La promulgación de las tres Leyes Secundarias de la Reforma Educativa por parte del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha uno de los mecanismos para la desarticulación de uno de los gremios más combativos y con más lucha histórica del país: El magisterio.

Siempre con el eslogan de la búsqueda de la mejora educativa y de una mayor “calidad” en la educación, sabemos que lejos de la búsqueda de mejorar el sistema educativo, lo que busca la reforma es la eliminación del derecho a la estabilidad laboral. Los mecanismos por los cuales se intenta negar  al trabajador de la educación la protección del artículo 123 constitucional, se encuentran contemplados en el artículo 53 de la Ley General del Servicios Profesional Docente, que señala
Artículo 53. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.

La facultad de gobierno de  dar por terminados los efectos del nombramiento cuando ellos lo decidan, implica en primera instancia, la flexibilicen de  las condiciones laborales de los docentes, es por esto que la reforma educativa elimina  el concepto de plaza base, tal como lo señala la Ley del servicio profesional docente en su artículo XVIII
LGSPD. Artículo 4, fracción XVIII. Al documento que expida la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado para formalizar la Relación jurídica con el Personal Docente y con el Personal con Funciones de Dirección o Supervisión. En razón de su temporalidad podrá ser: a) Provisional: Es el Nombramiento que cubre una vacante temporal menor a seis meses; b) Por Tiempo Fijo: Es el Nombramiento que se otorga por un plazo previamente definido, y c) Definitivo: Es el Nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de esta Ley y de la legislación laboral;
Para los corruptos que gobiernan el país la calidad educativa significa la flexibilización de los derechos de los profesores, que ayudados con las nuevas leyes del servicio Profesional Docente que otorga nuevas atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se permitirá el despojo al derecho de permanencia en el empleo, la eliminación del derecho a la generación de antigüedad, pensión y jubilación de un poco más de 1 millón 300 mil profesores de educación básica y media superior por medio de contratos temporales y de prueba.
De esta forma, es la violencia contra los derechos del pueblo y de los trabajadores de la educación  lo que justifica y explica el boicot contra la evaluación. Prueba de ello es que esta inconformidad se ha expresado de manera generaliza, no solo con las permanentes movilizaciones  del magisterio democrático, sino también con los recursos de amparo interpuestos por los trabajadores de la educación en las entidades del país como Baja California Sur, Morelos, Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas
A pesar del panorama tan adverso, la única arma puntual con la que se cuenta es con la unidad en la acción, es decir, la negación masiva y rotunda de evaluación. La lucha del magisterio sin duda tendrá que ser en terreno legal, pero la condición del triunfo se encuentra en las calles, en la movilización masiva del magisterio, en la capacidad de tejer alianzas con otros sectores populares que apoyen nuestra lucha por la educación pública. Pero para que esto suceda, debemos de ganar la batalla  ideológica, 
Señala el gran prócer de la independencia cubana, José Martí, en su gran ensayo Nuestra América que Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Hoy en la lucha contra la evaluación  la batalla de ideas cobra un papel estratégico.