Dirección Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

El pasado 15 de diciembre el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior (LSI), seis días después el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la promulgó en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior pese a la existencia de una creciente ola de protesta social y los llamados del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que no se aprobara.

La premura con que fue promulgada la LSI indica la urgencia del Estado por su aprobación, además si bien es cierto que la militarización que legaliza la LSI se ha aplicado en el país por más de diez años, también es cierto que su aprobación profundiza y legaliza la actuación impune de las fuerzas armadas.

¿Qué significa la aprobación de la LSI y cuáles son las implicaciones para el movimiento popular y revolucionario? En el siguiente documento se presenta un análisis de la LSI en dos apartados. El primero expone mediante citas directas del DOF, los artículos más violentos y agudos de la ley; y en un segundo momento, se presenta un análisis sobre el significado político de la militarización del país.

PARTE I. ¿EN QUÉ CONSISTE LA LSI?

La LSI ha sido justificada por el gobierno, por medio de utilizar mañosamente como sinónimos los conceptos de seguridad pública y seguridad interior, con el fin de engañar a la población e intentar mostrar que la militarización del país es necesaria para combatir el crimen. Es claro que este argumento no soporta ni la más mínima critica. Un estudio del mismo Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica, ha demostrado que la militarización del país desde 2006 no ha impactado en la reducción del crimen organizado, lo único que ha generado son más de 10 mil denuncias por violación a los derechos humanos, más 50 mil desaparecidos y más de 200 mil asesinatos extrajudiciales.

Además, es un hecho que la presencia de tropas militares y fuerzas irregulares en el territorio nacional incrementa la violencia contra las mujeres, ya que ha sido ampliamente documentado que cuando irrumpe el ejército y la marina en las poblaciones se elevan los abusos contra niñas, adolescentes y mujeres. Amnistía Internacional (AI) ha señalado que para 2016, de todas las mujeres detenidas por el ejército y la marina, 8 de cada 10 sufrieron algún tipo de violencia, y del total de las mujeres que se encontraban embarazadas en el momento de la violación el 80 por ciento reportó haber sufrido un aborto como consecuencia, la misma cantidad fue objeto de insultos misóginos, el 91 por ciento fue amenazada ella y su familia, entre otros abusos. Sin embargo, el Estado protege y recompensa a los militares al no castigarlos por estos hechos, dándoles la seguridad de poder seguir manteniendo este tipo de prácticas represivas, ya que el fuero militar y los esquemas de juicio por corte militar imposibilitan penalizar a los culpables.

En otras palabras, la LSI legaliza violaciones sistemáticas a las libertades a los derechos humanos, democráticos y políticos. Además de profundizar y consolidar un gobierno represor, militarista y terrorista, existen artículos que por su virulento contenido, sintetizan el espíritu de la ley, como el 6, 11, 20, 21, 22, 30 y 31, ya que en estos apartados la LSI permite: a) lapersecución y represión del movimiento social; b) suprime el papel del poder legislativo y con ello elimina las garantías individuales; c) permite instaurar de facto gobiernos militares en estados, zonas  y regiones del país; d) legaliza y facilita el espionaje a activistas, periodistas y luchadores sociales.

La persecución y represión del movimiento social

La libre actuación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México (Marina), en supuestas tareas de seguridad pública inició en el año de 2006 con la “Guerra Contra el Narco” impuesta por el expresidente Felipe Calderón. Esta medida, militarizó el país, con lo cual no sólo se violentaba el artículo 129 de la constitución que indica que “en tiempo de paz las fuerzas armadas deberán estar en los cuarteles”, sino que también se permitió a los militares actuar contra el movimiento social. Son emblemáticas la represión contra la APPO en 2006, la represión contra el Magisterio Democrático de Morelos en 2008 y el cierre de Luz y Fuerza del Centro en 2009, entre otros. Sin embargo, para el gobierno, siempre existió el inconveniente de que la actuación de las fuerzas armadas violaba flagrantemente la constitución.

