Las reformas estructurales corresponden a una estrategia global diseñada por organismos internacionales para preservar el dominio del capitalismo en el mundo. Las reformas estructurales no son una ocurrencia de Enrique Peña Nieto, el PRI, PAN, PANAL, VERDE, PRD o el Pacto por México. A ellos toca ajustarlas a la realidad mexicana.

 

En el Informe anual 2012 del Banco Internacional de Pago (BIS) reconoce que la economía mundial, mantiene un crecimiento mediocre, manifiestan sus temores de una “nueva” crisis, y urge a los países a llevar a cabo reformas estructurales, que aumenten las tasas de ganancia de los empresarios, principalmente eliminando “barreras en los mercados de trabajo y de productos”.

 

En el ámbito del mercado de productos (mercancías, insumos, materias primas, etc…) sugieren eliminar: “controles de precios, exenciones de las normativas de defensa de la competencia en el caso de empresas públicas, barreras de entrada en servicios como el comercio minorista y los servicios profesionales, o restricciones a las adquisiciones por entidades extranjeras”[1].

 

En el ámbito del mercado laboral se sugiere eliminar las leyes de protección al empleo, ya que para los organismos internacionales empresariales, “una mayor protección del empleo reduce el crecimiento de la productividad al frenar a las empresas que operan en un entorno de cambio tecnológico”1. Y afirman que las reformas laborales podrían generar beneficios aún mayores que los derivados de las otras reformas estructurales. Es por eso la insistencia en anular completamente los derechos de las y los trabajadores.

En síntesis el Informe anual 2012 del Banco Internacional de Pago (BIS) recomienda que para incrementar la productividad de la economía, mediante las siguientes medidas:

1. Despedir personal.

2. Reducir el costo unitario de la mano de obra, es decir reducción de salarios y prestaciones.

3. Eliminar las leyes laborales que protejan a empleados con contratos indefinidas, o eviten despidos individuales o masivas. Es decir, Promover el uso de contratos temporales y facilitar los despidos de empleados.

4. Privatizar las empresas públicas, permitir la inversión privada en los sectores limitados al estado y facilitar la inversión extranjera.

Las reformas estructurales (laboral, educativa, financiera, energética y hacendaria) promovidas por Enrique Peña Nieto y el pacto por México, aprobadas recientemente por senadores y diputados del PRI, PAN, PANAL, VERDE y el PRD, están apegadas a las recomendaciones del Banco Internacional de Pagos.

 

El objetivo central de las reformas es asegurar el predominio del capitalismo en México, es decir, salvaguardar los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, asegurando la obtención de ganancias, a costa de los derechos del pueblo trabajador.

 

Las trasnacionales están preocupadas por la subsistencia del capitalismo. El informe anual del Banco Internacional de Pagos, correspondiente al periodo del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2015, no deja lugar a dudas:

 

“El riesgo de no actuar no debe subestimarse. La economía global podría encontrarse en una trayectoria no sustentable. Y en algún punto, el actual orden global comercial y financiero puede estar seriamente amenazado”

 

A continuación comentaremos los puntos nocivos asociadas a las leyes secundarias de la reforma energética, posteriormente hablaremos de los impactos negativos para el pueblo trabajador y finalmente comentaremos algunas acciones necesarias para revertirlas.

 

La reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite la inversión privada nacional y extranjera en la industria energética (Hidrocarburos, geotérmica y electricidad). Las leyes secundarias de la reforma energética establece el marco legal para operar la inversión privada nacional y extranjera, a través de ella se otorgan a las empresas privadas nacionales y extranjeras amplísimas facilidades para invertir en la industria energética, y apropiarse de una parte de la riqueza derivada de los hidrocarburos, los recursos geotérmicos y la generación de energía eléctrica.

 

 

Las leyes secundarias de la reforma energética, se componen de nueves leyes nuevas y se reforma nueves leyes vigentes.

