El día 08 de octubre organizaciones y referentes en defensa de la salud y la seguridad social de todo el país nos reunimos en asamblea en la ciudad de Morelia, Michoacán, para seguir avanzando en la construcción de una coordinadora nacional y en la definición de planteamientos para convocar a que la sociedad defienda su derecho a la seguridad social. A esa sociedad, harta de atropellos en contra de sus derechos fundamentales, pero también deseosa de contribuir con su voluntad a construir un país con paz, justicia, democracia y libertad, va este manifiesto.

En el contexto de lucha por la salud y la seguridad social hemos de mencionar nuestra admiración y mandar un saludo combativo a los compañeros de la Secretaría de Salud de Palenque, Chiapas, Consejo de la Subsección 09, que hasta el momento de la Tercera Asamblea Nacional llevaban 139 días en asamblea permanente protestando por el desabasto de medicamentos y el desmantelamiento de su centro de trabajo. Tampoco olvidamos a los compañeros del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, al cual, el Seguro Popular adeuda una cuantiosa cantidad que repercute e incrementa la crisis en la atención adecuada para los pacientes del hospital.

Al pueblo de México
A los pueblos de Latinoamérica y del mundo

Derechohabientes y trabajadores de las instituciones públicas de salud, IMSS, ISSSTE, SSA, vivimos día a día las consecuencias de un sistema de seguridad social saqueado y en crisis: falta de medicamentos, desabasto de materiales e insumos tan básicos como jeringas y gasas, rezago en las consultas y cirugías hasta por meses, sobreexplotación y falta de pagos a trabajadores de la salud, subcontratación e insuficiencia de personal médico y de enfermería, jornadas extenuantes de trabajo para el personal médico en formación, deslinde de las instituciones sobre la responsabilidad de la calidad de los servicios a costa de criminalizar el actuar médico, despojo de fondos de pensión y jubilaciones, represión de los líderes sindicales charros contra las y los trabajadores que denuncian la difícil situación de los servicios de salud.

En medio de ese caos, también existe una gran confusión sobre cómo y porqué las instituciones de salud llegaron a esta situación de descomposición. Alimentada por las campañas de difamación en los medios de comunicación, existe la idea que la deficiente atención es únicamente culpa de las y los trabajadores de la salud. Se hace invisible una gran verdad: desde hace más de veinte años, líderes sindicales charros, directivos y autoridades en salud han sido cómplices de un lento proceso de desmantelamiento y desabasto de las instituciones de salud para transferir los recursos públicos a empresas privadas, dando lugar a la privatización de los servicios públicos de salud.

Directivos y dirigentes sindicales nacionales del IMSS, SSA e ISSSTE insisten en que no existe tal proceso de privatización. Pero los trabajadores de la salud y derechohabientes en resistencia hemos demostrado que las autoridades en salud han avalado una serie de recortes presupuestales al sector, han promocionado la subrogación de varios servicios en detrimento del fortalecimiento de las instituciones públicas, recurren a la subcontratación de personal bajo condiciones precarias, están abriendo las puertas del sector a las compañías aseguradoras privadas, así como también están concesionando a privados la construcción y administración de hospitales bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas.

Estando conscientes de ese panorama, el presidente Peña Nieto, la ex titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, y el actual secretario, José Narro Robles, han impulsado la llamada Reforma en Salud. La cual plantea como objetivo central imponer un sistema universal de salud, legalizando constitucionalmente las acciones anteriormente mencionadas. El 2 de octubre de 2014, la bancada del PAN presentó ante el Senado una iniciativa de reforma en salud idéntica a la promovida por los referidos funcionarios, que a su vez, es calco y copia del proyecto denominado “Universalidad de los servicios de salud”, elaborado por la asociación empresarial Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).

FUNSALUD está integrada por las más poderosas empresas del ramo de la industria farmacéutica, hospitalaria y aseguradoras privadas. Actualmente está presidida por el empresario Pablo Escandón Cusi, quien monopoliza la venta de medicamentos en México mediante sus empresas NADRO y MAZRAM. Los socios de FUNSALUD están siendo beneficiados con las millonarias transferencias de recursos públicos hacia la subrogación de servicios (laboratorios, diálisis, hemodiálisis, ambulancias, principalmente), y próximamente con la concesión del manejo de hospitales. De instituirse un sistema universal tal cual está expuesto en su proyecto de reforma, que sólo garantiza a la población cobertura médica para enfermedades de primer nivel, otro de los grandes beneficiarios serán las aseguradoras privadas, quienes ansían ya el millonario negocio de vender seguros para la atención médica de segundo y tercer nivel.

Por eso pensamos que existe un premeditado proceso de desmantelamiento y desabasto de la seguridad social, para justificar la intervención de empresas capitalistas en el sistema público de salud. La privatización es un hecho, lleva décadas implementándose con discreción. Hay responsables muy específicos; se trata de un pacto político-empresarial, y sólo son ellos quienes se benefician. Sostenemos que la privatización no es vender a privados la infraestructura hospitalaria y centros médicos. La privatización en el sector salud es transferir recursos públicos a privados en detrimento del financiamiento de las instituciones; convirtiendo así la atención médica y la seguridad social en mercancías, con las cuales los empresarios sólo buscan acumular ganancias. De esa manera, gana el empresario privado, pierde el paciente y la seguridad social es individualizada para dejar de ser un derecho colectivo.

Es por todo lo anterior que hoy, 23 de octubre de 2016, colectivos, frentes, sindicatos independientes, asociaciones de médicos y enfermeras, trabajadores del sector salud a título individual, salimos a las calles en todo México. Salimos no sólo para conmemorar el día del médico, salimos para demostrarles a los políticos, líderes sindicales charros y a directivos, que ya no tenemos miedo de denunciar la crisis del sistema público de salud y los intereses empresariales que hay detrás de ella.

Las y los trabajadores de la salud, acompañados de derechohabientes, salimos a las calles para demostrar que aún estamos a tiempo de detener la brutal Reforma en Salud. Pero eso sólo será posible si en cada centro de trabajo y en cada colonia comenzamos a tomar consciencia de la magnitud del problema y nos organizamos. Consciencia del problema y organización en todos los estados de la república, son lo único que nos permitirá defendernos frente al pacto político-empresarial que nos está arrebatando el derecho a la salud y a una seguridad social integrales. Este 23 de octubre, en todo el país nos manifestamos por:

1. El rechazo al proyecto presidencial de Reforma en Salud
2. Detener el desmantelamiento de la Seguridad Social
3. La mejoría inmediata de las condiciones laborales para las y los trabajadores de la salud, con basificación efectiva de los trabajadores de contrato temporal
4. Rechazo al Decreto Presidencial del 28 de abril de 2016 que criminaliza las acciones de salud de las y los trabajadores del sector
5. Cese inmediato de la violencia con garantías para la seguridad de todas y todos los trabajadores de la salud, pasantes en servicio social, médicos internos de pregrado, y residentes de especialidad
6. Alto a la represión estatal y sindical contra las y los trabajadores de la salud en resistencia

¡LA SALUD ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO!
¡NO A LA REFORMA EN SALUD Y SU PROYECTO DE UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS!
¡POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD!
¡POR LA CONCIENTIZACIÓN Y LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA!
A T E N T A M E N T E
COORDINADORA NACIONAL EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL