qué bueno que algunos estudiantes de manera solidaria se estén manifestando en ese sentido, yo le recuerdo a todos los estudiantes que hay aportaciones voluntarias, y esas aportaciones voluntarias es momento de que se incrementen”.

Es momento pues, de cerrar filas y luchar contra la imposición de un modelo educativo que ha demostrado en reiteradas ocasiones su ineficacia; se debe exigir terminar con el cobro de cuotas en la UMSNH; pero además, se deben defender derechos como el de la Gratuidad, los cuales intentan ser despojados a la comunidad estudiantil y a las y los hijos del pueblo trabajador; se deben conformar Asambleas Estudiantiles que permitan hacer frente a los retos que se aproximan para las y los nicolaitas; se debe practicar la solidaridad entre la comunidad universitaria, en un momento coyuntural en el que se violentan no sólo los derechos de las y los estudiantes, también los de las y los profesores y empleados, cuyos defensores son constantemente blanco de ataque por parte de las autoridades universitarias, al ser los sectores más movilizados de la universidad; se debe demostrar la falta de transparencia financiera y la antidemocracia que prevalecen en la UMSNH, buscando un verdadero proceso de democratización que comience con la participación de toda la comunidad nicolaita en la toma de decisiones, como lo es la elección del rector, a 10 meses de un nuevo proceso de elección; se debe construir un movimiento no sólo estudiantil, sino universitario, que permita la incorporación de las diversas demandas de la comunidad universitaria en una Ley Orgánica, cuya reforma debe ser impulsada desde y para la comunidad, y no impuesta desde afuera, que responda a los intereses de todas y todos los nicolaitas, no sólo de una minoría.

¡POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA, INCLUYENTE Y POPULAR!