 

La nueves leyes nuevas son: 1) la ley de Petróleos Mexicanos, 2) la ley de la Comisión Federal de Electricidad, 3) la ley de Hidrocarburos, 4) la ley de Geotérmica, 5) la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 6) la ley de la Industria Eléctrica, 7) la ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 8) la ley de los Órganos Reguladores coordinados en Materia Energética, 9) la ley de la Agencia Nacional de Seguridad industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

 

Se reforman varias leyes para adecuarlas al nuevo marco legal de la industria energética: 1) la Ley de Inversión Extranjera, 2) la ley minera, 3) la ley de asociaciones público privadas, 4) la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5) la ley Federal de derechos, 6) la ley de Coordinación fiscal, 7) la ley de Aguas Nacionales, 8) la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 9) la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 10) la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas.

 

La ley de Petróleos Mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Transforman a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una nueva figura denominada “Empresa Productiva del Estado”, para que funcionen como una empresa privada, no se regirán por las leyes de la administración pública federal, sino por el derecho civil y mercantil. El Estado mantiene la propiedad de la empresa y delega totalmente su administración al Consejo de Administración. La ley de Petróleos Mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad, son muy similares en los aspectos fundamentales.

 

El Presidente de la República en turno, nombrará a los 10 integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, y nombrará a 9 de los 10 integrantes del Consejo de Administración de la CFE, el décimo será designado por el Sindicato.

 

Se otorgan amplísimas facultades a los Consejos de Administración de PEMEX y CFE, sin la intervención del Estado, destacan las siguientes:

 

1)Administración total de las actividades empresariales, económicas e industriales, incluyendo inversiones, la producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, etc.; 2) aprobar las adquisiciones; 3) Determina los precios de los bienes y servicios que produzcan o presten; 4) aprobar el monto máximo para las negociaciones del contrato colectivo del trabajo; 5) aprobar los sueldos de altos funcionarios y personal especializado; 6) Amplias facultades para el desmantelamiento, enajenación, afectación de garantía o el gravamen de las instalaciones; 7) Crear empresas productivas del estado, así como empresas privadas nacionales o extranjeras.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la proporción de los ingresos que PEMEX y CFE deberán entregar al Estado, el resto será reinvertido conforme lo decida el Consejo de Administración.

 

Se establecen criterios para limitar la responsabilidad del personal de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

 

Ley de hidrocarburos.

Establece que únicamente las actividades de exploración y extracción de petróleo son áreas estratégicas del Estado, dejan de ser áreas estratégicas el resto de las actividades (transformación, logística y derivados, es decir, refinación, petroquímica y transporte).

 

La exploración y explotación de petróleo, en principio se asigna a PEMEX o las empresas productivas del estado, sin embargo, PEMEX, previa autorización de la Secretaría de Energía, puede transferir esas actividades a empresas privadas. El resto de las actividades pueden ser asignadas a empresas privadas nacionales o extranjeras, a través de licitación pública o adjudicación directa.

Las empresas privadas con concesiones mineras, se les podrá adjudicar contratos para la exploración y extracción de gas natural.

 

Las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que el implique el aprovechamiento de la superficie o subsuelo de los terrenos. Prácticamente obliga a los dueños vender sus terrenos a las empresas públicas y privadas dedicadas a la exploración y extracción de petróleo. La ley prevé mecanismos de negociación para que las partes acuerden el valor del terreno. Si las partes no llegan a un acuerdo. La Secretaría de Energía podrá dar inicio a procedimiento de expropiación a favor de la empresa petrolera.

 

Ley de la industria eléctrica.

La ley establece que únicamente las actividades de planeación y el control del sistema eléctrico nacional tienen un carácter estratégico. Las empresas privadas podrán participar en el resto de las actividades: generación, transmisión, distribución y comercialización.

 

La ley clasifica a los usuarios en dos: 1) básicos, usuarios de tipo residencial y los pequeños y medianos usuarios de tipo comercial e industrial; 2) calificados, grandes consumidores de energía, o que actualmente se suministren bajo las modalidades de autoabastecimientos, cogeneración o importación.

 

La CFE suministrará el servicio eléctrico a los usuarios básicos, en tanto, los usuarios calificados podrán contratar el suministro de energía a las empresas públicas o privadas de su preferencia.

 

Ley de ingresos sobre hidrocarburos.

