Autor Eduardo Nava.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullo de la entidad y pilar fundamental para el desarrollo de Michoacán, llega a su Centenario en medio de una de las más graves crisis por las que ha atravesado. Se trata, nos han dicho en múltiples ocasiones, de una crisis “estructural” de sus finanzas, generada durante años y en la que se ha ido acrecentando, casi año tras año, el déficit presupuestal; aunque de ese hecho no se ha señalado nunca a ningún responsable entre quienes encabezaron la institución en ese periodo.

La crisis financiera es sólo una de las facetas de lo que en realidad es una crisis orgánica que abarca otros aspectos: político, de identidad y de su vinculación con la sociedad. Es una crisis que se ha gestado durante varias décadas y que ha eclosionado apenas en los últimos años para coincidir, significativamente, con su Centenario. Pero es el aspecto del que de manera más inmediata tenemos que ocuparnos para enfrentar los argumentos con que se ha querido encubrir lo que es realmente una auténtica ofensiva desde varios flancos contra la Universidad. Veamos.

La crisis financiera es sólo una de las facetas de lo que en realidad es una crisis orgánica que abarca otros aspectos: político, de identidad y de su vinculación con la sociedad.  

Para el año 2016, el Congreso de Michoacán asignó a la Universidad un presupuesto total de dos mil 946 millones 764 mil 32 pesos, pero para 2017 ha dispuesto sólo dos mil 555 millones 565 mil 427 pesos (que incluye las transferencias o gasto federal reasignado), esto es, una disminución de 391 millones 107 mil 605 pesos, que representan una variación de -13.27 por ciento. Esto es, lejos de acrecentar, como sería lógico, el presupuesto a la principal institución de educación superior en el estado, los diputados han decidido reducirlo, cuando los incrementos a la gasolina, la electricidad, el gas y el transporte público marcan la pauta de una nueva escalada inflacionaria en el país que afectará necesariamente los ingresos de los trabajadores y también la satisfacción de las necesidades de la propia institución.

En contraste, y sólo como una referencia, los mismos diputados han dispuesto incrementar el presupuesto del Poder Legislativo en 104 millones 390 mil pesos, que significan un trece por ciento más, para llegar a un total de 907 millones 390 mil pesos. Cada uno de los diputados le costará a los michoacanos en 2017 la cantidad de 22 millones 684 mil 750 pesos, y esos 40 legisladores le representan al erario el 35.5 por ciento de lo que los más de 55 mil integrantes de la comunidad universitaria, con sus 39 mil estudiantes.

Otro índice de comparación. El gasto de la Universidad Michoacana ascenderá para 2017 a aproximadamente 46 mil 500 pesos por estudiante, en tanto que la UNAM tuvo un gasto por alumno de aproximadamente 61 mil 673 pesos, en promedio, y de 69 mil 310 pesos en el nivel de licenciatura en 2016. El presupuesto por alumno de la Michoacana está también por debajo del índice nacional para las instituciones de educación superior, que supera los 55 mil pesos.

Todo ello, no obstante la tesis de los diputados encabezados en este caso por la presidenta de la Comisión de Educación, Xóchitl Ruiz González, que coincide con la que de años atrás se ha inducido mediáticamente en la opinión pública, consiste en que la responsabilidad del déficit en la institución recae en las prestaciones de los trabajadores administrativos y académicos y en el sostenimiento de las casas estudiantiles. La verdad es que la Universidad Michoacana hace mucho con pocos recursos y que el esfuerzo de sus trabajadores académicos y administrativos la sostiene entre las mejores del país.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mejoró durante 2016 un puesto entre las mejores instituciones de educación del país –incluyendo públicas y privadas–, pasando del lugar 17 al 16, con un índice de calidad de 33.05 (de un máximo de 89.05, alcanzado por la UNAM y de 66.64 por el Instituto Tecnológico de Monterrey, que ocupa el segundo lugar), según el ranking elaborado por América Economía Intelligence. La Michoacana se ubica muy cerca de instituciones mucho más favorecidas presupuestalmente, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la de Guanajuato (El Economista, 30 de octubre de 2016).

