Comité de Base Estudiantil MIR

El año pasado, salió a la luz uno de los más grandes fraudes registrados en México, que no sólo involucraba a dependencias de gobierno y funcionarios, sino también a instituciones educativas públicas. El gobierno federal, por medio de 11 dependencias, desvió miles de millones de pesos, en este caso con la complicidad de universidades públicas del país. Si se revisan las cuentas del 2013 y 2014[1]se detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, de ese dinero no se sabe el destino de 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debieron recibir recursos públicos, ya que no cuentan con una infraestructura ni personalidad jurídica para ofrecer los servicios para los que se les contrató, o porque no existen. Para que el gobierno te dé un contrato legal se necesita licitar, es decir, invitar a 3 empresas competentes para participar; que estas empresas cuenten con un estudio de mercado y verificar que estas no sean fantasmas. Pero en este caso, no se tomó en cuenta estos requisitos, de las 186 empresas sólo 9 ganaron licitación, mientras que 148 recibieron contratos directos y 29 recibieron dinero sin contrato.

Pero, ¿en qué consiste la estafa maestra?

En este caso, el gobierno no entrega los contractos directamente a las empresas, primero se las entrega a universidades públicas y estas posteriormente se las entregan a las empresas, por hacer este tipo de “favor” las universidades cobraron mil millones de pesos de comisión, aunque no hayan otorgado ningún tipo de servicio. Entre las Universidades involucradas están la Universidad Autónoma de del Estado de México y su fondo de fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, politécnica del golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado, aunque aquí no se mencione de manera directa a la UMSNH, también a esta institución se la han hecho diversas observaciones de la Auditoria Superior de la Federación por la comprobación de desvío de dinero por subcontratación de empresas. Además de la participación de las instituciones educativas, están involucradas la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como titular Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con el actual jefe de gobierno de la CDMX, Alfredo del Mazo, Petróleos Mexicanos (PEMEX) a cargo de Emilio Lozoya entre otros. La Auditoria Superior de la Federación ya detectó este primer paso en el que se involucran las universidades e incluso ha sido calificado como fraude millonario.

Después de una investigación realizada por el medio “Animal político” y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, luego de acudir a 6 estados y seguir el rastro del dinero y las Universidades, su investigación concluyó y evidenció que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios no sabían de la existencia de tales empresas, mucho de ellos viven en barrios populares, sólo tomaron su nombre para hacerlos socios. Mil millones de pesos más fueron a la comisión de Universidades y el resto sirvió para supuestamente contratar servicios. En varios casos no existe evidencia de que hayan existido.

El esquema realizado con la estafa maestra tiene como objetivo eludir la ley de adquisiciones, que obliga a hacer licitaciones y poner a la empresas a competir, aquí las dependencias firmaron convenios con las Universidades, si bien la ley permite hacer esto, sólo en caso de que las Universidades realicen al menos el 51% del servicio contratado. Pero como sabemos, este no fue el caso, las Universidades subcontrataron a terceros todos los servicios en los convenios firmados y ninguna cumplió con el requisito del 51%. Este proceso viola la ley, pero además, 128 empresas presentan lagunas legales que no les permitirían haber obtenido contratos públicos, pero lo más grave aún, la mayoría ni quisiera hizo el servicio.

En cuanto a la selección de las empresas, personal de las Universidades argumentaron que los funcionarios fueron quienes “sugirieron” por decirlo de alguna forma, por otro lado, algunos funcionarios dicen que fueron la Universidades quien lo hizo, al final se evidencia la complicidad de ambos órganos, al favorecer a tales empresas y el recibir dinero a cambio de tales favores. Agregado a eso la “comisión” que cobraron las universidades implicó un precio mucho mayor de los servicios contratados, ya que recibieron dinero sin hacer nada, más que la triangulación de recursos.

¿Qué papel juega en todo esto la UMSNH?

La Auditoria Superior de la federación (ASF) le observó a la Universidad Michoacana 10 millones de pesos de manejo irregular en el convenio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como ya sabemos, se repite el esquema de la estafa maestra con la triangulación de recursos entre dependencias federales, universidades y empresas. Aunque las autoridades universitarias dicen que están realizando una investigación para responder a las observaciones de la ASF, aun no concluyen nada, el rector Medardo Serna es el representante legal y tiene como facultad la firma de convenios, cada uno de estos proyectos tienen un responsable técnico y administrativo que, en este caso, también estarían implicados.

Como antecedente y con un esquema un tanto parecido a este, en el rectorado de Salvador Jara Guerrero, exgobernador interino de Michoacán y quien hace poco fuera el subsecretario de educación a nivel federal, dejó un déficit por más de mil 116 millones de pesos, debido a los malos manejos administrativos en su tiempo al frente de la casa de Hidalgo, dentro de su administración se aprobó la operación de empresas de subcontratación, propiedad de un funcionario cercano a Jara, además del pago de plazas no reconocidas. Miguel López Miranda, en ese entonces director de la Facultad de Contaduría, reveló que Jara Guerrero validó el desvío de recursos a través de su empresa de outsourcing Servicios Educacionales López.

De nuevo se comprueba la falta de transparencia por parte de las autoridades universitarias nicolaitas y todo el desvío de recursos que esconde. Aunque la Universidad cuente con un organismo de transparencia, éste es inoperante a pesar de que la federación  a través de El Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a cualquier instancia pública a transparentar sus datos. La falta de transparencia esconde la desigualdad ya que una cúpula decide a espaldas de la comunidad la forma en que se ejercerán los recursos y el patrimonio, que es y debería ser colectivo. Por eso es indispensable que existan mecanismos que evidencien en qué se gastan los recursos, un verdadero ejercicio de transparencia, pero aunado a esto, es indispensable que se castigue a quienes hacen uso de sus puesto públicos para beneficiarse personalmente.

 

[1]La estafa maestra, graduados en desaparecer dinero: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/