Establece los mecanismos para que las entidades públicas y las empresas privadas entreguen al Estado los ingresos derivados de la exploración y explotación de hidrocarburos. Las empresas privadas entregan los ingresos en los términos establecidos en los contratos suscritos con el Estado, y las entidades públicas lo hacen conforme a lo establecido por la ley (71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del Petróleo y Gas Natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en el artículo 40 de la ley).

 

La ley establece diversos tipos de contratos, en general, contemplan la combinación de algunos de los siguientes tipos de pagos, las cuales se determinan discrecionalmente para cada contrato:

1. Cuota Contractual para la Fase Exploratoria. Durante la fase exploratoria se cobra una renta por la superficie explorada, el costo de la renta se incrementa a partir del mes 61, se deja de pagar cuando inicia la fase productiva.

2. Regalías. Porcentaje de los ingresos brutos de la producción de hidrocarburo, se establece en función del precio del barril del petróleo, cuando el precio sea de 100 USD el porcentaje de regalía será de 10%.

3. Bono a la firma del contrato. Monto pagado en efectivo por el contratista al Estado, cuando se trate de la migración de una asignación.

4. Contraprestación consistente en la aplicación de una tasa, ya sea a la Utilidad

Operativa o al Valor Contractual de los Hidrocarburos. Se determinará cada periodo, resulta de un porcentaje (indicado en cada contrato) de la resta del valor de los hidrocarburos producidos, menos las regalías pagadas, menos los costos y gastos incurridos en el periodo, menos la deducción de las inversiones.

 

Otra variante en los contratos es la forma de pagar a la empresa privada: en efectivo o en especie.

 

Se establecen los porcentajes de deducción de impuestos a favor del contratista por las inversiones realizadas. Se establece un mecanismo denominado cerco fiscal para delimitar la rentabilidad de cada contrato, pretende evitar que la consolidación erosione la base impositiva.

 

Nueva Ley de Geotérmica.

Permite la inversión privada en el aprovechamiento de la energía geotérmica del subsuelo. Se otorgarán concesiones para la explotación por un periodo de 30 años y podrán ser prorrogados a juicio de la Secretaría de Energía.

 

Nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el objeto de recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados del petróleo e hidrocarburos, con excepción de los impuestos. Se constituye como fideicomiso público en el Banco de México, no será considerado entidad paraestatal, no le aplican las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal. El patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo formará parte de la Hacienda Pública Federal, y serán imprescriptibles e inembargables.

 

Nueva ley de los Órganos Reguladores coordinados en Materia Energética.

Crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con el objeto de regular y supervisar la exploración y la extracción de hidrocarburos. Incluyendo la promoción, licitación y suscripción de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

 

Crea la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con el objeto de regular y promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público, en su caso, de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo y bioenergéticos. Regulará la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.

 

El Consejo de Coordinación del Sector Energético coordinará a la Secretaría de Energía, la CNH y de la CRE.

 

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Crea la Agencia con el objeto de regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.

 

Reforma de la Ley de Inversión Extranjera.

Permite la inversión extranjera en petroquímica básica, la comercialización de gasolina, la distribución de gas licuado de petróleo, explotación de embarcaciones, cabotaje, navegación interior, tráfico de altura, suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.

 

Reforma a la Ley de Asociaciones Públicas Privadas.

Permite la asociación entre entidades públicas y empresas privadas, en particular en las actividades de refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y petrolíferos o la generación de energía eléctrica.

 

Impactos negativos para el pueblo trabajador provocados por la reforma energética:

 

A través de la reforma energética la riqueza petrolera quedará en manos de las principales trasnacionales petroleras: Exxon Mobil, PetroChina, Royal Dutch Shell, BP, Chevron, Gazprom, Total, Sinopec.China Petroleum, Petrobras y Rosneft, así como las empresas de servicios petroleros: Schlumberger, Halliburton, Transneft, National Oilwell Varco, Kinder Morgan, Enbridge,Baker Hughes, TransCanada, Transocean y Tenaris

 

Dependeremos de esas trasnacionales para generar la energía requerida por el país, habremos perdido la soberanía energética, un elemento estratégico y fundamental para el desarrollo de cualquier país, la sociedad moderna no puede existir sin energía. La pérdida de la soberanía energética vulnera severamente nuestra soberanía.

 

Impacto en derechos sociales.