La verdad es, también, que no sólo algunas prestaciones contractuales y los albergues estudiantiles no se encuentran reconocidos en los convenios de sostenimiento firmados anualmente entre la Universidad y los gobiernos federal y estatal, sino que tampoco lo es el Bachillerato Nicolaita en su conjunto, que abarca siete escuelas preparatorias. Para el gobierno federal, particularmente, nuestra institución no debería ofrecer a los michoacanos educación en ese nivel y, acaso, concentrarse sólo en los niveles de licenciatura y posgrado. Se trata de un proyecto, desde luego, de elitización educativa que ya está en marcha, como se vio durante el pasado conflicto por el nuevo ingreso en la institución. También ha impactado, desde el cierre de 2016, en el pago de aguinaldo y otras prestaciones de los trabajadores, que se hizo con sumo retraso, y en el de la segunda quincena de diciembre, que al parecer será cubierta con casi un mes de rezago, violentando tanto la Ley Federal del Trabajo como los contratos colectivos. Pero nada de eso ha importado a los diputados, que están dispuestos a repetir la dosis para 2017 aún al costo de elevar la conflictividad en la institución universitaria a la que parecieran querer destruir.

Resignado ante el recorte, el dócil rector Medardo Serna González ha anunciado que la institución a su cargo pospondrá o diferirá la ejecución de diversos programas y proyectos ya planificados en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia, y la instalación de módulos de educación a distancia en nueve municipios del estado con los que ya se habían establecido convenios de colaboración. Es seguro que no serán las únicas áreas en las que se resentirá la astringencia presupuestal.

El Congreso de Michoacán y el gobernador Aureoles, tanto como el gobierno federal, son, entonces, responsables de frenar el desarrollo de la principal institución de educación superior en el estado y de obstaculizar la educación misma. Pero en vez de proceder contra ellos a través de los recursos a su alcance, la Rectoría accede a replegar las funciones sustantivas universitarias. Aceptó, también desde más de un año atrás, que en el decreto de presupuesto para 2016 se incluyera un artículo, el X Transitorio, que virtualmente condiciona la asignación de recursos por el Congreso estatal al cumplimiento de una serie de exigencias que en gran medida vulneran, incluso anulan, la autonomía universitaria. Entre ellas, la más grave, la de “presentar una propuesta viable de reforma al régimen de jubilaciones y pensiones mediante la reforma a al artículo 29 de la Ley Orgánica de la UMSNH, lo que será comunicado a este Congreso del Estado a más tardar el 31 de marzo de 2016”.

En particular, este último compromiso no pudo ser cumplido por la resistencia de los trabajadores y sus organizaciones sindicales a cualquier modificación unilateral de sus derechos. Los diputados han procedido, entonces, a castigar a la institución en su conjunto –afectando a los alumnos en la oferta y la calidad educativas– con la mencionada reducción presupuestal por 391 millones de pesos. Y paradójicamente, aunque el punto H.2 del eufemísticamente llamado “Proceso de Actualización Universitaria”, en realidad el plan de intervención gubernamental en la institución, establece: “Incrementar la matrícula y cobertura de educación superior y media superior”, el prolongado conflicto vivido en el segundo semestre de 2016 se debió, justamente, a la disminución de la matrícula en buena parte de las carreras ofrecidas por la institución.

La Universidad Michoacana está sometida desde hace varios años a los sistemas de auditoría, fiscalización y rendición de cuentas que son procedentes tanto por parte de las instancias locales como federales. Se ha constatado así la existencia de déficits acumulados, pero nunca se han señalado responsabilidades a quienes estuvieron al mando de la institución cuando esos boquetes presupuestales se generaron o se acrecentaron. Y en cambio se pretende cargar sobre los trabajadores académicos y administrativos el pagar con el castigo a sus sueldos y prestaciones, lo que en realidad es una política de las instancias federales y estatales de desatender sus compromisos con la educación, en este caso la superior, para con los michoacanos. Nadie se opondrá a una adecuada fiscalización y a un ejercicio transparente de los recursos por parte de la institución universitaria; pero ello debe ir conjuntamente con el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos con la misma, entre ellas la que marca el artículo 29 de la Ley Orgánica, del que ahora el Ejecutivo y el Legislativo se han desentendido: garantizar recursos suficientes para el pago de las jubilaciones de esos trabajadores. ¿Qué otra cosa si no una obligación para el Estado pueden ser lo que para sus trabajadores son derechos?

Enderezar las cosas dentro de la Universidad Michoacana, bien, y establecer las responsabilidades que a cada quien corresponden; pero del mismo modo, demostrar por los gobiernos y por las representaciones populares, esas sí costosísimas, el respaldo que el proceso educativo en todos sus niveles pero en esta situación particular, en el superior, amerita.