Para eliminar esta restricción, la LSI, en su Artículo 6, permite la libre actuación de las fuerzas armadas sin necesidad de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando, según la ley, los “riesgos” del que se trate se encuentren contemplados en laAgenda Nacional de Riesgos (ANR). En este sentido la ley apunta:

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Es importante señalar quela ANR[1], base para aprobación de laLSI, apuntaba que en los años de 2013, 2014 y 2015, existían trece temas que representaban y representan, diferentes grados de riesgos para la “seguridad interior” y la “gobernanza”, entre ellos se encuentran: 1. El terrorismo y ciberterroristas; 2. Migración sin control; 3. el EPR, ERPI y la penetración en movimientos sociales (subversión); 4. El anarquismo “salvaje”; 5. El sistema de salud pública; 6. El desastre ambiental; 7. La ingobernabilidad por movilizaciones sociales, conflictos focalizados, etc.

En este sentido la ANR contiene un capítulo sobre “Ingobernabilidad por movimientos sociales”, en el cual se enumeran los movimientos que representa “un riesgo nacional” y por tanto un peligro para la seguridad interior. Aquí aparecen: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), grupos anarquistas, así como los opositores a la minería o a los proyectos de infraestructura y por último, las normales rurales.

Es importante señalar que la ANR es un documento confidencial, que no puede ser consultado por el público, además, el Presidente en un pequeño comité puede modificar y autorizar dicho documento.

De esta forma, la LSI ratifica la libre actuación de las fuerzas armadas contra el movimiento popular y con ello, agudiza las amenazas represivas y violación de derechos humanos contra activistas y luchadores sociales. En los hechos, la LSI intenta suprimir el derecho a la libre manifestación social, el derecho a la expresión de las ideas y organización popular, es decir, elimina los derechos democráticos del pueblo de exigir derechos que le pertenecen.  

Suprime el papel del poder legislativo para declarar estado de excepción

Es bien sabido que el procedimiento “legal” para suprimir las garantías individuales en el país, se decreta por medio de la declaración del “estado de excepción” que se encuentra contemplada en el Artículo 29 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que dicho acto deberá ser aprobado obligatoriamente por el Congreso de la Unión. Sin embargo, con la LSI el presidente de la república de forma unilateral y sin otra consideración, puede decretar la actuación de las Fuerzas Armadas en entidades, territorios, zonas o regiones del país para que asuman “tareas de seguridad interior”. En este sentido, el Artículo 11 de la LSI establece:

Artículo 11… El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas…

Estas atribuciones no sólo borran de facto el papel que el Congreso de la Unión tiene sobre el control de las fuerzas armadas, sino también eliminan la soberanía de los congresos locales y con ello permiten, como lo veremos adelante, la instauración de facto de gobierno militares.

Instauración de gobiernos militares en estados, zonas y regiones del país

La LSI no sólo permite la actuación de las Fuerzas Armadas por decisión unilateral del presidente o de los gobernadores o congresos locales, también implica la supeditación de las autoridades civiles a los mandos militares en los distintos estados de la república, con lo cual se instauran de forma antidemocrática y dictatorial mandos militares en zonas, regiones o entidades federativas de manera indefinida. Lo anterior se encuentra establecido en los Artículos 20, 22 y 23 que a la letra señalan:

 

Artículo 20. Fracción I.El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21;

Artículo 20. Fracción II.El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes.

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación.

Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:

  1. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas…

La supeditación de los poderes civiles a los mandos militares y por tanto la violación del orden constitucional tan pregonado por los demócratas burgueses, en los hechos, se elimina por medio de la obligación de las autoridades civiles de estar bajo la coordinación de la autoridad designada, el cual pude ser un comandante militar, según lo contemplado en el Artículo 20. Fracción I. De esta forma, la LSI potencialmente puede instaurar gobiernos militares en las 32 entidades de la república, dejando sólo como formalidad pero sin poder alguno, la existencia de los “tres órdenes de poderes”.

Legaliza, permite y facilita el espionaje

La LSI legaliza y facilita el espionaje a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y luchadores sociales o cualquier persona que aparezca como distiéndete político o que sea miembro de las organizaciones sociales contempladas en la ANR, ya que ahora las Fuerzas Armadas pueden espiar tanto las actividades políticas, como la vida personal de la población: desde el número de seguro social, dirección personal, hasta el ingreso salarial, numero cuentas, etc. Lo anterior se encuentra contemplado en los artículos:

Artículo 23, fracción II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria.

Artículo 30….Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

El espionaje de las fuerzas armadas, no solo permite acciones represivas contra la población, también facilita las prácticas de extorsión y secuestro, desapariciones forzadas o los terribles abusos que día a día cometen los militares.