La renta petrolera aporta el 40% del presupuesto de egresos de la federación, contribuye con el 40% del presupuesto para educación pública (desde kínder hasta universidad), presupuesto de Salud pública (IMSS, ISSSTE, Oportunidades, etc.), presupuesto para el desarrollo de Ciencia y Tecnología, presupuesto para comunicaciones y transportes, presupuesto para construcción de vivienda, salarios de empleados públicos (petroleros, electricistas, maestros, médicos, enfermeras, burócratas, etc.).

La reforma energética entrega a empresas privadas parte de la renta petrolera, con ello disminuye el presupuesto y se debilita a las instituciones públicas dedicadas a asegurar los derechos constitucionales a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno. La escasez o carencia de recursos presupuestales limitará en la práctica el ejercicio de los derechos sociales constitucionales.

 

La acción colectiva de las reformas estructurales lesionan severamente los derechos laborales y sociales conquistados en la Revolución Mexicana. En el ámbito de los derechos sociales y laborales estamos en camino de regresar a la situación existente en el siglo XIX.

 

Impacto en el presupuesto y hoyo fiscal.

La recaudación de impuestos es insuficiente para cubrir el hueco en las finanzas públicas que dejará la pérdida de la renta petrolera. La élite empresarial goza de privilegios fiscales que le permiten pagar un impuesto equivalente al 3% de sus utilidades, en tanto los trabajadores en promedio pagan impuestos equivalentes al 20% de sus ingresos. Este esquema de recaudación es inequitativo, considerando que los grandes empresarios corresponden al 0.13% de la población y poseen una fortuna que equivale a 43% de la riqueza total del país, en tanto el 70% de la población son trabajadores asalariados, 53.3 millones de personas viven en pobreza, el 61.2% de la población carece de pensiones y prestaciones, 59% de las personas laboral en la economía informal y existen 8 millones de desempleados.

 

Impacto en la soberanía nacional e independencia económica.

La privatización de la industria energética lesiona severamente la independencia económica del país, porque destruye la industria energética pública para facilitar la entrada de empresas trasnacionales, de esta manera somete el desarrollo económico del país a los intereses de las empresas trasnacionales. Previo a la reforma energética, el gobierno federal promovió la inversión privada en la industria energética:

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) México gastó en la compra de gasolina del extranjero un total de 110 mil millones de dólares, los especialistas estiman que con este monto bien se podría construir una refinería en el país, para ser más soberanos en términos energéticos. Sin embargo, no se construyó una nueva refinería, el gobierno federal prefirió vender petróleo barato y compró gasolina cara. Por ejemplo, en el año de 2007, Pemex le vendió a la empresa estadounidense Deer Park el barril de crudo a 20 dólares, 40 dólares por debajo de su precio verdadero, pero le compra a esa misma trasnacional el barril de gasolina a 74 dólares. Esto generó que en tres años México perdiera 51 mil millones de dólares, en la venta de petróleo barato y la compra de gasolina cara. A la par se desmantelan las refinerías propiedad de la nación.

Empresas privadas producen más del 50% de la energía eléctrica del país, la mayoría de esas empresas son trasnacionales, muchas de ellas españolas: IBEDROLA, UNIÓN FENOSA y GAS NATURA, solo para mencionar algunas. Mientras tanto se desmantelan las plantas de generación de electricidad propiedad de la nación.

No es la primera vez que el gobierno entrega nuestra soberanía e independencia económica a las trasnacionales:

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. 20 años después, México no produce los alimentos que consume: se importa el 67.9% del arroz que se consume; también se importa el 42.8% del trigo, 31.9% del maíz y 8.2% del frijol, según datos del INIFAP. En lo que concierne a las importaciones de ganado, se importa 40% de la leche que consumimos, 53% de la carne de aves, 68% de la carne de res y 78% de carne de cerdo, según los datos de IICA.

 

Impacto en el encarecimiento de productos energéticos.

Importamos más del 50% de la gasolina que consumimos, vendemos petróleo barato y compramos gasolina cara. Verdadera razón del encarecimiento de la gasolina.

Empresas privadas producen más del 50% de la electricidad. Verdadera causa del encarecimiento de la tarifa eléctrica.