PARTE II. EL SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA LSI

Como lo señalamos, en general, la LSI no es el inicio de un gobierno militarista, sino el punto de llegada de una política adoptada en 2006 por el Estado mexicano, lo cual representa la culminación y consolidación de un Estado terrorista, claramente represor y autoritario. Pero en particular, existen por lo menos tres implicaciones que se deben analizar de manera más profunda: a) la profundización de la represión contra el movimiento popular; b) la formalización y legalización del poder político y económico de las Fuerzas Armadas; c) la ampliación de la política militarista promovida por los Estados Unidos en México.

Legalización de la represión y el Terrorismo de Estado

Es verdad que la esencia misma del Estado es ser una institución coercitiva, un aparato burocrático militar de represión de la clase trabajadora por la clase dominante. Al ser el Estado el representante histórico del poder político de la clase dominante, es su carácter coercitivo su razón de ser. Pero, también es cierto que el Estado es una institución que domina mediante la construcción del consenso, el control ideológico y cultural del pueblo. En este sentido, comprendiendo que mientras haya clases sociales y exista una dominante, la voluntad del Estado será de manera esencial y tendencial, la voluntad y el accionar organizado de la clase dominante.

Sin embargo, la combinación de distinta formas, grados y niveles de coerción y consenso que utiliza el Estado, es lo que le dan forma y distinguen a las distintos Estados burgueses: desde repúblicas democráticas, hasta dictaduras militares y fascistas.  El Estado burgués aparece concretamente en un país o tiempo determinado en función de la correlación de las fuerzas de las clases en lucha. En otras palabras, el Estado puede ser más o menos beligerante, más o menos represor, más o menos terrorista, más o menos violento, según el grado y poder de la clase trabajadora para imponer sus intereses y el grado y poder de la clase dominante para imponer los suyos.

En el caso que nos ocupa, la LSI representa una profundización del carácter coercitivo y reaccionario del Estado, y con ello una profundización del poder despótico de la clase dominante. Ya que la negación de los derechos democráticosdel pueblo trabajador, representa un avance de los intereses de los grupos que conforman la clase y élite que gobierna el país.

La legalización de la militarización por medio de la LSI, se volvió fundamental para el Estado, ya que ante la quiebra del consenso de la institucionalidad burguesa, un segmento de la burguesía, apuesta por mantener la dominación por medio de métodos más represores. Se torna claro que uno de los principales motivos de la aprobación y promulgación de la LSI es atender las preocupaciones señaladas por la ANR sobre el rubro de Ingobernabilidad por movimientos sociales y la violencia provocada por la subversión. En otras palabras lo que busca entonces la LSI es la “gobernabilidad” a toda costa, es decir, la completa sumisión política de la clase trabajadora, pese a la miseria e injusticias que padecen día a día.

La gobernabilidadpara el Estado implica el pleno respeto de las institucioneso el fortalecimiento del Estado de Derecho, sin importar la esencia injusta y despótica de dichas instituciones. No es casual que el 14 de diciembre, un día antes de la aprobación de la LSI,   el Fondo Monetario Internacional (FMI), por medio de Costas Christou, planteara al gobierno de México fortalecer el “Estado de derecho”, ya que la “falta de gobernanza”representaba uno de los principales obstáculos para el crecimiento del país. Descifrando las palabras del heraldo del FMI, entendemos que el creciente descontento social impacta negativamente en la generación de ganancias del empresariado y la patronal, por lo que se requiere mano dura contra la lucha de las y los trabajadores y pueblos de México.

En síntesis, es evidente que uno de los elementos principales por los que se aprobó la LSI, fue agudizar la represión contra las luchas populares. El establecimiento de una línea dura que pretende restablecer la “gobernabilidad” por medio de la violencia de Estado, la represión y utilización de las fuerza armadas, generando así las condiciones para apagar el descontento social ante el posible fraude en los comicios del 2018.

Formalizar el poder político del Ejército

Se encuentra ampliamente documentado que la militarización del país en 2006, estuvo motivada por la disputa y control del mercado del narcotráfico, armas y personas, particularmente entre los empresarios asociados al cartel de Sinaloa que pelearon por las plazas del Cartel del Golfo. También, está registrado que si bien el ejército antes de la “Guerra Contra el Narco”, ya jugaba un rol relevante en el tráfico de droga, fue a partir de 2006 que su peso y papel se volvieron mucho más relevantes en lo referente al control de las rutas de trasiego usadas por los empresarios de la economía del crimen. Bajo este contexto, la LSI, al permitir la libre actuación de las Fuerzas Armadas o los gobiernos militares, oficializa el poder político y económico adquirido por los altos mandos del ejército y la marina en los últimos 12 años. No son casuales las recientes declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el General Salvador Cienfuegos, quien pese a que públicamente debería de mantener una relativa “neutralidad” política, tuvo un papel muy activo para la aprobación de la LSI.

La ley, no sólo garantiza la consolidación del poder económico y político obtenido por las fuerzas armadas y con ello su participación en el reparto del gran negocio del narcotráfico, que se estima ascendió en el 2016 a un monto de 25 mil millones de dólares, tambiénle permite a las fuerzas armadas negociar políticamente en condiciones más favorables con el próximo presidente de México.  De igual forma, el ascenso del poder político de las fuerzas amadas se muestra en el creciente y estratosférico presupuesto de la SEDENA y la SEMAR, ya que para el 2018 el monto de las dos dependencias incrementó en un 13 por ciento, con lo cual el gobierno destinará a las fuerzas armadas un monto de 10 mil millones de pesos.

Es tal el poder acumulado por las fuerzas castrenses que ningún precandidato a la presidencia de México, salvo María de Jesús Patricio, ha condenado la LSI, ha cuestionado abiertamente la actuación del ejército ni la LSI. Tanto Ricardo Anaya, como Antonio Meade apoyan el militarización del país, inclusive AMLO no sólo no ha cuestionado abiertamente la LSI, sino que su propuesta de gobierno, contemplado en su Programa de 50 Puntos, en el rubro de seguridad, se alinea con la Ley de Seguridad Interior, ya que propone una Guardia Nacional en la que cooperen las policiales locales y federales, el Ejército y la Marina bajo un Mando Único de carácter castrense. Con lo cual, los militares tendrían el control de la seguridad pública.

La guerra de despojo auspiciada por Estados Unidos

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico se profundizó una guerra de despojo contra el pueblo trabajador. Amparados en la creación de grupos paramilitares, policiacos o militares, empresas trasnacionales intensificaron el saqueo de tierras para la industria minera o energética, desplazaron a comunidades enteras, privatizaron enormes predios y a la vez, por medio de asesinato, desaparición forzada o amenazas a dirigentes de obreros, sindicales y comunales garantizaron las condiciones laborales miserables y evitaron la organización popular. De esta forma, el capitalismo creó enormes sumas de ganancias por medio del robo, el lavado de dinero, el despojo. El fortalecimiento de la economía criminal y las empresas transnacionales vinculadas a ellas, como los bancos o mineras, se sustentó en la eliminación de los derechos democráticos y sociales más fundamentales. De esta forma los crímenes de lesa humanidad, producto de militarismo, benefician a los grandes capitales transnacionales y a las lógicas del imperialismo norteamericano.

Es por ello, que pese a que territorios completos en el país son algo así como “zonas de guerra” o lugares sin las más mínima garantía del respeto a los derechos democráticos y humanos, el Estado sigue asegurando las ganancias a las grandes empresas nacionales y transnacionales, por medio de la protección de la propiedad privada de los medios de producción, garantizando la circulación y venta de las mercancías, también que los flujos de capital no se detengan, y sobre todo, asegurando por todos los medios la sumisión de los trabajadores.

De esta forma el militarismo afianza la reproducción y la ampliación de los intereses imperialistas en el país, tales como: a) la actuación de empresas transnacionales norteamericanas que niegan los derechos más fundamentales a los trabajadores; b) el crecimiento de la economía criminal, como el tráfico de armas, personas y droga, ya que son las empresas norteamericanas las grandes beneficiadas; c) fortalecer una política de contrainsurgencia y de control político de los movimientos populares; d) garantizar el saqueo y suministro de materias primas fundamentales para el desarrollo económico norteamericano; etc.

Es por ello que la aprobación de la LSI concreta las políticas impuestas por Washington a México, cuyos objetivos fueron trazados en la firma del TLCAN en 1993, o la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), promovida por Vicente Fox y G.W. Busch en 2005, y continuada por medio del Plan Mérida en el 2008. Es por ello, que en el diseño de la política económica y de seguridad nacional y la ANR del Estado Mexicano, se encuentran configuradas desde los intereses norteamericanos.

[1]Ver RevistaContralínea