La privatización de empresas paraestatales provoca el encarecimiento de los productos y servicios, y la concentración de la riqueza en un reducido número de personas:

En 1990 Carlos Salinas de Gortari privatizó la empresa paraestatal Teléfonos de México (TELMEX). Carlos Slim compró TELMEX, desde 2011 considerado el hombre más rico del mundo. Un estudio realizado en 2012 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), revela que la tarifa telefónica de TELMEX es la cuarta más cara del mundo.

En 1990 Carlos Salinas de Gortari privatizó los bancos. En septiembre de 2013 BBVA BANCOMER, BANAMEX y BANORTE concentran el 58% de la cartera de crédito. BBVA BANCOMER y BANAMEX pertenecen a extranjeros, el primeo es español y el segundo estadounidense. En 2012, BBVA BANCOMER aportó el 30% de las utilidades del consorcio trasnacionales, por su parte BANAMEX aportó el 11% a la trasnacionales. El periódico El Universal realizó un sondeo acerca de los servicios bancarios en México, el sondeo revela que la mayoría de la población consideran los servicios caros y malos. En 2012 los bancos obtuvieron una ganancia de 104,000 millones de pesos.

 

Impacto laboral.

El objetivo medular de la “modernización” de la industria energética es la desaparición del sindicato y la eliminación de derechos laborales plasmadas en la Constitución, las leyes y los Contratos Colectivos de Trabajo, en síntesis la precarización del trabajo. Algunos ejemplos recientes:

En abril de 2013, Mario Beauregard, Director de Finanzas de PEMEX, aseguró que se le propondría al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ajustar el sistema de las pensiones.

El 12 de septiembre PEMEX entregó las instalaciones de “Pajaritos” a la empresa MEXICHEM. A partir de esa fecha no existe certidumbre laboral para los trabajadores de PEMEX.

El 12 de Diciembre del 2013, la Subdirección de Producción de la Región Norte de Petróleos Mexicanos PEMEX ha girado la instrucción a todas las áreas dependientes de eliminar a todo el personal subcontratado bajo la figura del outsourcing, debido al “escenario presupuestal en 2014”.

 

Impacto político.

La reforma energética fue aprobada con gran celeridad y sin discusión por Senadores, Diputados y Congresos Estatales. Senadores y Diputados del PRI, PAN, PANAL y Verde aprobaron por consigna la reforma energética. Una forma autoritaria de imponer la voluntad del Presidente en turno. Establece el precedente de la restauración del Estado autoritario priista.

 

Conclusión

A través de la reforma energética habremos perdido los bienes nacionales, que en el siglo XX el pueblo trabajador recuperó del dominio de las empresas trasnacionales.

 

Este despojo se pudo llevar a cabo porque las y los trabajadores asalariados estamos divididos, aislados y desorganizados. Las empresas trasnacionales impusieron sus intereses con gran facilidad.

 

Las cosas no deben permanecer como están, es necesario anular la privatización fraudulenta de empresas paraestatales sin indemnización, emprender una nueva batalla como la de los valerosos obreros petroleros de la década de los 30s para renacionalizar nuestra industria energética. Fueron los trabajadores petroleros quienes consumaron con las huelgas obreras de 1937 y 1938, la expropiación del petróleo.

Así como ayer, hoy es fundamental la unidad organizada del pueblo trabajador, para luchar contra las reformas estructurales y por la defensa de la soberanía popular.

 

En lo inmediato convocamos a todo el pueblo trabajador el 26 de septiembre de 2015, a las 5 de la tarde, en el monumento a Lázaro Cárdenas para marchar por nuestros derechos y dignidad, y denunciar todos los atropellos e injurias cometidas por las trasnacionales y el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

Es necesario protestar, pero no es suficiente.

 

Recuperar la soberanía energética, alimentaria, y en una palabra, el país, requiere de la organización del pueblo trabajador, por ello convocamos al pueblo trabajador y a sus organizaciones a conformar una gran alianza, que defienda sus legítimos derechos. El pueblo trabajador lo constituimos el 95% de la población. Somos mayoría, hagamosla valer.


[1] BPI 83º Informe Anual 2012/13. III Eliminar los obstáculos del crecimiento. http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2013_es.htm